Aunque el memorando de entendimiento para la instalación de la CICIH no establece la necesidad de que el Congreso Nacional delegue un representante en las negociaciones entre la ONU y el Gobierno, analistas consultados por Criterio.hn consideran que sería una estrategia para alcanzar consensos en la aprobación y derogación de leyes que garanticen el funcionamiento del eventual mecanismo

Tegucigalpa, Honduras.- El domingo, el Gobierno anunció a las personas que lo representarán dentro de la comisión que negociará, junto a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el borrador del convenio de un eventual mecanismo de combate a la corrupción y la impunidad (CICIH).

Dentro de las personas nombradas figuran el canciller Enrique Reina y el procurador general Manuel Díaz Galeas, y la exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y la exsecretaria de Trabajo, Mayra Mejía.

La consolidación de esta comisión llega después de que la ONU recibiera la primera propuesta de convenio entregada por la presidenta Xiomara Castro al secretario general António Guterres, durante la 78ª Asamblea General, y también del mandato que entregó el 19 de diciembre de 2023 la Asamblea General a Guterres para apoyar la iniciativa del Gobierno hondureño para instalar un mecanismo anticorrupción.

Aunque el memorando de entendimiento entre el Gobierno hondureño y la ONU no indica tácitamente que deba nombrarse a un representante del Poder Legislativo dentro del equipo de negociación, sí indica que deben implementarse reformas legales, constitucionales o administrativas.

Dentro de estas reformas figura la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, presentada desde noviembre de 2022 ante el Congreso Nacional con 30 artículos, y que establece un marco legal para desarticular organizaciones criminales. Este instrumento premial concede beneficios a los colaboradores eficaces, individuos con información para investigaciones.

A cambio de testimonios veraces, estas personas pueden obtener reducciones de penas o libertades condicionales. La ley busca no solo desmantelar, sino también prevenir futuros delitos mediante la eficaz persecución penal, según el dictamen.

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De igual forma, se contempla la derogación del decreto 117-2019, que reforma el artículo 10, literal A, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y establece que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones y conductas derivadas de sus funciones como legisladores.

Asimismo, la derogación del artículo 4, literal A, del decreto 4-2022, que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, que absuelve a presos y perseguidos políticos durante y después del golpe de Estado de 2009, pero que también abarca delitos contra la administración pública como abuso de autoridad, violación de deberes, malversación de fondos y fraude.

¿CONGRESO Y SOCIEDAD CIVIL DEBEN SER PARTE DE LAS NEGOCIACIONES?

A consideración de analistas consultados por Criterio.hn, todo lo anterior es motivo suficiente para que el Congreso Nacional, al ser quien aprueba, reforma o deroga leyes, sea parte del proceso de negociación del convenio entre el Gobierno y la ONU para instalar un mecanismo anticorrupción.

El exdiputado Aníbal Cálix, miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, dijo a este medio digital que haber incluido a un representante del Congreso Nacional habría sido más estratégico.

“Primero, por el conocimiento de la materia y todas las reformas que deben pasar por el Congreso, y más importante aún, porque el convenio debe ratificarse por los diputados. Que el Congreso sea parte de la negociación podrá facilitar la aprobación del convenio”, manifestó Cálix.

Por su lado, la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, expresó a Criterio.hnque “no estaría de más” y que “perfectamente el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH podría servir como un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Sin embargo, declaró que también será importante que el Gobierno abra espacios a las organizaciones de sociedad civil.

“La CICIH es una conquista ciudadana y los sectores que hemos liderado esta lucha también debemos ser llamados a proveer nuestras visiones”, comentó Blen.

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Carlos Umaña, dijo que no es necesario que exista un representante del Congreso Nacional dentro de la fase de negociación, pero que sí es importante que el Ejecutivo les notifique acerca de las leyes que deben derogarse, aprobarse o reformarse.

“Se le pidió al Gobierno el avance de las leyes que se deben derogar o reformar. Son como nueve o diez leyes. El Gobierno sabe cuáles son las leyes que hay que derogar”, señaló Umaña en conversación con Criterio.hn.

CONGRESO DEBE ALLANAR EL CAMINO

Como se indicó al inicio, el Congreso Nacional tiene dentro de sus obligaciones establecer los requisitos jurídicos mínimos que garanticen el correcto funcionamiento de un eventual mecanismo contra la corrupción y la impunidad.

Según afirmó el diputado Umaña a este medio digital, el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH trabaja en los cabildeos con el resto de bancadas y ya tienen consensos para aprobar y derogar algunas leyes.

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“Nosotros como Frente Parlamentario hemos cabildeado con las diferentes bancadas y tenemos los votos para la ley de colaboración eficaz y para derogar el 117-2019. Para eso, tenemos 65 votos, pero necesitamos que sea agendado”, cerró Umaña.

Este lunes, tras varios meses de desacuerdos, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que llegaron a un acuerdo político para establecer una agenda política común que, en primera instancia, buscará los 65 votos para aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal y elegir en propiedad a la Junta Directiva que fungirá durante las próximas dos legislaturas.

Con lo anterior, los analistas consultados por Criterio.hn mostraron optimismo en que finalmente se materialicen acciones como la derogación del decreto 117-2019 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, requeridas para facilitar el trabajo de un mecanismo anticorrupción.

Durante 2023, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, que vinculaba al Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y el 57-2020, que limitaba a los fiscales su capacidad para asegurar pruebas de inmediato.

También se eliminó el decreto 93-2021, que modificaba el Código Penal respecto al lavado de activos y eximía a las entidades financieras de revelar información sin autorización judicial.