A pesar de las denuncias internacionales, Honduras mantiene una prohibición absoluta del aborto —incluso en situaciones de violación, incesto y riesgo vital—, lo que expone a las mujeres a la persecución judicial, penas de prisión y graves consecuencias en su salud y derechos humanos, mientras la impunidad predomina en casos de violencia sexual y feminicidio
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, la situación en torno al aborto es particularmente compleja: el país mantiene una prohibición absoluta que penaliza a las mujeres incluso en casos de violación, incesto, riesgos para la vida o embarazos inviables, lo que ha generado un escenario de criminalización, desigualdad y graves consecuencias para la salud pública.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Andrea Paz, integrante del Foro de Mujeres por la Vida, denunció la doble moral de la sociedad y la criminalización que enfrentan las mujeres en Honduras al no contar con ninguna causal legal para interrumpir un embarazo, aun en situaciones extremas.
Desde 2021, el Congreso Nacional blindó en la Constitución la prohibición absoluta del aborto, una medida que impide cualquier avance en materia de derechos reproductivos y mantiene a Honduras como uno de los pocos países del mundo donde se criminaliza.
Esta decisión ha sido señalada por organizaciones feministas y de derechos humanos como una forma de violencia institucional que obliga a miles de hondureñas a enfrentar embarazos forzados o a someterse a abortos clandestinos inseguros.
De interés:
LEY SEVERA
Honduras ha sido denunciada en reiteradas ocasiones a nivel internacional por la prohibición absoluta del aborto, siendo el caso emblemático de Fausia uno de los más señalados por organismos de derechos humanos.
El caso de Fausia se ha convertido en un emblema de las graves consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto en Honduras. Fausia, una mujer indígena del pueblo Nahua y defensora de derechos humanos, fue violentada y violada en 2015 como represalia por su labor en defensa del territorio.
A raíz de la agresión quedó embarazada, pero, como en el país está prohibido el aborto incluso en casos de violación, no pudo acceder ni a la interrupción voluntaria del embarazo ni a la anticoncepción de emergencia, que también estaba vetada en ese momento.
Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, advirtió que Honduras incumple de manera sistemática sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, al negar a las mujeres y niñas el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva como la educación sexual integral, la anticoncepción, la píldora de emergencia y, sobre todo, la interrupción voluntaria del embarazo.
Martínez señaló que es urgente que se elimine el delito de aborto de los códigos penales. “Cuando hablamos de abortos, no solo hablamos de los derechos de las mujeres sino de un asunto de salud pública”, remarcó
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La penalización absoluta del aborto se refleja no solo en la legislación, sino también en la persecución judicial: entre 2023 y septiembre de 2024, al menos ocho mujeres fueron imputadas por el delito de aborto, de las cuales cuatro recibieron condena, según registros del Centro de Derechos de Mujeres.
Las penas van de tres a seis años de prisión para quienes lo consienten o lo producen, y la tipificación puede llegar hasta el delito de parricidio en casos considerados graves.
Ante el panorama de criminalización, Andrea Paz señaló que, mientras en los casos de aborto el sistema de justicia se activa de manera inmediata —con la participación del Ministerio Público, la policía y medicina forense—, en los casos de feminicidios, violencia doméstica o delitos sexuales la respuesta institucional es prácticamente inexistente.
“Más de 300 mujeres son asesinadas cada año, se registran más de dos mil situaciones de violación sexual y más de 20 mil denuncias de violencia doméstica, pero en esos casos la justicia no avanza. En cambio, cuando se presenta un aborto, la persecución es rápida y contundente”, cuestionó la representante del Foro.
Esta criminalización profunda contrasta con la impunidad que suele rodear a los responsables de embarazos forzados o violencia sexual, evidenciando un sistema judicial que castiga a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y perpetúa la desprotección y el estigma.
La situación en Honduras es compleja en materia de salud y derechos reproductivos, al encabezar América Latina con una tasa récord de embarazo adolescente: 97 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años.
A esto se suman miles de denuncias por violencia sexual y situaciones de extrema vulnerabilidad para niñas y adolescentes, mientras la impunidad predomina en la mayoría de estos casos.
Un comentario
Este artículo refleja totalmente la imposición de una ideología que no corresponde a la sociedad hondureña, no es compatible con ella, pero lo peor: NO es compatible con la normativa internacional de derechos humanos. De acuerdo con el artículo 4 de la CADH, la vida se protege desde la concepción. La Declaración de los Derechos del Niños y la Convención así lo ratifican, pues la protección internacional de los niños empieza desde antes del nacimiento, lo que nos indica que los niños por nacer son sujetos protegidos por el derecho internacional.
Con respecto a la criminalización (como casi todo el artículo) no son más que cifras sensacionalistas. El año pasado ocurrieron más de 2 000 homicidios, de los cuales las investigaciones siguen abiertas. Es verdad que el contexto de impunidad llevará a que cierto porcentaje de esos casos llegue a ser judicializado, pero en definitiva habrá muchas más condenas por esos homicidios que por el delito de aborto debido a que las denuncias son más. La criminalización de la que hablan es apenas existente si se la compara con el resto de delitos. Me encantaría que expusieran también cuántos hombres fueron condenados por aborto, ya que es un hecho probado que los hombres delinquen más este ilícito (pero a nadie le importa que un hombre provoque un aborto, parece).
En cuanto a los embarazos adolescentes, bien es cierto que es fenómeno común, pero ¿por qué no proponer políticas para combatirlo? ¿Educación sexual de calidad que promueva el uso de anticonceptivos, tal vez? ¿Qué es esta necesidad por regresar a la mujer al lugar donde fue violada luego de un aborto? Además, a mí me preocuparía más el contexto en el que se produjo el embarazo adolescente más que un aborto (de nuevo, enviamos a las chicas de regreso con sus abusadores). Si realmente nos preocupa la violencia sexual, apoyemos la judicialización y exijamos al órgano investigador una investigación pronta, diligente y efectiva. No pretendamos condenar a un niño inocente por el mal de su padre. Un bien no se hace con la suma de dos males.
En cuanto a las denuncias de violencia doméstica, queda claro que ni la persona que escribió este post ni la que fue consultada han litigado en esa materia. Las violaciones la debido proceso por denuncias falsas son la regla. El juez no se atreve a cuestionar la palabra de la mujer en estos procesos (lo que pone en clara desventaja a la otra parte).
En fin, podría continuar, pero creo que ya fue suficiente. El feminismo hace malos diagnóstico de la realidad y en consecuencia, receta remedios equivocados. Si nos interesan las mujeres, concentrémonos en acabar esas circunstancias que las lleven a la terrible decisión de acabar con sus hijos. No pretendemos parchar la realidad de las mujeres con «soluciones» inmediatas que van las afectarán de por vida.