Tegucigalpa.- El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua no solo resalta por los actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, también se convirtió en protector de exfuncionarios corruptos que huyen de países de la región centroamericana para evitar enfrentar la justicia.
Ortega de 76 años junto a su esposa Rosario Murillo, instauraron una dictadura con cinco mandatos en el poder, el cuarto de manera consecutiva desde 2007. Se mantiene en la presidencia por 15 años y seguirá al menos por cinco años más al imponerse de manera arbitraria y coercitiva en las elecciones de noviembre de 2021.
Con el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se volvieron aliados pese que Ortega representa la izquierda corrupta alejada de la izquierda progresista que gana terreno en América Latina y “JOH”, como popularmente se le conoce a Hernández, parte de la derecha conservadora.
Ambos tenían una red de negocios, según una investigación de Infobae, que se encubrió con acuerdos políticos bilaterales y el reconocimiento del régimen Hernández al régimen de Ortega que permitió fortalecer alianzas más que políticas que hoy benefician a exfuncionarios del gobierno de JOH.
JOH, al concluir su ilegal segundo periodo presidencial, buscó refugiarse en Nicaragua debido que Estados Unidos anunciaba sus acciones para solicitarlo en extradición por utilizar el poder para su narcoactividad, según lo denunció en su momento el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell.
He tenido acceso a información que confirma que .@JuanOrlandoH se encuentra en Nicaragua y goza de la nacionalidad de dicho país. Habrá que tomar cartas en el asunto llegado el momento. #NoMásImpunidad
— J. Eduardo Martell (@MartellPLH) February 13, 2022
Hernández no pudo consumar su huida a Nicaragua en busca de refugio, fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta un juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusado de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Las declaraciones de Martell fueron tomadas como una especulación, sin embargo, se consumaron luego que el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, mano derecha de Hernández, considerado su “amigo” y el exsecretario privado de Hernández, extitular de la fenecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Ricardo Cardona, fueran nacionalizados nicaragüenses huyendo de Honduras donde tienen varias investigaciones en su contra.
Para Kenneth Madrid, coordinador de justicia y seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la nacionalización nicaragüense de exfuncionarios del gobierno de Hernández solo refleja la política de Ortega en proteger a sus aliados en corrupción.
“Ese vínculo con JOH permitió que esos funcionarios obtuvieran esa nacionalidad nicaragüense, pero Nicaragua es una muestra de una política exterior que llama y dice: -vengan, aquí estamos nosotros para proteger a mis amigos. Lo hace porque no tiene compromisos con la nación del norte (Estados Unidos) y geopolíticamente, en la región, Nicaragua sigue teniendo mucho peso por estar en Centroamérica”, considera.
Por su parte, la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos lamenta que Nicaragua se convierte en un refugio de corruptos que impide combatir el flagelo en la región.
“Un país que no está permitida la extradición, es la motivación que vemos en exfuncionarios del gobierno anterior para que la justicia no los alcance. Es evidente que el gobierno de Nicaragua está jugando un papel para que no se combata la corrupción en la región”, cuestionó.
Además, señala que el régimen de Ortega tiene una “nueva modalidad” de proteger corruptos pese a que no existan simpatías ideológicas “lo único que los une, son los casos en que se les implica en serias acusaciones”.
“La gran corrupción comprobada, deja ese mal sabor que un país se esté prestando para que corruptos no sean perseguidos por situaciones”, reprochó.
Por su parte, el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno, considera que el gobierno de Honduras debe proceder a lograr que el gobierno de Nicaragua contribuya a la entrega de los exfuncionarios que están huyendo.
“Gobierno hondureño debe expresar oficialmente su posición pública en relación con los exfuncionarios que se han acogido a nacionalidad nicaragüense, y el proceso para lograr que gobierno Nica contribuya a la entrega a Honduras de esta gente acusada de corrupción”, exigió.
Cabe señalar que en Nicaragua no existe la extradición por lo que solicitar una repatriación sería imposible debido que considerados ciudadanos nicaragüenses, la única posibilidad es que los capturen fuera de Nicaragua.
Nicaragua se convirtió en un refugio para líderes políticos y narcotraficantes, permitiéndoles inmunidad y no ser perseguidos por sus actos delictivos, tal es el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, acusado por la fiscalía salvadoreña de corrupción y malversación de fondos públicos.
En el 2016, Ortega le otorgó asilo junto a su familia y posteriormente le brindó la nacionalidad nicaragüense y lo nombró asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera lo hizo con el sucesor de Funes, el expresidente Salvador Sánchez Cerén a quien se le libró orden de captura por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sin embargo, buscó refugio en Nicaragua y se le otorgó la nacionalidad.
