Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La cúpula del oficialista Partido Nacional amenaza con sacar a sus activistas de barrios y colonias para contrarrestar las movilizaciones contra la reelección presidencial que realice la oposición política y aseguran que ellos tienen mayor poder de convocatoria que el de sus adversarios.
“Podrán volver a las calles, pero si ellos ponen uno, nosotros pondremos diez, si ellos ponen diez nosotros pondremos cien, si ellos ponen mil, nosotros tendremos diez mil, si ellos ponen diez mil nosotros saldremos con un millón de hondureños a las calles a defender el derecho de elegir libremente quienes deben gobernar, así que, midámonos cuando quieran en la cancha que quieran”, manifestó el designado presidencial, Ricardo Álvarez.
Álvarez se ha unido a la candidatura por la reelección del presidente Hernández, pese a que en el 2012 lo denunció de haberle montado un fraude durante la contiende interna del Partido Nacional. Meses después se llamó al silencio y posteriormente anunció que lo acompañaría en la fórmula de designado.
Pese a que el tema de la reelección implica la institucionalidad y la defensa del Estado del Derecho, porque es ilegal, los nacionalistas están llevando la lucha al escenario proselitista.
En los últimos siete años, el Partido Nacional ha sido cuestionado por la sociedad hondureña ya que para cada movilización o concentración política recurren al pago de 50 lempiras, el equivalente a dos dólares, por cada persona que logran movilizar.
En las redes sociales se ha popularizado el mate despectivo de “cincuentapeseros” a aquellas personas que cobran los 50 lempiras para asistir a las actividades del partido de gobierno.
El pago de canonjías se popularizó también durante el gobierno del derrocado presidente, Manuel Zelaya Rosales, cuando buscaba el apoyo para el proyecto de la “Cuarta Urna”.
La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial, pero Hernández y la cúpula del Partido Nacional, sustentan su legalidad en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la inaplicabilidad de los artículos 239 y 245 de la Constitución.
Los nacionalistas alegan el respeto al derecho de elegir y ser electo, cuando el actual mandatario ya fue electo para un período de cuatro años que culmina el 27 de enero de 2018.
