La vigencia del decreto 116-2019 ocasionó que se otorgaran cartas de libertad a cinco diputados y exdiputados acusados y procesados por malversación de caudales públicos
Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, la Corte Suprema de Justicia ha favorecido a la impunidad en Honduras. El 14 de noviembre de 2022, cinco diputados y exdiputados del Partido Nacional, procesados por malversación de caudales públicos en el conocido Caso Arca Abierta, recibieron cartas de libertad “en vista que la causa criminal no puede seguirse”.
Se trata de la actual diputada Gladis Aurora López, quien además fue vicepresidenta del Congreso de la República entre 2014 y 2022, y de los exlegisladores Welsy Vásquez, Milton Puerto, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez.
Todas estas personas, el 11 diciembre de 2018, habían sido acusadas por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, pero, tras la declaración de la Corte de Apelaciones designada, se ordenó al juez magistrado, Reinaldo Hernández, que procediera a revocar las medidas cautelares.
Previamente, a otros imputados en este caso, entre ellos los exdiputados del Partido Nacional, Óscar Álvarez y Juan Carlos Valenzuela, así como a la exlegisladora de Libertad y Refundación (Libre), Audelia Rodríguez, se les había favorecido con sobreseimientos provisionales.
La condenable determinación de la Corte de Apelaciones, integrada por los magistrados del Supremo hondureño, Wilfredo Méndez Romero, Miguel Arturo Pineda Valle y Rafael Bustillo (busca reelegirse), responde a una declaración “ha lugar” a un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados. La resolución de este tribunal tiene un “efecto extensivo por concurrencia de falta de acción”, indicó el Poder Judicial.
Sin embargo, oculta detrás de esta acción se encuentra la vigencia del nocivo decreto 116-2019, porque, para otorgar las cartas de libertad contra las personas procesadas, la Corte de Apelaciones también declaró “concurrencia del principio de prejudicialidad a fin de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emita resolución definitiva de auditoría e investigación especial”.
¿QUÉ ES EL CASO ARCA ABIERTA?
El 11 de diciembre de 2018, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) presentaron el Caso Arca Abierta. En esa ocasión, el Ministerio Público libró requerimientos fiscales contra 22 personas, entre ellos varios diputados y exdiputados del Congreso de la República, por delitos de malversación de caudales públicos y fraude.
Según la investigación que efectuó la Fiscalía, los señalados solicitaron L16,000,000.00 a la Secretaría de Finanzas, L3,000,000.00 al Congreso de la República y L2,000,000.00 a Casa Presidencial. El total de L21,000,000.00, depositado a la cuenta número 60000000719093 del Banco Promerica, habría servido para financiar proyectos sociales a través de la oenegé fantasma Asociación Planeta Verde.
Le recomendamos: Nadie va a la cárcel por el Arca Abierta
Sin embargo, desde la cuenta bancaria de la Asociación Planeta Verde, 21 cheques (por L4,461,060.00 en total) llegaron a manos de 10 diputados y exdiputados, siete cheques (por L784,540,000) fueron depositados a cuentas personales, y otros 31 cheques (por L5,945,960.00) fueron canjeados en efectivo por personas naturales.
Asimismo, 21 cheques (por L2,900,785.00) fueron destinados a cuatro empleados de la oenegé, mientras que otros cinco cheques (por L517,658,010.00) terminaron en manos de cinco personas jurídicas.
LA PRÁCTICA CORRUPTA CON LOS FONDOS DEPARTAMENTALES
Aunque la Constitución de la República establece que las diputadas y los diputados tienen la tarea de formular, discutir y aprobar leyes, desde 2006, con la creación de los Fondos Departamentales, las funciones de los legisladores han sufrido una profunda degradación: se les permite administrar fondos públicos y ejecutar proyectos sociales. En el actual Congreso, controlado por Libertad y Refundación (Libre), está toda la voluntad a preservar estas prácticas que únicamente fomentan el proselitismo anticipado y la corrupción.
Al igual que ocurrió con Caso Pandora y Caso Red de Diputados, también develados por la UFECIC y la OEA-Maccih, en el Caso Caja Abierta los fondos finalmente fueron desviados a cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, quienes pudieron haberlos utilizados para el financiamiento de campañas políticas o favores personales.
Con relación al Caso Red de Diputados, presentado el 11 de diciembre de 2017, se expuso que cinco diputados utilizaron 8.3 millones de lempiras procedentes del Congreso de la República y los destinaron a la oenegé Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), sin determinarse cuál había sido el paradero de esos fondos.
El caso, que involucró a cuatro legisladores de Libertad y Refundación (Libre) y a uno de Democracia Cristiana (DC), se encuentra activo.
La práctica ha sido una constante entre los diputados hondureños. El 1 de septiembre de 2022, la jueza magistrada, Reina Hércules, dictó sobreseimiento definitivo para cinco diputados y exdiputados del Partido Nacional, entre ellos Alberto Chedrani y Oswaldo Ramos Soto, quienes crearon dos oenegés y drenaron cerca de 19 millones de lempiras. Sin embargo, la aplicación del decreto 116-2019, impidió que estos legisladores fueran enviados a prisión.
El decreto 116-2019, justamente, blindó a los diputados y a las diputadas, permitiendo que el rastreo de los fondos, en las investigaciones del Ministerio Público, fuera más complejo, específicamente, porque se debe esperar a una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para determinar si existe un indicio de responsabilidad penal.
LEA: Magistrados que dejaron libres a implicados en Caso Pandora quieren seguir en la CSJ
El 4 de agosto de 2020, aun cuando el Ministerio Público había presentado los suficientes indicios de culpabilidad en su requerimiento fiscal, una Corte de Apelaciones integrada por los jueces magistrados Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza, ordenó sobreseimientos para los 22 implicados en el Caso Pandora.
El citado caso, una operación de corrupción a gran escala dirigida por la fallecida Hilda Hernández (hermana del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos), representó la malversación de unos 282 millones de lempiras sustraídos desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
En la operación se vieron involucrados varios exfuncionarios y exdiputados, entre ellos el expresidenciable por el Partido Liberal, Elvin Santos, los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el narcotraficante confeso y exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara.
¿VENDRÁ LA CICIH CON ESTA ESTRUCTURA CORRUPTA?
La derogación del decreto 116-2019, considerado un pacto de impunidad a la medida de diputados corruptos, se ha convertido en un clamor ciudadano desde que el Partido Nacional perdió el control del Congreso de la República, tras su derrota en las elecciones legislativas del 28 de noviembre de 2022.
No obstante, durante la actual legislatura, aun con la insistencia de distintos sectores de la sociedad civil, eliminar dicha ley se ha convertido en una tarea complicada, sobre todo, porque se requiere de 86 votos y porque no existe la voluntad política.
Dentro del borrador del memorando de entendimiento entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, se acuerda la necesidad de retirar del marco normativo el decreto 116-2019.
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados del Congreso de la República elegirán el nuevo pleno de 15 magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones se ejercerán entre 2023 y 2030. Sin embargo, seis magistrados de la actual Corte están en carrera por reelegirse, mientras que otros profesionales del derecho, según análisis de Criterio.hn, sostienen fuertes vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
