Ocho meses después de la filtración de destapara un supuesto esquema de corrupción, el caso Chequesol entró formalmente en la vía judicial con la comparecencia del exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y varios exfuncionarios ante la Corte Suprema de Justicia.
Tegucigalpa, Honduras. – Un juez dictó la medida de arresto domiciliario contra el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, acusado de 67 delitos de fraude, según lo informado durante la audiencia celebrada este martes 3 de febrero.
Ademas, se programó la audiencia inicial para el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 de la mañana, en la que se continuará con el proceso judicial en su contra.
Asimismo, se confirmó la existencia de siete órdenes de captura vigentes contra igual número de personas vinculadas al caso, entre ellas la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) Isis Carolina Cuéllar Erazo, por la supuesta comisión del delito de fraude en el uso de recursos del Fondo de Administración Solidaria.
El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y cuatro personas más comparecieron este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enfrentar la audiencia de declaración de imputado, en el marco del caso denominado Chequesol, relacionado con un supuesto desvío de fondos públicos destinados a ayudas sociales.
Los primeros cuatro detenidos por este caso se presentaron la mañana del 3 de febrero de 2026 ante el Poder Judicial. Algunos de ellos fueron aprehendidos desde la noche del lunes 2 de febrero en Tegucigalpa, capital hondureña, y permanecieron bajo custodia en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Horas más tarde el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, se presentó de manera voluntaria a las instalaciones del Poder Judicial para la audiencia de declaración de imputados.
En horas de la tarde-noche del 2 de febrero de 2026 –casi ocho meses después del escándalo por la filtración de un video que reveló la supuesta trama de corrupción— el Ministerio Público emitió requerimiento fiscal y órdenes de captura contra la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar; el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y al menos diez exfuncionarios de la administración anterior, por su presunta participación en un esquema de fraude vinculado al Fondo de Administración Solidaria.
Además de Cardona y Cuéllar, los otros imputados son: Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Eleny Kasandra Galeas Arias, Ilsi Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la fiscalía atribuye a los imputados el delito de fraude por un monto que supera los seis millones de lempiras, recursos que formaban parte del Fondo de Administración Solidaria y que estaban destinados a programas sociales en el departamento de Copán.
El fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó que equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y de la ATIC identificaron la existencia de un mecanismo de corrupción mediante el cual se desviaron fondos destinados a ayudas sociales.
Durante una breve conferencia de prensa, brindada el 2 de febrero, Zelaya sostuvo que los recursos gestionados a través de dicho fondo fueron utilizados para fines distintos a los establecidos, provocando un perjuicio económico al Estado y traicionando la confianza de la población en condición de vulnerabilidad.
El requerimiento fiscal detalla que la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, valiéndose de su condición de congresista, habría iniciado actos preparatorios del delito de fraude al gestionar un presupuesto millonario que fue ejecutado en contubernio con el entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo.
Según la acusación, Cuéllar presentó el 25 de mayo de 2023 ante la Secretaría del Congreso Nacional una gestión identificada con el número PCN-PE-001, por un monto de 6.5 millones de lempiras, proponiendo a la Secretaría de Desarrollo Social como ejecutora de los fondos, bajo el argumento de que serían utilizados para proyectos de utilidad pública y desarrollo social en Copán.
La solicitud hacía referencia a la asignación presupuestaria contenida en el artículo 292 del Decreto Legislativo 157-2022, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023.
Lea: Conoce los montos y los 80 diputados que gestionaron ayudas a través de Sedesol (2024-2025)
CARDONA SE DECLARA INOCENTE Y SEÑALA A EXFUNCIONARIOS DE GOBERNACIÓN Y SIT
José Carlos Cardona, extitular de Sedesol, se presentó de manera voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras conocerse el requerimiento fiscal en su contra. A su llegada, aseguró a los medios de comunicación que no teme al proceso judicial, al sostener que es inocente.
“El delito se planificó, se fraguó y se ejecutó en el departamento de Copán a nuestras espaldas”, afirmó el exfuncionario, quien aseguró que no se le permitió ejercer su derecho a defensa durante la investigación realizada por el Ministerio Público.
Asimismo, señaló que prácticas similares a las investigadas en Sedesol se habrían realizado en las secretarías de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y de Infraestructura y Transporte (SIT).
De manera inmediata el extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio Pineda, negó las acusaciones en su contra.
“Durante mi gestión en FHIS (2022-2023) y en SIT (2024-2026), no ejecutamos fondos con los diputados del congreso nacional”, escribió en su cuenta de X –antes Twitter— el exfuncionario.
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VIDEO FILTRADO DESTAPÓ PRESUNTO USO POLÍTICO DE FONDOS PÚBLICOS
Todo comenzó el lunes 23 de junio con la filtración de un video difundido en redes sociales, en el que se observa a la diputada Isis Cuéllar conversando por teléfono con José Carlos Cardona sobre el uso de recursos del Fondo de Administración Solidaria para la compra de equipos de sonido, carpas y sillas destinadas a estructuras del partido Libre en Copán.
En el video la diputada reconoce la entrega de kits de sublimación, sillas, carpas y equipos de sonido valorados en 125 mil lempiras cada uno a 15 estructuras partidarias, así como la emisión de cheques por 100 mil lempiras para personas de confianza del partido. Cardona admite que ese habría sido el acuerdo.
Las ayudas tramitadas por Sedesol se amparan en el artículo 349 del Presupuesto General de 2025, que autoriza asignaciones de hasta 950 millones de lempiras para infraestructura menor y obras sociales, a petición de comunidades y organizaciones, a través de diversas instituciones del Estado.
Además de las ayudas en especie, detalló que se había acordado emitir cheques por 100 mil lempiras cada uno, para entregarlos a la gente de confianza de su partido. Ante esta confesión, Cardona admitió que ese había sido el trato.
“Y te acordás que yo te dije: voy a hacer cheques de 100,000 lempiras, que lo va a cambiar gente de mi confianza y los entregamos al Partido [Libre]”, fue lo manifestado por la diputada Cuellar.
Las ayudas tramitadas por la Sedesol, están contempladas en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros
En dicha disposición se incluyen, además, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
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INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN MANEJO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA
El manejo del Fondo de Administración Solidaria, utilizado por las y los diputados del Congreso Nacional (2022-2026) para gestionar obras de infraestructura menor y ayudas sociales ha sido cuestionado por serias inconsistencias, vacíos de información y versiones contradictorias entre instituciones del Estado.
En febrero de 2025, Criterio.hn solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el detalle de los proyectos gestionados por diputadas y diputados, incluyendo obras menores, becas y ayudas sociales. La respuesta oficial se limitó a datos de la ejecución de 2024 y de los dos primeros meses de 2025, e incluyó los nombres de 80 congresistas —entre propietarios y suplentes—, en su mayoría pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre), que en ese momento ostentaba el poder .
En el listado aparecen también los diputados Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana y los liberales, Mario Segura y José Rosario Tejeda [presidente alterno del Congreso] y la diputada suplente Lourdes Maribel Mejía del Partido Salvador de Honduras (PSH) [presidenta alterna del Congreso].
Los diputados de Libre, fueron los que más sacaron provecho de estos fondos. Por ejemplo: entre 2024 y los dos primeros meses de 2025 (enero y febrero), el congresista e integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Rasel Tomé, gestionó 18 millones de lempiras por concepto de becas estudiantiles, mientras su también compañero de bancada, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y candidato a diputado más votado en Francisco Morazán por Libre, durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, solicitó a la Sedesol 12,980,000 lempiras para 2,596 becas estudiantiles.
Mientras que Isis Carolina Cuéllar, en ese entonces vicepresidenta del Congreso Nacional, quien ha estado en el ojo público en los últimos días por la filtración del video, gestionó entre 2024 y 2025, ante la Sedesol más 10,3 millones de lempiras para becas, seguridad alimentaria y obras sociales para sus correligionarios en el departamento de Copán.
Esta misma petición se le hizo al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la SIT, la información pertinente de acuerdo al alcance de cada institución, correspondiente a la ejecución de 2022 a la fecha. Para el caso de la Sedesol, se le pidió el nombre de los diputados y los montos solicitados para gestionar la entrega de becas, ayudas sociales y obras menores.
Pese a que en la normativa sólo se autoriza a Sedesol, SIT, FHIS, Condepor, Fosode y Gobernación para la gestión de ayudas, Criterio.hn descubrió que las y los diputados también “gestionan” las entregas del bono tecnológico y herramientas para ganaderos a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y la entrega de lámparas de energía por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A las instituciones antes señaladas se sumarían la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), según lo declarado por el exministro de Finanzas, Cristhian Duarte, quien aseveró, el miércoles, ante medios de comunicación, que a través de estas dos instituciones se han gestionado ayudas, con lo que se estaría admitiendo que la disposición contemplada en el presupuesto está siendo trastocada al incluir a cualquier entidad pública, sin ningún control.
Criterio.hn consultó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) el número de congresistas que han solicitado o gestionado obras de infraestructura para comunidades, sin embargo, la respuesta fue que “a la fecha no se han recibido solicitudes por parte de diputados por concepto de subvenciones o ayudas sociales”.
De igual manera se le consultó al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), pero esta dejó vencer el plazo de la solicitud de información. En ese sentido, Criterio.hn buscó en redes sociales de los diferentes diputados y diputadas para corroborar si, en efecto, se ha gestionado la construcción de obras menores.
Este medio digital encontró que los diputados Rasel Tomé, Oved López y José Manuel Rodríguez, acompañaron la inauguración de un puente peatonal ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Posteriormente Criterio.hn se volvió a solicitar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) el número de proyectos gestionado por diputados a través del Fondo de Administración Social, establecido en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.
La respuesta a la solicitud (SOL-FHIS-220-2025), dejó más dudas que respuestas. En la primera resolución, enviada el 7 de julio a Criterio.hn, afirmaron que “no han ejecutado proyectos con fondos gestionados de ese artículo”.
No obstante, dos días después y bajo la misma solicitud de información, la Unidad de Transparencia del FHIS contradijo esa afirmación y admitió la ejecución de 92 proyectos, aunque sin detallar montos ni nombres de legisladores involucrados.
Este desfase en las versiones del FHIS choca frontalmente con la información divulgada el pasado 3 de julio de 2025, por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Dicha documentación detalla que 42 diputados y diputadas (propietarios y suplentes) de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron más de 181 proyectos de infraestructura.
De acuerdo a los documentos compartidos por Redondo, entre 2023 y 2024, al menos 36 de los 42 diputados, que gestionaron fondos, pertenecen al oficialista Partido Libre [entre propietarios y suplentes], de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron proyectos de infraestructura vial, cajas puentes, vados, escolar, sanitaria y espacios públicos.
El análisis de datos analizados por este medio digital expone que las y los diputados de los partidos Libre, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron 181 proyectos de infraestructura menor a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con un costo total de 359,857,473.94 lempiras.
De acuerdo a datos recabados por este medio digital, Rafael Sarmiento, Carlos Zelaya Rosales, Luis Ortega, Hugo Noé Pino, Isis Carolina Cuéllar y Ronald Panchamé son los diputados que más “gestiones” han realizado, aglutinando L96,626,545.17 entre los seis, para la construcción de obras.
