La misión publicará un informe y compartirán las observaciones con representantes de su Congreso y Parlamento
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- “Las conclusiones de nuestras visitas y entrevistas nos hacen notar la continuación de la crisis política en Honduras y la repercusión de los gobiernos de EEUU y Canadá, junto con sus intereses económicos, en Honduras”.
Esa es la primera de las conclusiones de Dos delegaciones de los Estados Unidos y Canadá, lideradas por Alianza por la Justicia Global, la Voz de los de Abajo, Code Pink y Acción Permanente por la Paz, miembros de la Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica
Las delegaciones visitaron distintas regiones de Honduras para testificar y documentar las denuncias de criminalización, militarización, violencia contra la prensa, impunidad y despojo de territorios que han derivado en violaciones a los derechos humanos.
Aquí su informe presentado este día
Desde el 26 de noviembre de 2017, la comunidad internacional ha visto un aumento en las denuncias que ligan a la dictadura de Juan Orlando Hernández con casos de represión violenta e incluso ilegal; Con el aumento en la criminalización contra la oposición política, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y ambientalistas; con el incremento en los ataques hacia la prensa y la libertad de expresión; y a varios señalamientos que vinculan a la administración en turno con severos casos de corrupción e impunidad. Estas son algunas de nuestras observaciones:
Criminalización – Visita a los Presos Políticos: Edwin Espinal y Raúl Álvarez
Edwin Espinal, Raúl Álvarez y Gustavo Cáceres son los tres presos políticos hondureños que fueron detenidos después de las fraudulentas elecciones presidenciales de 2017. El caso de los 3 presos políticos se caracteriza por su encarcelamiento por razones políticas -por ejemplo, su trabajo como luchadores sociales o su oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández – y como resultado de la violación al debido proceso. Tanto Edwin como Raúl están detenidos en la prisión de máxima seguridad de La Tolva, Morocelí, El Paraíso.
Durante nuestra visita corroboramos su deteriorado estado de salud y las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales para los presos políticos y sus familias. Tenemos la certeza que el encarcelamiento de Edwin y Raúl en una prisión de máxima seguridad se debe a motivos plenamente políticos, que es un castigo por su participación en protestas y como medio de intimidación a la población hondureña.
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Apoyamos la demanda de los movimientos sociales y defensores de derechos humanos para la liberación de los presos políticos, y que se retiren los cargos a los demás procesados.
Entre las más de 1,396 personas detenidas entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre, resaltamos la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, el 03 de diciembre del 2017 en la ciudad de Naco, Cortés, al norte de Honduras. Hasta el momento se desconoce su paradero.
La comunidad estudiantil que expresa su inconformidad con el régimen actual, ha sido criminalizada por su trabajo en defensa de la educación pública y su acompañamiento a movimientos sociales hondureños. Algunas de las denuncias hechas, refieren a ataques de parte de grupos paramilitares disfrazados como seguridad pública, espionaje y el aumento en la militarización de las facilidades educativas y hasta la desaparición forzada y asesinatos políticos.
Defensores de la Tierra y el Agua:
La Misión Internacional recopiló casos de criminalización y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas de Honduras. En una visita a la comunidad de Las Torres, La Paz, con amenaza de desalojo, atestiguamos las consecuencias del despojo: la destrucción de sembradíos, intimidación por parte de autoridades y ataques físicos a los campesinos, son las principales denuncias.
Nos preocupan las recientes amenazas de muerte y violencia política contra grupos campesinos, miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en la zona.
En Tegucigalpa, gente de la comunidad indígena Lenca Tierra del Padre, han tomado refugio en la Embajada de Taiwán. La comunidad nos mostró la copia de un título ancestral que les certifica como dueños de sus tierras desde 1739. La comunidad Tierra del Padre está en conflicto con el terrateniente Mario Facussé Handal, quien posee un título de propiedad de 2013. Las 90 familias de la comunidad han sido blanco de amenazas y ataques. Se reportó el asesinato del señor Danilo Posadas, además que 11 personas enfrentan un proceso bajo cargos de usurpación. Existe una orden de desalojo para el 10 de abril y la comunidad exige protección y la facilitación del gobierno para resolver el conflicto. Hasta el momento el Estado no ha escuchado sus peticiones.
En el sur de país, los Amigos del Río Goascorán, hablaron de su resistencia a las mineras y denunciaron el riesgo de sequía en su región de perder los ríos que nutren sus comunidades.
Violencia contra periodistas: En colaboración con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), documentamos el caso del asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández, el 17 de marzo de 2019 en el municipio de Nacaome, Valle.
El periodista Gabriel Hernández fue asesinado el 17 de marzo en Nacaóme, Valle
Durante nuestra visita, también resaltamos el allanamiento en las instalaciones de Radio Globo, que llevó a la detención del periodista David Romero, el jueves 28 de marzo, en Tegucigalpa. Al juicio de nuestros entrevistados, estos dos últimos ataques reflejan la situación de los derechos de prensa en Honduras.
Conclusiones:
Las conclusiones de nuestras visitas y entrevistas nos hacen notar la continuación de la crisis política en Honduras y la repercusión de los gobiernos de EEUU y Canadá, junto con sus intereses económicos, en Honduras.
Nos preocupa que sea el gobierno de EEUU el que más apoyo económico, político y militar a un gobierno que permite la violación constante a los derechos humanos.
Debido a lo anterior, congresistas de los EEUU han reintroducido al Congreso la Propuesta de ley por los Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres. Esta legislación suspenderá el financiamiento militar de los EEUU a las fuerzas de seguridad hondureñas y desalentará los préstamos multilaterales de los bancos de desarrollo hasta que el gobierno hondureño investigue y enjuicie a los militares y policías que han violado los derechos humanos.
Nuestra misión publicará un informe lo más pronto posible con los resultados de nuestra visita y compartiremos nuestras observaciones con nuestros representantes en Congreso y el Parlamento, además de los medios de comunicación en nuestros países.
