Analistas concluyen que esta crisis legislativa podría estancar elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. -En las últimas horas el Congreso Nacional se ha convertido en un escenario violento, envuelto en pleitos, daños a la propiedad pública, contaminación auditiva y agresiones físicas y verbales, replicando las acciones del pasado reciente donde se evidenció que estas insurrecciones legislativas tienen como objetivo la negociación de cuotas de poder en instituciones como el Ministerio Público.
La ingobernabilidad en el hemiciclo tomó fuerza en las sesiones del martes 8 y del miércoles 9 de agosto, donde se vieron interrumpidas por el enfrentamiento entre el Partido Nacional y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Golpes, gritos, empujones y forcejeo, provocados por los nacionalistas dejaron daños al mobiliario del Congreso Nacional y varios guardias de seguridad heridos.
PARTIDO NACIONAL ALEGA QUE CONMOCIÓN FUE PROVOCADA POR ARBITRARIEDAD DEL OFICIALISMO
Durante la sesión nocturna, celebrada el miércoles 9 de agosto, las y los diputados del Partido Nacional solicitaron la palabra para introducir en agenda la derogación del artículo 4 de la cuestionada Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, mejor conocida como Ley de Amnistía.
La oposición ha presentado esta moción de orden en dos ocasiones por el diputado nacionalista, Erasmo Portillo, pero la misma ha sido rechazada por la Junta Directiva del Poder Legislativo.
Otro de los alegatos del Partido Nacional es que la derogación del decreto 116-2019, también conocido como el Fondo Departamental, no fue suprimido con mayoría calificada (86 votos).
Es importante señalar que el decreto en mención fue aprobado en octubre de 2019 con mayoría simple, pero fue condicionado por el Partido Nacional, en ese entonces, en una accción antidemocrática al establecer que cualquier reforma o derogación debía ser aprobado por las dos terceras de los diputados, es decir 86 votos.
NUEVE AÑOS DE CRISIS Y REVUELTAS AL INTERIOR DEL CONGRESO
Durante nueve años, las crisis y revueltas en el Congreso Nacional han avergonzado a la población hondureña. Entre las más recientes, mas no las únicas, fueron la elección de la Junta Directiva del Poder Legislativo en 2022 y la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2023.
El 21 de enero de 2022, las y los diputados, recién electos, tenían la tarea de elegir la junta directiva provisional lo que devino en una crisis política. Ese día fueron presentadas dos propuestas, la primera encabezada por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, misma que era apoyada por la presidenta, Xiomara Castro, y la segunda liderada por el legislador del Partido Libre, Jorge Cálix, apoyada por el Partido Nacional y un sector del Partido Liberal.
Las y los 128 diputados fueron convocados al Congreso Nacional para inaugurar el periodo legislativo 2022-2026 y elegir a la junta directiva provisional, sin embargo, esta terminó en una pelea a lo interno del Partido Libre, debido a que 20 de sus miembros se opusieron a que el presidente provisional fuera Luis Redondo, propuesto por la presidenta Castro.
De este mismo actuar, del que hoy el Partido Nacional dice ser víctima y por el cual recurrió a la violencia, caracterizaron las tres administraciones del Partido Nacional, cuando se aprobaban normativas sin consensos que vulneraron el estado de derecho, cooptaron la institucionalidad y se crearon leyes que favorecieron la corrupción.
Situación similar ocurrió el 12 de diciembre de 2012 con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declararon inconstitucional las Regiones Especiales de Desarrollo (Red) que luego, en 2013, mutaron exitosamente a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
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Otro ejemplo fue lo ocurrido en octubre de 2021, cuando el Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, en una sesión virtual aprobó la reforma al decreto 93-2021 relacionado a la reducción de las penas del delito de lavado de activos, entre otros, durante la cual el Partido Nacional aprobó la modificación sin presencia del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Previamente, en 2019 la oposición encabezada por el -ahora oficialista- Partido Libre, realizó una insurrección legislativa de 91 días. El objetivo de la protesta realizada por los 30 diputados de Libre era obtener un representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitud que no era atendida por Oliva (2014-2018 y 2018-2022).
Sin embargo, en agosto de ese mismo año Oliva nombró una comisión multipartidaria que se encargó de dictaminar la Ley especial para selección, nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibición. Dicha normativa contempló la integración de los entes electorales que quedaron integrados por las tres principales fuerzas políticas: Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal.
En 2020 y 2021 durante la pandemia del Covid-19, el Congreso Nacional realizó sesiones virtuales donde aprobaron una serie de contratos y prestamos multimillonarios bajo el supuesto de contrarrestar el impacto del coronavirus. Sin embargo, estas sesiones estuvieron marcadas por la aprobación de la reforma al Código Penal y el decreto 93-2021 (reforma a las penas de lavado de activos).
En las últimas semanas el Congreso Nacional ha derogado y reformado varias leyes que fueron aprobadas por el Partido Nacional y que da un paso en firme para la aprobación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, estas derogaciones no han sido acompañadas por la bancada del Partido Nacional.
PRETENDEN BOICOTEAR ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL Y FISCAL GENERAL ADJUNTO
Para la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, el trasfondo de la insurrección legislativa que mantiene el Partido Nacional es obstaculizar el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público. La legisladora comentó a Criterio.hn que el Partido Nacional tiene una agenda oculta ligada a frenar la lucha contra la corrupción que dice abanderar la actual junta directiva del Congreso Nacional.
“Ellos [Partido Nacional] hablan que están luchando en contra de la corrupción y que no les dan la palabra, pero realmente, vemos un discurso vacío, porque nosotros en este momento estamos en un proceso de derogación de un montón de leyes que ellos dejaron. Aunque han acompañado algunas derogaciones, la abrogación del decreto 116-2019 [Ley de Fondo Departamental] no la apoyaron y eso me da la impresión de que es lo que los tiene molestos”, puntualizó.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, dijo que la existencia de una crisis al interior del Poder Legislativo complica las elecciones de segundo grado, como es el caso del nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público, que deben ser electas antes del 1 de septiembre de este año, proceso del cual fue excluido el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos.
Esta opinión es compartida por el analista político, Lester Ramírez, quien identifica detrás de esta crisis legislativa una medición de fuerzas en las negociaciones de cara a la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Ramírez apuntó que, al interior del hemiciclo, entre estos, los diputados del Partido Nacional existen posturas dirigidas a elegir un fiscal general que no sea afín al partido oficialista.
En la misma línea se expresó el exfiscal general del Ministerio Público y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Edmundo Orellana Mercado, al ser consultado por Criterio.hn, quien manifestó que existe una clara intención del Partido Nacional para boicotear el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Agregó que la mayoría de los diputados del Partido Nacional están imputados criminalmente como “ladrones del erario público, entonces lo que quieren es detener la elección”. El exsecretario de Transparencia precisó que el Congreso no es un órgano de decisión unánime, ya que hay seis fuerzas políticas representadas en ese poder del Estado, con una hegemonía de un tripartidismo.
Orellana externo que una de esas fuerzas políticas [Partido Nacional] no permitirá que la elección del fiscal general se haga en el tiempo establecido.
En el 2018, tras una fuerte campaña para imponer a través de medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y la Embajada de Estados Unidos, se logró la reelección de Óscar Chinchilla como Fiscal General de la República, en un proceso que violentó la Ley Orgánica del Ministerio Público porque el funcionario no se postuló al proceso.
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El diputado del Partido Libre, Jari Dixon Herrera, manifestó que al igual que sus compañeros de bancada -en el pasado-, el Partido Nacional tiene derecho a protestar. No obstante, explicó que ellos -el Partido Libre- protestaban para tener representantes en instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros.
“Nosotros nos íbamos a insurrección legislativa, pero hay diferencias, nosotros lo hacíamos porque solicitábamos representantes en órganos electorales que era vital para la vida de un partido y del proceso electoral, pero irse a una insurrección legislativa que no tiene fuerza legal, a mí me parece que es desproporcionado, aunque también puede llegarse a sospechar que hay un trasfondo de seguir saboteando el trabajo del Congreso Nacional”, aseveró.
Añadió que, al existir una crisis en el Poder Legislativo, complica las elecciones de segundo grado es el caso de la escogencia de las nuevas autoridades del Ministerio Público. “Cuando hay este tipo de elección de funcionarios de este tipo, los partidos políticos siempre buscan los famosos acuerdos y es ahí donde vienen las condiciones, porque los partidos de oposición no entregan votos”, indicó.
El escenario de crispación podría continuar de cara a una posible aprobación en el Congreso Nacional del Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión Anticorrupción auspiciada por las Naciones Unidas. La misión antes mencionada suplantara el ejercicio de la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que fue desmantelada por el Partido Nacional en enero 2020, después de casi cuatro años y de haber presentado catorce casos en los que se vieron salpicados más de 120 personas, entre políticos, empresarios y particulares.
En las últimas semanas el Congreso Nacional ha derogado y reformado varias leyes que fueron aprobadas por el Partido Nacional y que da un paso en firme para la aprobación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, estas derogaciones no han sido acompañadas por la bancada del Partido Nacional.
