La criminalización de Nolvia Obando, defensora de la tierra, ha generado preocupación por el uso indebido del sistema penal en Honduras
Las denuncias de organizaciones de derechos humanos resaltan las irregularidades y el riesgo a la libertad de Obando, subrayando la necesidad de un juicio justo y equitativo.
Tegucigalpa, Honduras. – La reciente audiencia de proposición de pruebas en el caso de Nolvia Ovando –defensora de la tierra y territorio, criminalizada y judicializada injustamente por el delito de usurpación— ha levantado una serie de preocupaciones sobre la equidad del proceso judicial.
La abogada defensora, Kenia Oliva, ha denunciado lo que considera prácticas desproporcionadas e irregulares por parte del Ministerio Público, que podrían afectar el derecho a un juicio justo para la defensora del derecho a la tierra que ha sido criminalizada.
Durante la audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, sala tercera, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de pruebas testificales, basadas principalmente en los testimonios de los policías que participaron en las investigaciones del caso.
“Nos opusimos a muchas declaraciones testificales porque nos parecía desproporcional, además que estos policías van a ratificar las diligencias que ya constan en el expediente,” argumentó Oliva. La abogada defensora consideró innecesario que los policías amplíen lo ya plasmado en sus informes, calificando esta acción como desproporcional y poco objetiva.
Además, Oliva denunció que la acusadora privada, que inicialmente no había propuesto medios de prueba, aprovechó la oportunidad para introducir nuevos medios de pruebas y testigos, lo cual también fue aceptado por el tribunal. Esta acción generó críticas adicionales por parte de la defensa, que considera que estas medidas favorecen de manera injusta al Ministerio Público.
Uno de los aspectos más controversiales del caso es la inclusión de un acta de inspección realizada por la jefa de Catastro de la Municipalidad, la cual, según Oliva, es “completamente ilegal ya que no fue ordenada por un juez competente”. Esta inclusión, que de acuerdo con la defensa no tiene validez legal pone en desventaja a Nolvia Obando.
El juicio oral y público está programado para el 12 de agosto, y las denuncias de la defensa sobre la admisión de pruebas irregulares y desproporcionadas subrayan la importancia de garantizar un proceso justo y equitativo.
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USO INDEBIDO DEL SISTEMA PENAL PARA HOSTIGAR Y CRIMINALIZAR
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras expresó su rechazo a las practicas implementadas. Acciones que consideran “un uso indebido del sistema penal para hostigar y criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente a aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos territoriales.
“El Ministerio Público utiliza las diligencias investigativas del Estado y la Policía Nacional para acusar a una persona, en este caso a una mujer campesina defensora de la tierra y el territorio”, recriminó Francis Cálix, de la Red Nacional de Defensoras, además señaló que esa no es la acción que deben ejercer estos entes.
En reiteradas ocasiones, la Red de Defensaras y otras organizaciones nacionales e interna nacionales han enfatizado que tanto Nolvia Ovando, como el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas no son criminales ni usurpadoras, sino mujeres campesinas que luchan por su derecho a la tierra y la alimentación.
Bajo este contexto, la Red de defensoras ha denunciado que la criminalización de Ovando es parte de una estrategia más amplia para desmovilizar y silenciar a las defensoras de derechos humanos en el país.
“El uso de tipos penales como incitación a la violencia, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
En ese sentido, la CIDH ha recomendó al Estado de Honduras revisar y ajustar estas figuras penales para evitar su uso indebido contra defensores de derechos humanos.
Además, la Red de Defensoras, recriminó que la Corte Suprema de Justicia continúa sin resolver el Recurso de Amparo interpuesto, hace más de un año, a favor de Nolvia Obando Turcios. La Red considera que la Corte Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba violó las garantías procesales de la defensora. “Esta falta de respuesta hace que se vuelva difícil la reparación de los derechos de nuestra compañera”, lamenta la organización.
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DETENCIÓN DE NOLVIA OBANDO
Nolvia Obando fue detenida y expuesta ante los medios de comunicación como la cabecilla de una banda criminal, en marzo de 2023, su único delito: defender el derecho a la tierra para ella y más de 60 mujeres campesinas en la comunidad de La Bomba, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, costa norte de Honduras.
Previo a su arresto, Obando junto con las 60 mujeres fueron desalojadas de manera violenta del lugar donde se habían instalado, construyendo sus viviendas –unas con pedazos de madera y lamina— y donde tenían sus cultivos.
Francis Calix, dijo a Criterio.hn que la detención de Nolvia Obando no se dio en el terreno supuestamente “usurpado” como lo argumenta la Policía Nacional, sino en la casa de una de las compañeras de la defensora y pastora evangélica.
El 22 de noviembre de 2023, el movimiento de campesinas sostuvo una reunión con el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, y el subdirector Rafael Alegría. Durante este encuentro, los funcionarios se comprometieron a adquirir un terreno por la vía de la compra para adjudicarlo al Movimiento de Mujeres. Sin embargo, hasta la fecha, el INA no ha cumplido con su promesa, dejando a las mujeres campesinas sin la tierra necesaria para sustentar sus actividades agrícolas y mejorar su calidad de vida
