Una parte de los recursos incautados al narcotráfico se ha destinado a auspiciar el clientelismo político por medio de programas como el denominado Bono diez mil.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La criminóloga Arabeska Sánchez presentó un estudio dentro del anuario 2015 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe titulado “Crimen organizado, narcotráfico y políticas antidrogas en Honduras”, donde da a conocer la situación sobre estos temas en este país centroamericano.
El estudio concluye que los altos niveles de violencia en Honduras están muy ligados a la fuerte presencia del crimen organizado, el narcotráfico y las Maras o pandillas, lo cual está provocando un éxodo migratorio cuyo principal destino son los países del norte de América: Estados Unidos y México.
Sánchez encontró además que los indicadores de incidencia en incautaciones de droga, movimientos de narconaves marítimas y narcoavionetas indican que en los últimos diecinueve años el narcotráfico no ha suspendido su paso por Honduras, independientemente de las políticas contra las drogas que se desarrollen.
El estudio además concluye que los carteles de la droga en Honduras han cambiado su organización, pasando de las estructuras de los años setenta conformadas por capos y funcionarios de seguridad, a clanes familiares que utilizan a los funcionarios de la seguridad pública para tareas específicas.
La experta en criminología manifestó además en su estudio que existen pruebas de la existencia de siete carteles del narcotráfico en el periodo comprendido entre 1970 y 2015, cuyos líderes han sido extraditados a Estados Unidos y cuyos bienes han sido incautados por el estado hondureño para fortalecer los patrimonios y presupuestos de las tres principales instituciones que conforman el sector de seguridad y justicia en el país. No obstante, una parte de esos recursos se ha destinado a auspiciar el clientelismo político por medio de programas como el denominado Bono diez mil.
Otra de las conclusiones del estudio presentado por Arabeska Sánchez nos dice que la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado acerca de la administración de los recursos provenientes de las incautaciones, podría generar el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos tomadores de decisiones discrecionales sobre esos recursos, por lo que deben establecerse mecanismos externos de auditoría permanente sobre ellos.
Con la creación del Consejo de Defensa y Seguridad, dependiente de la figura presidencial, instituciones autónomas como el Ministerio Público y el poder judicial quedaron sujetas al poder ejecutivo, violando la declaración constitucional de la independencia con que deben actuar estas instituciones en sus funciones principales de Crimen organizado, narcotráfico y políticas antidrogas en Honduras 219 persecución penal y administración de la justicia.
Además este estudio nos dice que los cambios recientes en la política contra las drogas no reflejan ningún enfoque de prevención o reducción de la demanda, concentrándose exclusivamente en la represión de la oferta.
La corrupción en la dirección de las instituciones públicas y dentro de ellas ha sido factor determinante en su debilitamiento, hasta dejarlas en su mínima operatividad.
El alto nivel de impunidad de los casos de corrupción en el país genero durante el 2015 un fuerte movimiento ciudadano que demandaba el auxilio de la comunidad internacional para hacer frente a la impunidad, proponiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras similar al modelo existente en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la ONU, pero al final se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Fuente: Anuario 2015 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe
