Tegucigalpa, Honduras.– El crimen organizado ya no sólo cobra la extorsión, también asigna conductores y ayudantes provenientes de grupos criminales a unidades del transporte que circulan por distintas zonas de la capital, dijeron integrantes del rubro a Criterio.hn.
“Las distintas maras y pandillas que conforman el crimen organizado, están tan poderosas y sedientas de poder que ahora, en varias rutas de la capital, ellos mismos son los que dan las órdenes y directrices de qué persona será el chofer y el ayudante de la unidad”, denunció Jorge Lanza, uno de los dirigentes de transporte en la capital de Honduras.
Agregó que, “si el dueño no hace caso o se rehúsa, la salida al problema es, primero, una amenaza con quitarle la unidad, y segundo, asesinarlo”.
Según Lanza, Cerro Grande, El Reparto, El Sitio, La Honduras, Villanueva y El Rincón, son los principales lugares en donde está repuntando este flagelo, bajo el objetivo de no permitir el ingreso de integrantes de agrupaciones criminales, distintos a los que se mantienen operando en esos sectores.
“Son más barrios y colonias, pero precisamente en las antes mencionadas, la situación está alarmante, a tal punto que, por la extorsión y el poderío del crimen organizado, varias unidades están paradas y sus dueños están optando por venderlas y huir con sus familias”, detalló.
Las cifras del rubro son alarmantes: desde el uno de enero hasta el 10 de agosto de 2023 se ha reportado el asesinato de 45 transportista, entre choferes y ayudantes, así como unas 7 unidades quemadas y más de 50 paralizadas, producto del cobro de extorsión y la usurpación del crimen organizado.
El dirigente aseguró, además, que esta modalidad delictiva, que inició años atrás, pero que se intensificó en 2023, es del pleno conocimiento de las autoridades de seguridad y, hasta la fecha, no han tenido una respuesta que les dé la plena libertad de trabajar sin ser acechados por el crimen organizado.
“Claro que esto lo hemos denunciado, es del pleno conocimiento de las autoridades y la respuesta es siempre la misma: mandan a sus agentes a resguardar las unidades y estaciones, pero la descontinúan, no siguen con la intervención”, comentó.
“¿Qué pasa si descontinúan la medida que podría ser efectiva? la persona que utilizan las maras para hacer el cobro de extorsión sin ningún problema regresa al día siguiente, cuando no hay presencia policial”, agregó.
“DESCONOCEMOS ESA MODALIDAD”
El comisionado de policía, Francisco Turcios Osorio, encargado de la Fuerza Nacional de Transporte Urbano (FNSTU), tras ser consultado por Criterio.hn sobre las medidas que están tomando para regresarles la tranquilidad a los transportistas, respondió que desconocen el tipo de modalidad que está utilizando el crimen organizado y, por lo tanto, es difícil establecer las medidas que utilizarían.
“Desconocemos la modalidad y el tema. Se están haciendo distintos operativos para contrarrestar al crimen organizado, pero es algo progresivo que no podemos cambiar de la noche a la mañana”, dijo.
“Entre los tipos de medidas que estamos implementando están los operativos de saturaciones, reseñas de los conductores y ayudantes, para tenerlos identificados y ejecutar órdenes de captura que se levantan en contra de posibles extorsionadores y cabecillas de maras y pandillas dedicados a impedir el trabajo de los transportistas”, explicó.
Aunque las medidas planteadas por Turcios, en los resultados carecen de efectividad, pues desde que las autoridades de Seguridad arreciaron su lucha contra la extorsión, este delito continúa afectando a varios sectores de la sociedad, entre ellos el transporte, que anualmente paga más de 250 de lempiras a las maras y pandillas.
Además, sólo por el cobro de extorsión son varias unidades, principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa (principales ciudades de Honduras) que se mantienen paralizadas porque tienen que pagar de manera semanal entre 15 y 20 mil lempiras al crimen organizado.
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SIN ESTRATEGIAS, MISMOS RESULTADOS
El director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, sostiene que esa modalidad del crimen organizado solamente es un antecedente, que las medidas de seguridad abordadas por las autoridades carecen un verdadero plan integral que capture a los cabecillas del crimen organizado.
“¿Cómo la Policía dice desconocer esa modalidad?, esta modalidad la vienen denunciando desde años atrás, no es nada nuevo, esa respuesta pone en evidencia que no hay voluntad de luchar contra el crimen organizado y que en realidad no hay un plan integral”, valoró Madrid.
“Sí, hablan de estrategias, ¿pero esas estrategias qué son?, operativos de saturación, capturas sin ningún sustento. Eso no es tener una visión de cómo erradicar ese flagelo y, una prueba más de ello, es que el crimen organizado sigue extorsionando; sigue asesinando y así continuará hasta que las autoridades reconozcan que no están haciendo las cosas bien”, señaló.
Para Madrid, una estrategia que podría dar resultados positivos es que la fuerza policial esté presente en el rubro de transporte de manera permanente y, de esa forma, conocer, por medio de investigaciones, quiénes son los criminales que se están encargando de manipular las unidades de transporte para amedrentar ese rubro.
“El acompañamiento policial debe ser de manera permanente, que no digan que no tienen suficiente personal, porque se les aumentó el presupuesto este año, con el objetivo de establecer una lucha de manera frontal. El crimen organizado se debe atacar desde arriba, no en sus bases”, planteó.
El presupuesto que se asignó para este 2023 a la Secretaría de Seguridad, que rectora Gustavo Sánchez, sustituyendo a Ramón Sabillón, por sus malos resultados, es un poco más de 9,000 millones de lempiras, un 17% más que en 2022.
De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde el uno de enero al 9 de agosto de 2023, en todo el territorio hondureño han asesinado a 1,842 personas.
Pese al millonario presupuesto, desde varios sectores de la sociedad cuestionan las decisiones que se toman desde la cúpula de la Secretaría de Seguridad, porque los resultados, en materia de extorsión y criminalidad, continúan siendo los mismos que las administraciones anteriores.
