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Costo de la violencia en Honduras equivale al 4.6 % del PIB, el más alto de AL

Empleados del Ministerio Publico de Honduras trabajan en el cuerpo de un empresario nicaraguense acribillado por supuestos pandilleros en Tegucigalpa, el 06 de febrero de 2007. Salvador Chamorro Mejia (48) fue asesinado en la entrada de una distribuidora de productos de ebanisteria, de la cual era propietario. Familiares informaron a la policia que el muerto era sobrino del presidente de la Corte Centroamericana de Justicia Rafael Chamorro Mora, y tambien sobrino de Joaquin Chamorro, esposo de la ex presidenta de Nicaragua Violeta de Chamorro. AFP PHOTO Elmer MARTINEZ

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Por: Redacción AGENCIAS

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El costo de la violencia en Honduras equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) siendo el más alto de la región latinoamericana, según un informe del Baco Interamericano de Desarrollo (BID), presentado esta semana en Quito, Ecuador.

El informe, que fue presentado este miércoles, también alerta sobre los costos indirectos de la violencia en aspectos como el precio de la vivienda y la salud infantil y establece que el costo directo del crimen y la violencia en América Latina, equivale a un promedio del 3% del PIB.

El informe “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar de América Latina y el Caribe” señala que esa región es “excepcionalmente violenta”, ya que alberga al 9% de la población mundial, pero es el escenario de un tercio de los homicidios que se producen en el planeta.

El estudio fue dado a conocer durante la Séptima Semana de la Seguridad Ciudadana, un evento que, organizado por el Ministerio del Interior de Ecuador y el BID en  Quito, dio cita a altos representantes gubernamentales y a académicos de la región latinoamericana.

Las tasas de homicidio son de más de 24 por cada 100,000 habitantes en esa zona, la única donde la violencia va en aumento desde 2005, según el trabajo, elaborado por la responsable de investigaciones sobre seguridad ciudadana del BID, Laura Jaitman.

La experta mencionó que el 3% del PIB que representan los costos derivados de la violencia equivale a la inversión en infraestructuras en la región o al ingreso del 20% más pobre de su población.

Los datos sobre el costo directo de la criminalidad parten de los obtenidos en Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, cinco países que, según la investigadora, permiten obtener una estimación bastante aproximada de la situación regional.

Chile es el país del grupo donde el costo es menor, con el 1.8% del PIB, mientras que Honduras registra montos equivalentes al 4.6% de ese indicador.

La ciudad hondureña de San Pedro Sula es considerada como una de las más violentas de la región, según Jaitman, quien indicó que el área centroamericana en su conjunto podría ser catalogada como la zona más insegura.

Para dar una idea de la dimensión del problema de la violencia en Latinoamérica, la Coordinadora de Seguridad Ciudadana del BID, Nathalie Alvarado, señaló que 11,000 personas mueren cada mes en Latinoamérica y el Caribe a causa de la violencia y que una de cada cuatro mujeres muere por agresiones de su pareja o de tipo sexual.

Según Alvarado, los expertos reunidos en este foro coincidieron en la necesidad de mejorar los sistemas estadísticos sobre violencia en los países de la zona; lograr mayor integración de fuentes de información para elaborar estudios y análisis rigurosos y reforzar los programas encaminados a combatir la violencia contra la mujer.

El representante del BID en Ecuador, Morgan Doyle, subrayó que los homicidios en algunos países de la zona rebasan el umbral de la epidemia y en otros alcanzan las tasas que se consideran propias del “conflicto armado”.

Doyle destacó datos que evidencian que casi el 60% de los ciudadanos de la región se sienten inseguros al caminar solos de noche y enfatizó que es necesario implementar políticas preventivas e instrumentos que den prioridad a la protección de segmentos de la sociedad como las mujeres y los jóvenes.

También resaltó la necesidad de impulsar acciones para la mejora de los servicios de justicia penal y de la formación policial, todo ello en línea con la consecución de una gestión efectiva de la seguridad ciudadana y de la justicia, que consideró esenciales para avanzar en el desarrollo

Los tipos de costos

El informe evaluó tres tipos de costos del crimen:

Los costos en anticipación del delito: Este tipo de costo hace referencia a aquellos desembolsos que realizan los hogares y empresas (costos privados) y organismos públicos (costos públicos) con la finalidad de reducir el riesgo de ser blanco de la acción delictual y de la violencia. Los componentes considerados en los costos privados incluyen gastos en guardias y vigilantes, alarmas y monitoreo, tecnologías de seguridad, transporte de valores, y asesores y capacitadores de seguridad.

Los costos como consecuencia del delito: Este tipo de costo expresa la valoración monetaria de las pérdidas materiales, directas e indirectas, tangibles e intangibles, así como los efectos sobre la integridad de la salud de las víctimas que genera la actividad criminal.

Los costos en respuesta al delito: Son aquellos en que se incurre con la finalidad de identificar a los responsables de un hecho violento, de perseguir sus responsabilidades a través de un juicio y de hacerles cumplir las penas aplicadas por los tribunales. Sobre este punto, el informe sostiene que «las altas tasas de prisión preventiva contribuyen a los altos costos generados por el crimen. Un sistema de justicia ineficiente también aumenta los costos de los delitos si las tasas de delitos resueltos son bajas, o si la impunidad reduce la pena prevista por cometer un delito, y aumenta así la probabilidad de que se cometan delito».

Para qué sirve medir el costo

El cálculo de estos costos «es útil para fundamentar más adecuadamente las políticas de prevención y control del crimen, así como para mejorar la asignación de recursos en la economía», argumenta el informe.

El crimen y el temor al crimen, sostiene el estudio,» influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y distorsionan la asignación de recursos públicos y privados». Todo esto produce costos en el bienestar.