Tegucigalpa.-En el Día Internacional del Orgullo LGBTI y el décimo segundo aniversario del golpe de Estado de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado de Honduras en la muerte de Vicky Hernández, mujer trans asesinada en el marco del toque de queda instaurado por las fuerzas públicas el 28 de junio de 2009
En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
El Tribunal también determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del
homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández.
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Además, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.
¿QUIÉN ERA VICKY HERNÁNDEZ?
Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa». La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la norteña ciudad de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.
Una patrulla de la Policía Nacional habría intentado detenerlas. Debido al contexto de violencia del que eran víctimas por formar parte de la comunidad LGBTI, Vicky y sus amigas intentaron huir por diferentes vías. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades hondureñas y el caso permanece impune.
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Durante la primera de dos audiencias del caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, el perito Carlos Zelada Cuña señaló que en el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBTI. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia. Diez de ellas eran miembras del «Colectivo Unidad Color Rosa». Once de estos crímenes ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.
CORTE IDH ORDENA MEDIDAS DE REPARACIÓN
La Corte IDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Sumado a esto y debido a las violaciones, ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Honduras entre las que se encuentran el promover y continuar las investigaciones por el homicidio de Vicky Hernández, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la realización de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
De igual forma, ordenó la creación de una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; la creación e implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Asimismo, la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
Desde el golpe de Estado de 2009, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas reporta 388 muertes violentas de personas LGBTI y una desaparecida; de estos casos, 83 han sido judicializados, obteniéndose únicamente 34 sentencias condenatorias: 4 de lesbianas, 17 de
hombres gays y 13 de mujeres trans. Sin embargo, ninguna de estas sentencias contempla como móvil del crimen, el agravante genérico establecido en el Código Penal por discriminación o prejuicio basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
Tras el anuncio de la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky Hernández, la Red Lésbica Cattrachas publicó en sus redes que «se trata de un gran precedente para las personas LGBTI en la región». Además, agregó que «#JusticiaParaVicky es el reconocimiento de la identidad de género. Al honrar su nombre y su memoria, estamos buscando la protección de todas las personas trans en nuestra región».
¡Una noticia emocionante para América Latina!
Honduras fue condenada por la @CorteIDH por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, durante el golpe de Estado. Se trata de un gran precedente para las personas LGBTI en la región.
Abrimos hilo. #JusticiaParaVicky
— CATTRACHAS (@CATTRACHAS) June 28, 2021
