Aunque vía redes sociales se indicó que la Sala de lo Constitucional había otorgado acción de amparo, fuentes judiciales dijeron a Criterio.hn que solo se ha admitido a trámite el recurso presentado por los abogados defensores
David Chávez, prófugo de la justicia, está acusado por fraude y violación de los deberes de los funcionarios por su implicación en un desfalco superior a los 75 millones de lempiras al Infop
Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite la solicitud de amparo relacionada con el expediente judicial de David Chávez, exdiputado del Congreso Nacional. Chávez, quien se encuentra prófugo de la justicia, está acusado penalmente, junto al exmagistrado de la CSJ, José Olivio Rodríguez, y otras siete personas, por un millonario desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
La Sala de lo Constitucional, que está integrada por los magistrados Wagner Vallecillo, Luis Padilla Francisca Villela, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón, admitió a trámite el recurso de amparo y desde el pasado 13 de mayo solicitó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) la remisión de los antecedentes de este caso.
Dentro del recurso de amparo, presentado por la defensa legal el pasado 14 de marzo, se impugnaron actuaciones del Ministerio Público. Los abogados defensores del exdiputado y el exmagistrado de la Corte Suprema sostienen que el requerimiento fiscal del 27 de noviembre de 2023 y la orden de captura del 28 de ese mes se efectuaron a pesar de que, el 22 de noviembre de 2018, la Sala de lo Constitucional ya había otorgado acción de amparo argumentando violación del debido proceso.
El nuevo recurso de amparo solicita la suspensión del procedimiento judicial actual, argumentando que ya existe una acción de amparo por el mismo caso. Según dijo a Criterio.hn uno de los abogados defensores, «debe respetarse la acción de amparo de 2018 y dejar sin efecto la orden de captura». La primera acción de amparo se concedió cuando José Olivio Rodríguez se desempeñaba como magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, es decir, por sus propios compañeros de pleno.
Sin embargo, los fiscales de la Fetccop argumentan que la resolución judicial de los magistrados constitucionales, emitida en 2018, no indicaba en ningún momento el cierre de la denuncia presentada contra David Chávez, José Olivio Rodríguez y las otras siete personas acusadas. La Fiscalía hondureña, con Johel Zelaya como fiscal general interino, reabrió el caso y presentó los requerimientos fiscales por fraude y violación de los deberes de los funcionarios el 27 de noviembre de 2023, desacreditando además una resolución del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
LEA: Daniel Sibrián, adjudicó un millonario contrato a prófugo socio de David Chávez
Aunque este miércoles un magistrado de la Corte Suprema dijo a Criterio.hn que se admitió a trámite el recurso de amparo «sin suspensión del acto reclamado», el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, aclaró que los cinco magistrados constitucionales están a la espera de la información solicitada a la Fiscalía.
«La Sala de lo Constitucional se pronunciará cuando el Ministerio Público envíe los antecedentes de ese caso, que ya le fueron pedidos, pero no le han sido presentados. Cuando envíen la información, los magistrados podrán deliberar y decidir si se suspende o no el acto reclamado», indicó a este medio de comunicación la fuente judicial.
CASO DAVID CHÁVEZ
El 28 de noviembre de 2023, mientras se aprestaba a tomar un vuelo con destino a Estados Unidos, David Chávez fue notificado sobre una orden de captura emitida por Marco Vallecillo, juez de letras penal en materia de criminalidad organizada y corrupción. Sin embargo, Chávez logró huir del Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
De interés: ¿Quién es «Pitu» Pineda?, la apuesta del juanorlandismo para recuperar la AMDC
La Fiscalía acusa a David Chávez, a José Olivio Rodríguez y a las otras siete personas por su participación en una red de corrupción público-privada que provocó un perjuicio económico de setenta y cinco millones novecientos treinta y siete mil quinientos veintinueve lempiras con sesenta y siete centavos (L75,937,529.67) al Estado hondureño.
Mientras Chávez se desempeñaba como director ejecutivo y Rodríguez como secretario general del Infop, otorgaron un contrato a Grupo Visión S. de R. L. de C. V. para la instalación, configuración y capacitación de equipos de software en un centro del Infop en Catacamas, Olancho. Sin embargo, estos suministros «no prestaron ningún servicio a la población del Estado de Honduras», indicó el requerimiento fiscal.
La investigación La red empresarial de David Chávez y sus socios: una estructura de corrupción, publicada en 2021 por Criterio.hn, expuso cómo estos dos exfuncionarios del Infop autorizaron irregulares contratos a favor de Jonathan Samuel Schacher Kafati, propietario de Grupo Visión S. de R. L. de C. V. y asociado de David Chávez y José Olivio Rodríguez, en transacciones prohibidas por la Ley de Contratación del Estado.
