Tomado de: laopinión.com
Una corte federal dictamina que el gobierno del presidente Donald Trump puede retener los fondos federales para distintos programas a siete estados y a la ciudad de Nueva York, debido a su falta de cooperación en política de inmigración.
La decisión de los tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones, escrita por la jueza Reena Raggi, es sobre fondo del Departamento de Justicia (DOJ) contra ciudades y estados santuario que no cooperan con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la retención de inmigrantes indocumentados.
La coalición fue liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, seguida por los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island, además de la ciudad de Nueva York.
“En repetidas ocasiones y durante su pronunciamiento de los requisitos legales del Programa Byrne, el Congreso deja en claro que un solicitante de subvención demuestra la calificación al cumplir los requisitos legales en la forma y según las reglas establecidas por el Procurador General”, escribió la jueza Raggi.
La opinión de la jueza Raggi, nombrada por el presidente George W. Bush, bloquea la determinación de una corte menor sobre la demanda de la coalición contra el DOJ en 2017, confirmando la autoridad del DOJ para retener los fondos.
Este pleito comenzó cuando el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que su oficina comenzaría a detener fondos a gobiernos locales que se negaron a compartir información sobre inmigrantes indocumentados o proporcionar acceso a las cárceles.
“Las llamadas políticas de santuario nos hacen a todos menos seguros, porque socavan intencionalmente nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos”, dijo Sessions en aquel momento, afirmando que estas políticas fomentaban la inmigración de indocumentados. “De ahora en adelante, el Departamento solo otorgará subvenciones de Byrne JAG a ciudades y estados que cumplan con la ley federal, permitan el acceso de inmigrantes federales a los centros de detención y notifiquen con 48 horas de anticipación antes de liberar a un extranjero ilegal buscado por las autoridades federales”.
La jueza Raggi señala que la primera pregunta legal presentada en la apelación es si el Gobierno federal puede negar subvenciones de dinero a autoridades de condados y estatales por su negativa de cumplir con las políticas migratorias de la Administración Trump sobre la retención de inmigrantes. Su respuesta es que sí, debido a que está establecido en las reglas.
“Esas condiciones de exigir a los solicitantes de subvención que certifiquen que (1) cumplirán con ley federal que prohíbe cualquier restricción en la comunicación de información de ciudadanía y estado extranjero con autoridades de inmigración federal… (2) proporcionar a las autoridades federales, sobre solicitud, las fechas de liberación de extranjeros indocumentados encarcelados; y (3) permitir el acceso de oficiales federales de inmigración a extranjeros ilegales encarcelados extraterrestres”, señala.
La jueza considera que las políticas locales deben empatarse con las federales, sobre todo cuando solicitan fondos federales con reglas específicas.
Citando una determinación del juez John Marshall de hace 200 años, la jueza Raggi señala que los estados no tienen poder para obstaculizar operaciones de corte federal.
El DHS ha intensificado su lucha contra ciudades santuario y desde comienzos de 2020 implementó una campaña para evidenciar a cuántos inmigrantes que cometieron algún delito habían sido liberados en estados como California e Illinois, además de aquellos que perdieron esta batalla legal.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, también confirmó el envío de agentes de élite de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para ayudar a oficialesde ICE en operativos especiales en esas entidades.
