Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción ha excluido a la comunidad lenca de Río Blanco y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), principales víctimas del denominado caso, Fraude sobre el Gualcarque, del juicio que se desarrolla contra 16 funcionarios públicos que se confabularon con empresarios para el otorgamiento del contrato y licencias ambientales del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca.
En conferencia de prensa desarrollada al mediodía de este lunes, 28 de septiembre el COPINH denunció la exclusión ilegal por parte de la Corte de Apelaciones, que les niega el derecho a la justicia, a la verdad y al debido proceso.
“Las comunidades y las organizaciones víctimas de los crímenes tenemos derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra vos a ser partícipes de la exigencia de los derechos”, señala el COPINH a través de un comunicado leído por la coordinadora general, Bertha Zúniga Cáceres.
El documento dice que la continuación del juicio sin la participación de las víctimas constituye una violación al derecho de la justicia y ante tal situación exige participar de manera directa.
Asimismo, sostiene que, para ser tomados en cuenta, en noviembre del 2019 el equipo legal del COPINH interpuso un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. La versión fue confirmada por el abogado Víctor Fernández, uno de los apoderados.
“Nosotros en representación del COPINH somos parte de la causa del Gualcarque”, dijo Fernández, declarando que el 2014 ellos presentaron cerca de 50 denuncias, incluida esa que fue investigada por la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH) y que involucra a distintos funcionarios en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos del pueblo indígena lenca.
Aseguró, que esa acción del COPINH fue la que permitió una investigación y la presentación del caso en los tribunales de justicia “Nosotros somos parte activa, porque el COPINH y el pueblo lenca han sido parte desde la denuncia”, insistió Fernández. Indicó, que el Código Procesal Penal, en su artículo 16 establece el derecho de las víctimas a constituirse como acusadores privados y querellantes en el proceso.
Fernández dijo que los delitos imputados a los 16 funcionarios vinculan al estado como víctima de la fe pública, pero que la víctima directa es el pueblo indígena lenca que no fue consultado ni reconocido en su reclamo sobre el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa, Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Según Fernández, cuando la MACCIH sacó el caso, el COPINH se constituyó como querellante o acusador privado y en la audiencia inicial, la defensa reclamó la participación del de este organismo y el juzgado de letras le permitió participar en calidad de víctima. Sin embargo, afirmó, que la Corte de Apelaciones en materia de corrupción los excluyó, a petición de la misma defensa.
Para él, la situación es absurda si se toma en cuenta la disposición establecida en el Código Procesal que habilita al COPÎNH como sujeto que ha sufrido los efectos de una estructura criminal formada por 16 funcionarios públicos. Sostuvo, que es un ambiente reiterativo, porque al inicio presentaron un recurso de revisión que lo revocó la misma Corte de Apelaciones. Y ese fue el motivo para irse en amparo a la Corte Suprema.
Explicó, que un recurso de amparo es una de las más urgentes emergencias que invoca la intervención inmediata para tutelar derechos de acceso a la justicia. No obstante, la Corte Suprema, admitido el recurso, pero sin suspender el acto reclamado que es la no continuación del juicio sin la participación de la acusación privada del COPINH y del pueblo lenca.
En la conferencia también participó la abogada Ingrid Figueroa de la Coalición contra la Impunidad y miembro de la Red de Derechos Humanos, quien respaldó la lucha del COPINH para garantizar el acceso a la justicia. Para ellas es inconcebible que la institucionalidad beneficie a los agentes públicos y privados retardando la búsqueda de justicia del pueblo lenca que ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos.
También cuestionó que al COPINH y a la comunidad de rio Blanco los excluyan de la administración del juicio en clara violación del derecho a la justicia, a la verdad y al debido proceso. Exigió una investigación acelerada de los hechos tal como lo hacen cuando se trata de enjuiciar a los defensores de los derechos humanos.
Entre tanto, Isabel Solís, quien forma parte de observación internacional, se mostró preocupada por las graves violaciones a los derechos humanos que se dan contra el pueblo lenca y manifestó que Honduras ya ha sido condenada internacionalmente 26 veces por violentar los convenios internacionales que obligan al Estado a respetar los derechos de los pueblos originarios.
“Nos preocupa el rechazo a la participación de las víctimas en este caso contra funcionarios públicos que es muy reiterada esta violación que es similar al caso de Berta Cáceres”, expresó Solís, quien además hizo un llamado para que el sistema de justicia revise sus resoluciones que han formado parte de una violación sistemática de derechos humanos.
Ella dice que los compromisos internacionales asumidos por el Estado deben de reflejarse en esos juicios penales porque el convenio 169 establece el procedimiento de consulta y no se puede imponer un proyecto en territorios indígenas.
El caso, Fraude sobre el Gualcarque, investigado por la UFECIC- MACCIH revela una fuerte evidencia probatoria de cómo los funcionarios públicos y empresarios se confabularon para que la empresa DESA fuera beneficiada en la concesión del proyecto, Agua zarca, pese a la falta de requisitos y graves violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de la comunidad indígena.
Los imputados por el Fraude sobre el Gualcarque son, el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, ex gerente y ex presidente de la junta directiva de DESA, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, José Javier Velásquez Rivera, Isaida Odilia Pinel y Julio Ernesto Eguigure Aguilar.
