Por: Redacción CRITERIO.HN
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En el marco de la pandemia del Covid-19, los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua aumentaron las violaciones de los derechos humanos, dispararon los índices de corrupción y acrecentaron la deuda pública, denunció este jueves, 13 de agosto, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, (ACAFREMIN).
ACAFREMIN es una asociación con asiento en Nicaragua y formada por veinticinco organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica. De Honduras se han unido a este organismo, el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC); la Fundación San Alonso Rodríguez, el Patronato Regional de Occidente, la Fundación Serso, el Movimiento Massvida y ASONOG.
En conferencia de prensa virtual, realizada en la mañana de este jueves, ACAFREMIN dejó claro que la respuesta de los cuatro gobiernos ante la crisis sanitaria se ha basado en la suspensión de derechos y garantías fundamentales, la exclusión y marginamiento de la sociedad civil, el incremento de la corrupción, el desmedido aumento de la deuda pública y en el retorno a de la intervención militar.
Y “bajo esa nueva modalidad reaparece el espectro de las viejas dictaduras en la región y las brutales violaciones a los derechos humanos”, señaló ACAFREMIN, en un comunicado de prensa.
Sobre el particular, Pedro Landa, representante del ERIC, adscrito a la compañía de los Jesuitas en Honduras, ratificó, que el régimen nacionalista de Juan Hernández ha utilizado la pandemia del Covid-19 para militarizar las comunidades, mantenerlas bajo su control y violentar los derechos humanos.
La presencia de militares y policías en el Bajo Aguán, Guapinol, reitoca y otras zonas con proyectos extractivos es permanente
Afirmó, que, con el pretexto de que los militares llevan ayudas, el gobierno envió al ejército a repartir las bolsas de alimentos y que derivado de eso se han producido situaciones graves, como el asesinato de Marvin Damián Castro, líder del Movimiento Ambientalista del Sur y la desaparición forzada de 4 líderes garífunas en la comunidad de El Triunfo de la Cruz.
Destacó, que también se ha producido una corrupción descarada y un pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno que, a través del Sistema de Gestión de Riesgos, mantienen colapsado al sistema sanitario nacional que por la precariedad no ha sido capaz ni de acercarse a la realización de las 2000 pruebas diarias para la detección del virus.
Condenó la sobrevaloración en la compra de los hospitales móviles, de los insumos de bioseguridad y la pérdida de 250 mil pruebas PCR para la detección del virus.
De igual manera cuestionó, la arbitrariedad del gobierno al poner en vigencia un nuevo Código Penal que incrementa las penas para defensores del ambiente y los comunicadores sociales, mientras que a los funcionarios corruptos y a los lavadores de activos se las rebaja.
Reveló, que aprovechando la pandemia del Covid-19, el gobierno nacionalista declaró que la minería es esencial para el desarrollo de Honduras y las autorizó a exportar minerales sin ningún control. “En este momento pueden estar llevando cualquier cantidad de minerales sin reportárselos al “Estado”, dijo Landa.
Amplió que en este momento las empresas pueden operar con solo la solicitud y que después pueden complementar sus expedientes y sostuvo, que los campamentos de minería permanecen militarizados, como es el caso de Guapinol, donde las patrullas circulan para que la gente no salga a las calles.
Nicaragua criminaliza la protesta
En la conferencia de prensa, también participó, Geysel Torres, representante de la sociedad civil de Nicaragua. Ella dice, que en ese país la situación es grave porque en el marco de la pandemia el gobierno mantiene militarizada a la sociedad y ha criminalizado la protesta social.
“Sumado a eso la pandemia ha agudizado los problemas para la defensa del territorio y de los derechos humanos”, expresó Torres. Agregó, que la crisis política y sanitaria y ha agudizado por la militarización y por el contagio del Covid-19.
Aparte, dijo que el gobierno sigue endeudando al país y que esos recursos en lugar de utilizarlos en programas de desarrollo humano los utiliza para políticas represivas en contra de la población y para favorecer a los empresarios.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. Foto: wikipedia
Pacto de corruptos
Según Julio González, de la organización, Madre Selva, de Guatemala, en ese país, el presidente, Alejandro , en alianza con 97 diputados del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, ha constituido un Pacto de Corruptos, que restringe derechos constitucionales mediante el estado de calamidad, toque de queda y estado de sitio por la pandemia del Covid-19.
Indicó, que las empresas mineras, agroexportadoras y comerciales, no fueron sometidas a permanecer en cuarentena, pero que, a los pueblos indígenas y a los campesinos, el gobierno no les dio tregua en cuanto a los desalojos y ataques a líderes comunitarios.
Denunció, que el régimen también ha arremetido contra las únicas dos instituciones que en Guatemala garantizan el estado de derecho, como son los cinco magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador de los Derechos Humanos, quienes se han opuesto a las leyes regresivas y en contra de los derechos humanos.
Gonzales dice que las oligarquías de ese país se han unido y están pendientes de no soltar las riendas del estado, porque es la forma de seguir haciendo negocios. Lamento, que, a casi 200 años de la supuesta independencia de Centroamérica, ninguno de los países ha resuelto el problema de la tierra y que esa situación provoca violaciones a los derechos humanos.
Sostuvo, que en Guatemala lo que predomina es un contexto de despojo y de explotación de los recursos, que genera más pobreza, más exclusión y más criminalización.
El Salvador incumple prohibición de la minería
Según Melvin González, en El Salvador la situación es similar a lo que ocurre en el resto de Centroamérica. Sostiene que ese país está en crisis por la calidad del agua, que en este momento de pandemia se vuelve más importante, “pero Nayib ha sido antagónico y no resuelve problemas que afectan a la población”, indicó.
Aseguró, que se ha registrado un desmantelamiento de la salud y de la seguridad social y que igual a lo que sucede en Honduras, se ha militarizado de la salud, la crisis del Covid-19 y la entrega de alimentos.
Cuestionó, que los destructores ambientales no están en cuarentena y continúan afectando el ambiente y la vida de las personas. “Hay una industria extractivista, como la caña de azúcar que destruye bosques, el agua y ellos siguen trabajando en la destrucción de los bienes naturales, mientras que la gente está encerrada a causa de la pandemia”, insistió González.
