Los jugosos salarios que devengan los altos funcionarios contrastan con la miseria que se vive en gran parte de los hogares hondureños
El gobierno anuncia un recorte de L.12,000 millones en el presupuesto nacional
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – Las mañanas, cómodamente sentado viendo noticias en la televisión, tomando el desayuno con huevos revueltos, frijoles y algún lácteo, tortillas o pan tostado y café, no han sido abandonadas por el presidente de Honduras, Juan Hernández, y muchos de sus íntimos colaboradores durante la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Tampoco han tenido que madrugar y salir a las calles obligados a trabajar por la necesidad de ganarse la vida y la de sus familias, expuestos a contagiarse de la enfermedad que una buena parte de hondureños han tenido que sufrir atendidos precariamente bajo carpas u hospitales desabastecidos de medicamentos, oxígeno y manómetros, en muchos casos perdiendo la vida.
Este escenario que sufre la población en el débil sistema hospitalario de Honduras es agravado por la denunciada corrupción en las compras del gobierno de hospitales, equipos de bioseguridad, kits de pruebas, ventiladores mecánicos y medicamentos que impidió fortalecer los nosocomios y centros de salud para enfrentar la pandemia con un menor número de muertes.
Solo en la compra de los 7 hospitales móviles, de los que apenas dos han llegado al país, la sobrevaloración en el costo de estos es estimada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en unos 813,429,650.00 lempiras (32,437,186.00 dólares), pues la compañía Vertisa que los construyó en Turquía los abría facturado en unos 14,925,314.47 dólares, unos 373,132.861.75, según una denuncia del organismo.
En las compras denunciadas como sobrevaloradas, especialmente de los hospitales en las que actuó como intermediario el guatemalteco Axel López, aparece como un “Lobo Solitario” el ex director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, pero una grabación de una llamada de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, que no le fue respondida, asegura que el presidente Hernández estuvo de acuerdo que todo lo que respecta a salud se comprara a través de esa institución.
El expresidente Porfirio Lobo en su cuenta de Twitter aseguró que la compra de los hospitales móviles es un robo descarado, por lo que no se ocupa de ninguna investigación, ni comisiones para llegar a esa conclusión. Según Lobo, Bográn “solo hizo el mandado”.
El Robo descarado de los Hospitales Móviles no ocupa mucha investigación, ni comisiones; es mas q’ sencillo entender q’ Bogran-InvestH, hizo el MANDADO y que los 1,200mill los entregan porq’ JOH dió la orden y claro q’ sabia todo.
El pueblo sufriendo y muriendo y JOH+40……….— Porfirio Lobo Sosa (@PEPE_LOBO) July 29, 2020
El abultado monto de los salarios y los privilegios de los que gozan los altos funcionarios en el ejercicio de sus cargos, los aleja del terror de tener que enfermar sin disponer de las condiciones de atención médica que les permita sortear con éxito este mal que ha contagiado a 40.944 y causado la muerte a 1.259, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
Hernández, que se contagió de la enfermedad, al igual que su esposa, Ana García, fue atendido en el Hospital Militar en el cual los mandos castrenses reservaron un ala del nosocomio para atender a la familia presidencial. Hernández no sufrió en este centro hospitalario las carencias de medicamentos, oxígeno, manómetros, tomógrafos, equipos de rayos equis y reactivos para exámenes, como le ocurre al resto de los hondureños cuando acuden a los hospitales púbicos.
El gobernante, señalado abiertamente por fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, devenga un salario mensual de 138,700.00 lempiras, por lo que sumando su décimo tercer mes y aguinaldo anualmente recibe 1,929,200.00 lempiras, según información publicada en la página de transparencia de la Casa Presidencial en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Pero funcionarios de otros poderes del Estado e instituciones, devengan salarios mayores que los del gobernante, que se aumentó su salario en 40,000.00 lempiras mensuales en su cuestionado segundo mandato a principios de 2018, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, que devenga 226,179.00 mensuales y el Fiscal General de la República, Fernando Chinchilla, que recibe mensualmente un salario de 233, 010.67 lempiras.
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El exdirector ejecutivo de INVEST-H, Marco Bográn, un colaborador de confianza de Hernández recibía 233,459.84 lempiras mensuales sumando anualmente 3,268,437.76, mientras Argueta devenga anualmente 3,166.506 lempiras y Chinchilla 3,262,149.38 lempiras. Claro sin incluir bonos y gastos de representación, según fuentes gubernamentales.
La bonanza salarial de la que gozan los altos funcionarios de gobierno, que les permite vivir la crisis de la Covid-19 sin mayores sobresaltos en su acostumbrada vida diaria, contrasta con la tragedia de casi medio millón de personas que fueron despedidos de sus empleos o suspendidos temporalmente y tal vez un millón de empleados informales dedicados a ventas en mercados, calles o pequeños negocios en barrios y colonias en ciudades y poblados rurales.
Centenares de personas familias completas ya piden alimentos y dinero en las calles y bulevares en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país, en un escenario que se prevé se agravará con el retroceso en la economía al registrarse en 2020 hasta mayo un Índice de Mensual de Actividad Económica (IMAE) negativo de 9.4 por ciento, frente a 2.4 por ciento en el mismo período de 2020.
Una contracción en la economía disparará la pobreza que aflige a un 62 por ciento de la población, un 39 por ciento en condición extrema y un 19 por ciento que viven en hogares con un ingreso per cápita de 25 lempiras por día o menos, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La situación de pobreza y la respuesta estatal ante las demandas de la población, se agravará aún más producto del impacto económico de la pandemia, pues desde ya las autoridades de la Secretaría de Finanzas han advertido un recorte en el presupuesto nacional de 12.000 millones de lempiras.
El lunes la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, detalló que la recaudación tributaria ha disminuido en 27.8 por ciento en relación con la meta establecida para este año, cifra que equivale a L. 15,553 millones menos en ingresos para el Presupuesto General de la República.
CARGA AGRAVADA POR CORRUPCIÓN
La pesada carga salarial para el pueblo hondureño, de los altos funcionarios de gobierno y poderes del Estado se agrava por la improvisación y corrupción del gobierno en la respuesta para enfrentar la pandemia del Coronavirus, denunciada por el CNA y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en la compra sobrevalorada de 7 hospitales móviles, mascarillas, ventiladores mecánicos, pruebas PCR y servicios de consultorías, dicen analistas.
La mayoría de la población sufre intensamente el producto de la denunciada corrupción y errática acción gubernamental en la gestión de la pandemia, al no haber aprovechado Hernández al menos tres meses previos y los casi cuatro meses que se paralizó casi totalmente el país en confinamiento para preparar el sistema sanitario para enfrentarla. Este tiempo fue utilizado para realizar las compras sobrevaloradas, dicen críticos de la acción de gobierno.
Las secuelas de la pandemia, no han sido manejadas adecuadamente por el gobierno ni en el plano de la salud ni en el económico, aunque Hernández y sus funcionarios ofrecen cada día interminables comparecencias y cadenas nacionales de radio y televisión presuntamente dando soluciones a la crisis que no llegan a la población.
Orlando Gudiel, es un joven capitalino que fue despedido del negocio de comidas rápidas Pizza Hut, debido a la crisis y la empresa le entregó un documento indicándole que podía acudir al Régimen de Aportación Patronal (RAP) para recuperar las aportaciones al sistema.
«Es una vil mentira, cuando usted va a Banrural a realizar el trámite, solo le dicen que lo van a llamar y al final nunca lo llaman», dice Orlando. Gudiel no es el único que pasó por esta situación, ya que varios de sus compañeros no recibieron ningún beneficio, pese a trabajar por varios años en la empresa.
Los sufrimientos de las familias que han perdido sus ingresos por despidos de empleos o imposibilidad de ejercer sus actividades de trabajo por el confinamiento se profundizan por la corrupción al no encontrar en el sistema sanitario un servicio eficiente para el tratamiento del coronavirus, ni las enfermedades crónicas que los afligen.
“El tema de corrupción nos tiene sumamente preocupados porque son miles de millones de lempiras. sobre los cuales hay dudas sobre el manejo, en este momento cada lempira cuenta para salvar vidas o salvar un puesto de trabajo», dijo a Criterio.hn, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Varquero.
El dirigente empresarial criticó la ineficiencia y “falta de honradez y transparencia” en la administración de unos 4,500 millones de lempiras destinados por el gobierno en gastos para enfrentar la pandemia.
Barquero abogó por que además de medidas de tipo fiscal que alivien la presión tributaria sobre los deteriorados activos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas golpeadas por el confinamiento, se reduzca en un 50 por ciento el salario de los funcionarios que devengan más de 75.000 lempiras.
“El pueblo hondureño y el empresariado nacional se ha estado sacrificando fuertemente, es hora que el gobierno también se sacrifique», comentó.
“QUERIDO MARCO”
Los episodios de corrupción denunciados por el CNA y ASJ, en la gestión de las compras de suministros para atender las secuelas sanitarias de la pandemia, pesan hasta ahora únicamente sobre Marco Bográn, que es investigado por el Ministerio Público por presunto fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en la denunciada compra sobrevalorada de los hospitales móviles y otras adquisiciones.
Pero la ministra de Finanzas Rocío Tábora, en una llamada telefónica a Bográn no respondida, le dice al exfuncionario que el presidente Hernández está de acuerdo que todas las compras en el área de salud las ejecute INVEST-H y le asegura además que ella tiene fondos externos adicionales para que realice otras adquisiciones.
“Buenos días, querido Marco. Este…mire, acabo de hablar con el presidente. Yo le propuse que todo lo que son insumos y temas vinculados al tema de salud… todo, todo, todo lo compremos a través de INVESTy me dijo que si”, dice la ministra en la llamada revelada por radio América, suministrada por algún interesado en que Bográn no cargue con toda la responsabilidad en la denunciada sobrevaloración de las millonarias compras.
Tábora le dice que no se quiere que haya “dispersión” en las compras y “tener los insumos a tiempo” y que “tengo otros fondos externos listos” para otras adquisiciones. “Pues esa es la instrucción del presidente, estoy tocando base con usted”.
En otra grabación divulgada también por radio América, Tábora le dice a Bográn, que no responde la llamada, que: “mire vamos a comprar pruebas rápidas, pero las vamos a comprar con usted a través de INVEST. Esto ya lo hablé con el presidente y … pues se lo dejo aquí para que avancemos lo más rápido posible”.
Bográn realizó desde el cargo de director ejecutivo de INVEST-H, al menos unos 2,002.9 millones de lempiras en compras, unos 80,484 millones de dólares, según información pública.
Mientras Orlando Gudiel, no pudo recibir el pago de sus aportaciones que pensaba atender por unos días la manutención de su familia, los funcionarios de gobierno siguen devengando abultados salarios, además de gastos de representación y viáticos.
Entre los funcionarios mejor pagados de la administración de Hernández, se encuentra también el gerente actual de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Gerardo José Murillo, con 245,750.00 lempiras mensuales. También la presidenta del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda, (BANPROVI), Mayra Roxana Falck Reyes, con 227,845.78 lempiras.
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Uruguay, México, Costa Rica, Ecuador y Paraguay son algunos de los países de América Latina que anunciaron congelar y reducir los salarios más altos de las administraciones estatales. En Honduras, la petición sigue presente ante las autoridades que se niegan a dejar sus comodidades para aportar a las poblaciones más vulnerables.
Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, una reducción salarial entre los altos funcionarios debe andar entre un 50 y 60 por ciento para los que devengan entre 120.000 y más de 200.000 lempiras.
Advirtió que la medida de reducción salarial deberá mantenerse mientras persista la crisis económica y presupuestaria para redestinar esos recursos a atender a las familias más golpeadas por la pérdida de puestos de trabajo formales e informales.
Los de abajo piden reducción de salarios para los de arriba
Desde la perspectiva de Jorge, un emprendedor que tiene un negocio de venta de ropa masculina en el Mercado Zonal Belén de Comayagüela, la crisis económica generada por la pandemia es el momento propicio para reducirles los salarios a los altos funcionarios del gobierno, en quienes el Estado destina gran parte del presupuesto que se logra con la captación de los impuestos que él y los demás hondureños pagan de manera directa e indirecta.
«Es necesario y urgente que les rebajen el sueldo a todos» (los funcionarios). Además que estos presten más atención y escuchen las propuestas derivadas de los sectores informales, ya que gran parte de la economía del país se sostiene por los que menos ganan, pero son los que más pagan, dice con vehemencia.
CRÉDITO FRACASADO
Los publicitados planes de crédito a través del Banco de la Producción y Vivienda (BANPROVIH), con tasas de 8.7 por ciento, para que micro, pequeña y mediana empresa o explotaciones agrícolas, incluso de cultivo de café, han fracasado debido a que no son sujetos de crédito en la banca o están en la central de riesgo, dicen participantes de estos sectores.
Sara Valladares, una mujer de 38 años, residente en el Valle de Amarateca, cercano a la capital, prepara jalea de mango y a diario, aunque no le corresponde su salida a la calle por el último dígito de su identidad, sale hacia Tegucigalpa a vender su producto, muchas veces caminando y otras veces de jalón en la paila de vehículos que vienen a la capital.
Esta pequeña microempresaria, que no dispone de crédito, se arriesga a diario a ser detenida por la policía para poder sostener a cuatro hijos y su madre anciana, mientras el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, con un salario de 252,816.00 lempiras mensuales, capta al año 3,539,424.00 lempiras, un monto con el que se podría financiar decenas de micro y pequeñas empresas.
El vital sector cafetalero para la generación de empleo y divisas para la economía y en que las condiciones de los productores ya estaban bastante complicadas antes de la crisis provocada por la pandemia, por los bajos precios de los últimos 5 años, las plagas que han afectado al rubro el publicitado crédito de gobierno, sería vital para continuar su actividad, pero tampoco tiene acceso a los créditos.
Dabogerto Suazo, presidente de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, asegura que no se ha logrado acceder a créditos bancarios porque la mayoría de los productores no tienen acceso al sistema financiero formal por no contar con las garantías que estos solicitan o porque están en la Central de Riegos.
Esta situación los obliga a depender de los prestamistas no formales a tasas de usura y también a vender las cosechas por adelantado a un precio muy por debajo de lo que se debería pagar.
