Tegucigalpa.- Diversos sectores de sociedad civil concuerdan que la tarea más difícil que asumirá la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, será la lucha para combatir la corrupción y reducir los niveles de impunidad que agobian a la nación centroamericana.
Según cifras del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) junto con el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), cada año se pierden por concepto de corrupción alrededor de 3,000 millones de dólares (65 mil millones de lempiras) que representan más del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
Además, según el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el 93% de los sindicados en corrupción por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) han sido puestos en libertad o con medidas distintas a la prisión.
La comisión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), desplegó 13 casos de corrupción en los que involucró a 133 personas, de los cuales, 63 fueron absueltos de las acusaciones, cuatro están prófugos, dos murieron y dos fueron condenados en los Estados Unidos, reflejando así el alto grado de impunidad.
Para el reconocido abogado, Josué Murillo, la tarea más difícil que enfrentará el nuevo gobierno será enfrentar la corrupción y reducir la impunidad temas que le pasaron factura en las elecciones de noviembre al conservador Partido Nacional.
“La corrupción está tan arraigada en todo el andamiaje estatal, la lucha contra la corrupción va a ser una de las tareas monumentalmente grande, una de las tareas más difíciles que va enfrentar Xiomara Castro, para eso el primer paso importante es a quién pone a cargo de las secretarías de Estado, la honorabilidad que tengan estas personas”, expresó.
Murillo considera importante revertir las malas decisiones durante los últimos ocho años y realizar auditorías a las instituciones estatales y promover la lucha contra la corrupción junto con sectores de sociedad civil apostando por la comisión internacional anticorrupción que prometió Castro y que espera el pueblo de Honduras.
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LA ESPERANZA DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN
En el Plan de Gobierno de Castro, en el punto 3, se compromete con una lucha frontal contra la corrupción e impunidad apostando por la instalación de una comisión internacional pero esta vez auspiciada por las Naciones Unidas (ONU) y no la (OEA) organismo internacional que señala como cómplice de extinguir la MACCIH.
Gustavo Irías, director del Cespad y coordinador de la Coalición Anticorrupción, la llegada del nuevo gobierno “llena de esperanza” a la ciudadanía, en especial, por la promesa de luchar contra los flagelos de la corrupción e impunidad para construir un país diferente.
Irías, es del criterio que, con una vez Castro asuma el poder, pondrá fin a los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional revestidos y cobijados de vínculos con la corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada.
Misma valoración tiene el titular del Fosdeh, Mauricio Díaz, quien señala que se debe identificar el impacto y las medidas sociales y económicas que implementó el gobierno del mandatario saliente Juan Orlando Hernández.
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FACCIÓN DE PASTORES DE SAN PEDRO SULA EXHORTA COMBATIR CORRUPCIÓN
Contrario a los llamados de pastores evangélicos vinculados al gobierno de Hernández, el presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula, Ángel Alfredo Andrade, confía que la situación de país cambiará al mando de una mujer que combatirá la corrupción.
“Todos estamos con la buena expectativa que las cosas irán para bien, eso espera cada uno de los que votaron. Una primera mujer gobierna nuestro país, eso es importante. El pueblo hondureño está cansado de la corrupción y la impunidad dos factores que han hecho daño, creemos que el gobierno tiene la gran probabilidad de combatir la corrupción”, manifestó.
La esperanza de los sectores de sociedad civil y de la misma población yace en la instalación de una comisión internacional con mayores facultades que la fenecida MACCIH esto a causa del deterioro y desconfianza que generan las instituciones estatales persecutoras del delito permeadas también de corrupción.
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