Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -Después de tres días de seguimiento de la reanudación de las audiencias de la etapa de conclusiones en el caso Fraude sobre el Gualcarque se han llevado a cabo desde el martes 21 y se extenderán hasta este viernes 24 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el pueblo Lenca exigen al Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declarar culpable a los seis acusados.
Durante la semana del juicio, el Tribunal de Sentencia evacuará la prueba pericial presentada por el Ministerio Público en el informe de vinculación criminal presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción está obligado a evacuar medio de prueba que había declarado inadmisible, luego que Corte de Apelaciones y la Sala de lo Constitucional confirman que no admitirlo violenta el principio de igualdad, el debido proceso y las normas esenciales del procedimiento.
Desde la cuenta de Twitter del Copinh detallaron cuáles son las pruebas que demuestran el Fraude sobre el Gualcarque en el que presentaron documentos, pericias y testimonios evacuados se probó la autoría criminal de las 6 personas implicadas en el otorgamiento de licencias y concesiones del río Gualcarque en la comunidad lenca de Río Blanco.
Entre las pruebas presentadas por Copinh fundamentan que durante el tiempo que David Castillo fungió como coordinador de gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) creó la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el año 2009 a través de dos testaferros empleados suyos de la empresa DIGICOM: Roberto Abate y Yovani Abate.
Entre los años 2008 al 2011 David Castillo contrató a la abogada Karla Aguilar Rodríguez para tramitar la contrata de aguas, estudio de factibilidad y licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) para la empresa DESA.
De igual manera, se demostró que David Castillo proporcionó para la realización de trámites de permisos, un documento de compraventa de terreno para el proyecto Agua Zarca con vendedor José Rigoberto López Ponce y clave catastral AGC-25, ni la persona ni la clave existen.
Otro de los hechos probatorios presentados por Copinh señala que David Castillo proporcionó para la realización de trámites de permisos, un documento de compraventa de terreno para el proyecto Agua Zarca con vendedor José Rigoberto López Ponce y clave catastral AGC-25, ni la persona ni la clave existen.
Además, argumentan que DESA presentó su estudio de factibilidad del sitio del río Gualcarque, solo 24 horas y 5 minutos después de que las autoridades ambientales otorgaron permiso para realizarlo. Dicho estudio era una réplica del estudio de la ENEE al que tuvo acceso Carolina Castillo.
También, proporcionaron la declaración del perito forestal y ambiental del ICF, Jorge Romero Santos, quien aseguro que en 2011 realizó informe en el que expuso a la SERNA que el proyecto Agua Zarca tenía un déficit de caudal y no podría operar los primeros 7 meses del año. Aún así, SERNA emitió Licencia.
En el comunicado emitido por el Copinh tras culminar el proceso de juicio iniciado en agosto de 2022, y haber evacuado decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias, se ha demostrado sin lugar a duda la responsabilidad penal de las 6 personas imputador la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado en el otorgamiento de licencias y concesiones del río Gualcarque en la comunidad lenca de Río Blanco.
En el juicio se demostró que todos los delitos se realizaron en una articulación criminal y corrupta de funcionarios del Estado para beneficiar a la empresa DESA creada por David Castillo y posteriormente de la familia Atala Zablah, en violación de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Se estableció claramente que la constitución de dicha empresa y sus actuaciones fueron abiertamente corruptas con el objetivo de obtener millonarios financiamientos internacionales.
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POBLADORES DE RÍO BLANCO EXIGEN JUSTICIA
Lideres de la comunidad Lenca se trasladaron desde La Esperanza, Intibucá en el occidente del país, hasta el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción ubicado en la capital de Honduras, para exigir justicia y castigo a los culpables.
La lideresa del Copinh en la comunidad de Río Blanco, Rosalinda Domínguez, dijo que hay una comunidad entera que está esperando en justicia y ellos seguirán el juicio esta que se dé una condena ejemplar a los implicados en el caso.
Domínguez explicó que, son al menos 10 comunidades lencas son las afectadas por la construcción de la hidroeléctrica, pues estas poblaciones dependen del río.
Detrás de estos lideres Lencas esta un pueblo entero que pide a las autoridades hacer justicia y no permitir que los sagrados recursos naturales, de los que por muchas generaciones ellos han sido sus guardianes, sean robados por intereses económicos de unos pocos que se quieren apoderar.
La comunidad de Río Blanco espera la condena de los imputados, quienes se encargaron de realizar todo el trabajo para el otorgamiento de las licencias y concesiones sobre el río Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) está directamente ligado a la lucha de la lideresa lenca, Berta Cáceres, quien fue asesinada por oponerse al mismo el 2 de marzo de 2016 y hasta el día de hoy no se ha logrado hacer justicia.
De interés: A siete años de su asesinato, lucha por justicia para Berta Cáceres sigue viva
RETRASO DE JUICIO
Por más de siete meses estuvo en suspensión, el juicio Fraude sobre el Gualcarque, luego que este fue suspendido el 22 de agosto del año pasado en la etapa de conclusiones.
El juicio fue interrumpido por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción después que la Corte de Apelaciones resolvió, el 15 de agosto de ese año, favorablemente la admisión de un medio de prueba que fue interpuesto por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público.
Cabe recordar que el caso ha sufrido varias demoras, ya que, la acusación inicial fue presentada el 4 de marzo de 2019 contra entonces 16 funcionarios y exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado en el otorgamiento de licencias y concesiones del río Gualcarque en la comunidad lenca de Río Blanco.
Sin embargo, en noviembre de 2021, el Poder Judicial decretó la apertura del juicio solo con seis de los dieciséis funcionarios y funcionarias inicialmente implicadas en el caso. Los imputados actuales son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda.
