Durante el 2024, el Gobierno emitió al menos diez decretos ejecutivos (PCM) que habilitaron compras y contrataciones directas en distintas instituciones del Estado.
Entre 2023 y 2024, el Gobierno aprobó más de una decena de PCM que habilitaron contrataciones directas en sectores clave como salud, infraestructura, seguridad y agricultura, bajo el argumento de atender emergencias sanitarias y climática
Tegucigalpa, Honduras. -En Honduras, las declaratorias de emergencia suelen venir acompañadas de la autorización para realizar compras y contrataciones directas de bienes y servicios, una práctica que ha sido duramente cuestionada por abrir espacios a la opacidad y la corrupción.
El más reciente, PCM 29-2025, autoriza a varias dependencias estatales a efectuar compras y contrataciones directas durante 45 días debido a la emergencia provocada por las intensas lluvias que han azotado varios departamentos del país.
Entre las instituciones facultadas en el decreto ejecutivo se encuentran laSecretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), laSecretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)y laSecretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
El decreto permite la contratación directa de bienes y servicios, una figura que en teoría busca agilizar la atención a emergencias, pero que en la práctica ha sido utilizada en el pasado para desviar fondos públicos, como ocurrió con la compra irregular de hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 13, numeral 9, exige que todas las instituciones del Estado publiquen los contratos, procesos de adquisición y declaratorias de emergencia en sus portales de transparencia.
De igual manera, la Ley de Contratación del Estado, en su artículo 63, regula los procedimientos y casos para autorizar compras o contratación directa de bienes y servicios. Asimismo, ordena la publicación de todo el proceso para garantizar la rendición de cuentas y prevenir irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, aunque ambos marcos legales son supervisados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la práctica demuestra que muchas dependencias no suben los documentos a la plataforma HonduCompras, lo que impide verificar cómo y a quién se adjudican los fondos públicos.
Esa falta de cumplimiento no es nueva. Durante las emergencias por los huracanes Eta e Iota, y la pandemia de COVID-19, se detectaron varios casos de corrupción asociados a compras directas bajo el argumento de atender con rapidez la crisis sanitaria.
Uno de los casos más emblemáticos es el millonario fraude en la compra de siete hospitales de emergencia sobrevalorados y de mala calidad durante la pandemia de COVID-19.
La adquisición fue realizada por el director Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, declarado culpable de fraude y sentenciado a más de 10 años de prisión por la compra de las unidades médicas.
En ese caso también se condenó al exgerente administrativo de InvestH, Alex Moraes, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
GOBIERNO APROBÓ 10 DECRETOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN 2024
Durante el 2024 se aprobaron al menos diez decretos ejecutivos (PCM) que habilitaron la contratación directa en distintas dependencias del Estado, la mayoría bajo el argumento de atender emergencias naturales, sanitarias o institucionales.
El año inició con el PCM 01-2024, publicado el 5 de febrero, mediante el cual se agilizó el desarrollo del Complejo Científico Industrial de Honduras (COCINH / LAB-HONDURAS). El decreto facultó a la SIT para realizar compras y contrataciones directas de obras, consultorías y equipos especializados.
Criterio.hn realizó un análisis y encontró que el PCM 35-2024, por ejemplo, declaró un estado de emergencia por 30 días debido a la Tormenta Tropical Sara. Este decreto facultó a la SIT, FHIS, Sedesol, Copeco, la Secretaría de Seguridad, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Sedecoas y la Secretaría de Defensa (Sedena) para ejecutar compras directas en obras, alimentos, medicinas y otros insumos para asistir a los damnificados.
Este medio digital revisó el portal de Honducompras y el Portal de Transparencia del IAIP para identificar las compras y contrataciones directas que el Gobierno realizó con el fin de asistir a las personas afectadas por la Tormenta Tropical Sara en 2024.
En esa búsqueda se encontró que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) publicó dos procesos de contratación directa, aunque solo uno fue adjudicado. La compra de filtros purificadores de agua fue declarada fracasada, mientras que la adquisición de kits de alimentos básicos sí fue adjudicada.
Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias 911 llevó a cabo tres compras directas: una para 100 canastas de alimentos destinadas a Choluteca, otra para 100 cajas de alimentos que serían entregadas en Tela, Atlántida, y una más para la renta de cuatro fletes utilizados en el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por la tormenta en Choluteca.
Además, se encontró un proceso para la contratación de una empresa para supervisar proyectos para la atención de afectaciones ocasionadas por la Tormenta Tropical Sara en cuatro municipios de La Paz. El mismo fue adjudicado a Ditop S. de R.L.
Otro decreto, el PCM 41-2024, estableció un estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional hasta el 31 de diciembre de 2025. En él se autorizó a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario a realizar contrataciones directas de bienes, insumos, equipamiento, remodelaciones y obras relacionadas con el funcionamiento de los centros penales.
El decreto ejecutivo 42-2024, faculta a la Secretaría de Salud a realizar comprar directamente insumos, equipos y medicamentos, con la condición de que se garantice la transparencia y la participación de veedurías sociales.
Ese mismo mes, el PCM 33-2024 intervino el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y autorizó a su Comisión Interventora a ejecutar compras directas de bienes, servicios, medicamentos, auditorías y consultorías, con el argumento de garantizar su funcionamiento.
El PCM 32-2024 respondió a un ataque cibernético contra el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Se declaró el estado de emergencia tecnológica y se autorizó la adquisición directa de equipos, software, servidores y cortafuegos por un monto de 20 millones de lempiras.
De ese presupuesto, 11.3 millones de lempiras se destinaron a la compra de equipo de cómputo y 8.6 millones a aplicaciones informáticas, según el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta.
Por otro lado, los PCM 29-2024 y 34-2024, declaran una emergencia sanitaria nacional por el gusano barrenador del ganado y la otra por plaga de la langosta voladora centroamericana, en ambos se autoriza a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) a efectuar compras directas durante 180 días para contener la plaga.
Por otra parte, el PCM 08-2024 creó la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), bajo la Presidencia de la República, con independencia técnica y administrativa. Su presidente ejecutivo fue facultado para firmar contratos mediante contratación directa.
Vea: Gobierno de Honduras construirá megaproyectos recurriendo al uso de compras directas
Durante 2023, el Poder Ejecutivo de Honduras emitió una serie de decretos bajo la figura de PCM, mediante los cuales declaró distintos estados de emergencia y autorizó contrataciones directas a varias instituciones públicas. Estos decretos, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, abarcaron desde la atención a crisis alimentarias y sanitarias hasta la modernización de equipos policiales y la reparación de infraestructura dañada por fenómenos naturales.
Uno de los decretos más relevantes fue el PCM 31-2023, que declaró emergencia alimentaria en todo el país. Este instrumento facultó a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para realizar contrataciones directas de granos básicos, con el fin de garantizar el abastecimiento alimentario nacional.
En la misma línea, el PCM 10-2022, prorrogado por el PCM 05-2023, extendió la emergencia alimentaria declarada desde 2022, autorizando al IHMA a realizar compras directas de maíz tanto a nivel nacional como internacional. Con ello, el Gobierno buscó contener los efectos del alza de precios y la escasez de granos básicos, una situación que afectó a miles de familias en las zonas rurales del país.
El PCM 50-2023 declaró emergencia por 45 días en varios municipios afectados por fenómenos atmosféricos, y autorizó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) a contratar directamente bienes y servicios para reparar la red vial. Además, se asignaron 198 millones de lempiras para las obras, de los cuales 30 millones serían ejecutados a través de alcaldías municipales. También se facultó a Sedesol, Copeco y Sedecoas a destinar fondos propios —25, 25 y 120 millones de lempiras, respectivamente— para atender los daños.
Por otra parte, el PCM 48-2023 declaró emergencia sanitaria en el sistema público de salud, autorizando contrataciones directas para construir y equipar hospitales en Ocotepeque, Salamá (Olancho) y Santa Bárbara. En paralelo, el PCM 53-2023 prorrogó la emergencia sanitaria para 2024, manteniendo la posibilidad de compras y contrataciones sin licitación, bajo el argumento de agilizar los procesos en el sector salud.
Otro decreto, el Acuerdo Ejecutivo 245-2023, otorgó al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, la potestad de realizar contrataciones directas para adquirir equipo tecnológico especial para la DIPAMPCO, así como vehículos blindados, sistemas balísticos, repuestos para helicópteros y mobiliario policial.
Según el documento, el objetivo era modernizar los sistemas de análisis e inteligencia de la Policía Nacional y garantizar el funcionamiento de sus instalaciones. Con este decreto se realizó la compra directa de 10 black mamba y sistemas de inteligencia a dos empresas con socios israelíes.
Mientras que el PCM 43-2023 permitió a la Cancillería de Honduras adquirir de forma directa los materiales necesarios para garantizar la participación de Honduras en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), celebrada en noviembre en Shanghái, China.
Finalmente, el PCM 52-2023 facultó al entonces subdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte —hoy ministro de Finanzas—, a realizar contrataciones directas para renovar el soporte de infraestructura de la firma electrónica y adquirir licencias y software financieros.
Con este conjunto de decretos, el Gobierno de Honduras en 2023, 2024 y 2025 concentró buena parte de las decisiones de gasto bajo la modalidad de contratación directa, una práctica que genera preocupación entre especialistas en transparencia debido a los riesgos de opacidad y corrupción.
