Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Tras revocar el sobreseimiento por el delito de privación injusta a la libertad, el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa celebró hoy audiencia en contra de los y las 19 estudiantes universitarias que en 2017 fueron criminalizadas por la defensa de la educación superior pública del país.
Cuatro años atrás, la judicialización de los y las compañeras se produjo en un contexto de fuerte represión contra el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), por parte de las autoridades de la UNAH, quienes recurrieron a la prohibición de manifestaciones y al uso desmedido de las fuerzas represivas del Estado, así como de miembros de la seguridad privada para dar persecución y reprimir de forma violenta a los y las estudiantes que defendían el derecho a la educación y al ejercicio pacífico de la protesta; así mismo, se interpusieron acciones penales con el objetivo de desarticular y deslegitimar a las organizaciones estudiantiles, señala la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
El 24 y 25 de mayo de 2017 los estudiantes del MEU se tomaron las instalaciones del edificio administrativo y fueron rodeados por los guardias de la universidad quienes después acusaron a los estudiantes de haberlos secuestrado y de haber dañado el edificio universitario.
Los 19 estudiantes fueron acusados por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por el Ministerio Público de dos delitos: Daños en contra de las instalaciones universitarias y privación de la libertad en contra de los guardias universitarios.
Noticia relacionada Autoridades de la UNAH expulsan por cinco años a 19 estudiantes
Ese mismo año se les dio carta de libertad por el delito de privación de la libertad en contra de los guardias porque se demostró que en ningún momento los secuestraron, “al contrario fueron ellos los que se encapucharon y que nos lanzaron gas pimienta y nos encerraron”, dijo Nancy García, a la sazón estudiante de periodismo.
Hoy los y las estudiantes continúan enfrentando la criminalización de sus luchas ante un proceso penal carente de pruebas que pretende responsabilizarles por la privación de la libertad de elementos de la seguridad universitaria y por supuestos daños a la propiedad por unos 640 mil lempiras, cifra que se presume sobrevalorada, ha señalado la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Este martes han acudido a una nueva audiencia ya que la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo que se les dio el año 2017 y para comunicarles que se les ha abierto un nuevo proceso por los dos delitos.
Ahora irán a un juicio oral y público por los delitos y las autoridades judiciales les manifestaron que pueden conciliar con la UNAH y asi evitar ir a juicio, relató García a Criterio.hn.
Los y las estudiantes tienen hasta el 7 de junio para conciliar con las autoridades universitarias, quienes alegan que los jóvenes deben más de un millón de lempiras en daños que causaron al edificio administrativo de la UNAH.
García recordó que la universidad borró las grabaciones de las cámaras de seguridad y presentaron los supuestos daños sin tener evidencias y con costos muy elevados de los supuestos daños.
