Consultas Amañadas

Por: Edmundo Orellana Mercado

Se  pretende  instrumentalizar  la  Corte  Suprema con  esa  consulta  del  legislativo.

Buscan  que  ésta  les  dé  la  razón,  declarando  que  el  Poder Judicial  es  un  Poder Constituido. ¡Claro que lo es! Y ahí está la trampa.

Es un Poder Constituido que se pronunció sobre la pretensión de los demandantes de  la  inconstitucionalidad  de  la  Constitución.  Esa  sería  la  respuesta.  En  caso  de fuera  un  asunto  estrictamente  jurídico,  pero  resulta  que  ya  no lo  es.  Lo  era, mientras  lo  planteaban  los  que  accionaron  la  inconstitucionalidad.

Ahora  el  tema es estrictamente político. Se trata, en efecto, de decidir si van o no al plebiscito. Y en temas políticos, según la Constitución, es el TSE el competente para decidir u opinar,  no  la  Corte,  a  la  que  expresamente  prohíbe  opinar  sobre  proyectos  de orden político.

Si la Corte opina estaría violando la Constitución, cuestión que en Honduras no es importante,  ciertamente.  Pero  sentaría  un  infortunado  precedente,  porque,  en adelante,   la   Corte   Suprema podría   convertirse   en   el   consultor   político   del

Congreso  Nacional,  el  que  no  dudaría,  por  supuesto,  en  seguir  enviándole consultas.  De  evacuar  la  consulta,  entonces,  estaría  permanentemente  en  el centro de las  contiendas  político-  partidistas,  degradando  aún  más  la  deteriorada imagen del Poder Judicial.

Los  políticos  son  matreros  y  no  les  importa  a  quien  arrollan  en el  camino  para encontrar lo que favorezca sus posiciones. El problema en este caso, es que están involucrando a la institución que provee seguridad jurídica, que todavía no acierta a salir de la podredumbre en que la sumergió los que manipulaban el Consejo de la Judicatura, que, por cierto, aún gozan de impunidad.

Seguridad  jurídica  cuya  calidad  está  bajo  supervisión  estricta  de  la  comunidad internacional,  por  comprobarse que  el  sistema  de  justicia  en lugar  de  suministrar seguridad jurídica, proveía impunidad. Para quien lo dude, debe tener presente las razones por las que la MACCIH fue instituida.

Una variable más a tomar en cuenta en este vergonzoso asunto, son los fondos de la  Alianza  para  la  Prosperidad,  que no vendrán  al  gobierno  hasta  que  éste demuestre transparentemente que su sistema de justicia ya no provee impunidad.

¿Cómo pretenden convencer a la comunidad internacional que nuestro sistema de justicia  ha  cambiado,  si lo  utilizan  para  fortalecer  posiciones político- partidarias?

Que  poca  inteligencia  exhiben  nuestros  políticos.  No  parece  que fueran  políticos urbanizados,  oxigenados  con  los  aires  de  la  globalización. Nada  parecidos  a  los de  antaño,  que  si  se  preocupaban  por  no  involucrar  en  cuestiones  estrictamente político-  partidistas  al  Poder  Judicial.  Y  éstos  eran,  en  su  mayoría,  rurales, dedicados   a   la   agricultura   y   a   la   ganadería,   aunque   fueran   profesionales universitarios.

Los  responsables  no  son  ellos,  sin  embargo.  Somos  nosotros.  Porque  votamos por  ellos.  Es  más,  los  votamos  varias  veces,  pese  a  su  pésimo  desempeño.  Es, pues, evidente que nos los merecemos.