La Constitución de la República establece que Luis Redondo deberá continuar en su cargo durante todo el período constitucional
egucigalpa.- A excepción de un escenario en que la Sala de lo Constitucional se pronuncie en contra de la legalidad de la Junta Directiva del Congreso de la República, no existe ningún motivo que impida que el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, se mantenga en su cargo hasta el 23 de enero de 2026.
En días recientes, acontecimientos como la ruptura de la alianza parlamentaria entre Libertad y Refundación y Partido Salvador de Honduras (PSH), así como el distanciamiento de Redondo con su propia bancada -la del PSH-, han generado un ambiente de incertidumbre en torno a cuál será el futuro del presidente del Legislativo.
A pesar de ello, la Constitución de la República, en su artículo 195, establece que el presidente del Congreso durará en su cargo durante cuatro años a partir de su juramentación, independientemente de su partido político o de rupturas de alianzas parlamentarias.
El debate se genera, sobre todo, en un contexto en que todavía se discute la legalidad de la presidencia de Luis Redondo, así como del resto de cargos directivos, una situación que algunos sectores aseguran que se resolvió desde que el conflicto político a lo interno de Libre se dirimió el 8 de febrero de 2022. Sin embargo, los principales grupos de oposición, encabezados por el conservador Partido Nacional, insisten en que el asunto debe ser trasladado de lo político a lo jurídico.
ASUNTO QUE QUEDÓ EN EL PASADO
Luis Redondo, del PSH, fue juramentado como presidente del Congreso de la República con polémica. El 21 de enero de 2022, cuando en medio de vicios de nulidad se instaló una Junta Directiva Provisional encabezada por Jorge Cálix, de Libre, un grupo de diputados fue tildado de “traidores” por la entonces presidenta electa, Xiomara Castro, quien siempre reconoció a Redondo como único titular del Legislativo.
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El asunto se complicó cuando dos días después, el 23 de enero de 2023, dos juntas directivas en propiedad fueron juramentadas. Una tomó promesa de ley a Luis Redondo, en el Hemiciclo legislativo, y otra hizo lo propio con Jorge Cálix en el complejo turístico Bosques de Zambrano. La situación generó una crisis legislativa sin precedentes: dos Congresos de la República. Uno se reunía en el Palacio Legislativo y otro lo hacía a través de la virtualidad.
El conflicto se dirimió, finalmente, el 8 de febrero de 2022 durante una reunión entre el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y el congresista de ese partido, Jorge Cálix. Al día siguiente, el 9 de febrero de 2022, todas las bancadas se integraron a las sesiones y reconocieron a Luis Redondo, y a su Junta Directiva, como autoridad legislativa. Ello, no obstante, dio vida a resquebrajaduras a lo interno de la bancada de Libre, donde un sector continúa sin reconocer, en su totalidad, a las actuales autoridades del Congreso.
Además de ello, la bancada del Partido Nacional, que entre 2010 y 2022 controló el Congreso de la República, les ha exigido una ratificación, es decir, someter a votación a la Junta Directiva. Algunos analistas aseguran que esto podría contener, intrínsecamente, una intención de postular otra Junta Directiva y retomar el control del Legislativo.
AMBIENTE DE CONFUSIÓN
En días recientes, esos grupos supuestamente interesados en sentarse en la Junta Directiva del Congreso han intensificado su discurso de desconocer la legalidad de las actuales autoridades, insistiendo en que debe ratificarse, y que para ello necesitarán los votos de todas las bancadas, incluidas las de los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal.
De igual modo, las más recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el nacionalista Rolando Argueta, han aumentado el ambiente de incertidumbre que rodea al Congreso de la República. Argueta, instrumento del régimen de Juan Orlando Hernández, habría dicho que la Sala de lo Constitucional admitió dos recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva del Legislativo.
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No obstante, una fuente de entero crédito dentro del Poder Judicial indicó a Criterio.hn el 24 de octubre que la Sala solo ha admitido recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto de amnistía, aprobado el 3 de febrero de 2022 bajo las actuales autoridades del Congreso, y que ninguno de ellos es exclusivo contra la Junta Directiva.
A inicios de año, la Sala de lo Constitucional había desestimado recursos de inconstitucionalidad contra ambas directivas, la de Jorge Cálix y la de Luis Redondo. El mensaje había sido claro: en un asunto político, no jurídico.
DISIDENCIA CONTINÚA VIVA
Otros diputados de Libre, como el disidente Marco Eliud Girón, ignorando la Constitución de la República han dicho recientemente que Luis Redondo, si busca mantener la presidencia, debe pasarse a Libre. Girón fue uno de los diputados de Libre que negoció con los líderes del Partido Nacional para mantener, al frente del Legislativo, una estructura corrupta que gobernó ese poder del Estado entre 2010 y 2022.
“Luis Redondo se ha quedado solo, sin bancada, sin partido, y una forma de mantenerlo presidiendo el Congreso es que se una a las filas de Libre, y así las bases de Libre podrían salir a defenderlo en un hipotético caso en que la Sala de lo Constitucional declarase ilegal a la Junta Directiva”, expresó Girón.
Luis Redondo, escuetamente, atribuyó las declaraciones de Girón a “noticias falsas”.
Aun con lo expresado por Marco Eliud Girón, la Constitución de la República es clara. “El presidente del Congreso ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y será el presidente de la Comisión Permanente”.
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A pesar de que Luis Redondo se ha distanciado de la bancada del PSH, por seguir la lógica parlamentaria que sintoniza al Ejecutivo y al Legislativo, en su partido lo respaldan. En comunicación con Criterio.hn, el jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez, declaró que “la ratificación del resto de la Junta Directiva va a depender de los diputados del Congreso y, por consiguiente, intentar remover a Luis Redondo es un golpe de Estado que, además, puede una ruptura constitucional, dejando acéfalo al Legislativo. Eso es lo que no queremos, aunque sí es muy posible que haya intenciones de desestabilizar al Gobierno de Xiomara Castro por esa vía, la de intentar dar un golpe al Legislativo”.
El PSH conserva dos cargos directivos, las vicepresidencias de Fátima Mena e Iroshka Elvir, cargos que ante el divorcio de Libre y PSH sí corren riesgo, sobre todo, de cara a la elección de las nuevas autoridades de la Junta Directiva -salvo el presidente-, que se realizarán el 25 de enero de 2024.
Otros analistas, como Armando Orellana, han desacreditado cualquier intención de destituir a Luis Redondo de su titularidad en el Congreso. “De momento no hay nada que pueda remover a Luis Redondo de la presidencia, que solo podría ocurrir con una nueva elección de la Junta Directiva, a orden expresa de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, constitucionalmente Luis Redondo debe conservar la presidencia durante los cuatros años”, explicó el sociólogo y profesor universitario a Criterio.hn.
