Tegucigalpa.- La derogación de la actual Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se mantendrá estancada debido que las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional no lograron acuerdos para aprobar la nueva normativa que envió el Poder Ejecutivo, por el contrario, apuestan a cambios que serán sometidos a consideración de la presidenta Xiomara Castro.
La presidenta se ve obligada a convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad invocando la ley vigente considerado un mecanismo perverso que otorga poderes omnímodos a la figura del presidente y que subyuga al Poder Legislativo, Judicial y al Ministerio Público, esto debido que el proyecto de ley que envió no tuvo el respaldo de al menos 65 de 128 diputados que conforman el Congreso.
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La justificación del gobierno es que varias instituciones que dependen del Consejo de Defensa y Seguridad se encuentran sin funcionamiento y requiere de manera inminente ponerlas en funcionamiento por lo que pretendían que la nueva ley propuesta desde el Ejecutivo se aprobara en un único debate sin ser consensuado con el Partido Liberal, Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional mantiene reuniones con las fuerzas políticas que se oponen a varios artículos de la nueva normativa pactando no someter a discusión ningún proyecto de ley referente al mecanismo de defensa y seguridad mientras se presenta un nuevo dictamen con ajustes que deberá ser valorado por la presidenta.
El tercer y último debate para aprobar la propuesta del gobierno se estancó pese que se tenía programado realizarse esta semana, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, reveló que, tras una larga jornada, se concretó que junto con el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal consensuarán e introducirán cambios.
“Hemos llegado a un pacto de caballeros y damas en el sentido que ninguna de estas fuerzas políticas va a presentar un nuevo proyecto de ley. Le damos la oportunidad a Libre para que nuestros cambios, a través de la comisión, se presenten a la presidenta para que los estudie”, añadió.
El PSH demanda que se elimine la subordinación de poderes al otorgarse atribuciones de la presidenta a la figura del secretario ejecutivo y secretario adjunto que promueve la normativa.
“Queremos una ley que no sea para determinado partido… La derogación de la ley vigente de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad debe ser un hecho. El PSH está de acuerdo en derogarla. Con esta nueva ley que presentó la presidenta, nosotros estamos haciendo sugerencias porque sí se necesita una nueva ley, pero no como está presentada en el Congreso Nacional en este momento”, declaró el jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez.
Agregó que tampoco pueden aprobar una nueva ley sin discusión y escuchar la postura de sociedad civil al tiempo que cuestiona se nombra un director ejecutivo que “es como un gerente general y no establece qué requisitos tendrá, por eso queremos ponerle requisitos”.
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UNA COPIA DESDE MÉXICO
Las autoridades del Partido Liberal, en conferencia de prensa, aseguraron que el proyecto de ley del Ejecutivo es una copia en más del 60% de la ley mexicana de defensa, los rojiblancos presentarán un nuevo proyecto que acoplaron con la propuesta oficialista.
“Nosotros no hemos hecho un proyecto para maquillar un dictamen, hemos hecho un proyecto encaminado a tratar de resolver el problema para acoplarlo con el dictamen que, de una u otra manera, le va a traer beneficios a este gobierno y principalmente al país”, arguyó Mario Segura jefe de bancada del Partido Liberal.
Los liberales expusieron que contrastaron el proyecto del Ejecutivo con la Constitución y leyes secundarias como la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, sostuvieron reuniones con el PSH en la que coincidieron y básicamente van en la misma dirección.
Señalaron que el 61% del proyecto es copia de una ley mexicana de defensa y por eso aseguran que hay incongruencias que “son inaceptables” sugiriendo que el canciller no debe integrar el Consejo de Defensa y Seguridad y añadiendo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas quien no forma parte de los integrantes pese a ser parte del alto mando militar.
“El asesoramiento, planificación, coordinación y supervisión en materia de defensa compete a las Fuerzas Armadas que estaban fuera del Consejo”, dijo el diputado Mauricio Villeda.
Sobre la figura del secretario ejecutivo y secretario adjunto reprochan que tenga atribuciones por encima de la propia presidenta, además que no hay especificaciones de las características y límites que debe tener esta figura.
Exigen que estos cargos no sean integrados por personas que hayan tenido doble nacionalidad o una nacionalidad distinta a la hondureña por tratarse de un tema de seguridad nacional.
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Asimismo, solicitan garantías de libertad de emisión del pensamiento, libertad de prensa, la inviolabilidad de las comunicaciones personales y a la vez garantías que las personas puedan gozar de privacidad en temas de comunicación.
Por su parte, el congresista Marlon Lara, advierte que, si el Partido Libre no acepta las sugerencias propuestas por la bancada liberal, “entonces seguirán votando en contra de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.
Contrario, la bancada del Partido Nacional cierra filas y piden la derogación total de la normativa vigente conjuntamente eliminar el artículo 287 de la Constitución de la República que establece la creación del mecanismo regulado por una ley especial.
Cabe señalar que, mediante Decreto Legislativo 239-2011 se aprobó la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad puesta en marcha por el régimen de Hernández soslayando la independencia de poderes constituyéndose como el estamento legal de una narco dictadura que cooptó las instituciones del Estado.
Este jueves 1 de septiembre, la presidenta Castro volvió a convocar con la ley de Hernández a los integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad luego del primer intentó que fracaso porque el presidente de la Corte Suprema y del Congreso Nacional se encontraban fuera del país mientras el fiscal general se excusó.
