Siguiendo el estilo del expresidente Juan Orlando Hernández, el gobierno de Xiomara Castro ha aprobado nuevas medidas de seguridad en Honduras a través del CNDS
Tegucigalpa, Honduras. – A pesar de las críticas en años anteriores y de las promesas de derogación, la presidenta Xiomara Castro continúa implementando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNSD) en su gestión en Honduras.
El CNDS ha sido criticado por violar la independencia de poderes, ser una práctica autoritaria, representa una amenaza contra la seguridad del Estado y promueve la opacidad y la secretividad.
Según profesionales del derecho, el Consejo viola la separación de poderes establecida por la Constitución de la República, transfiriendo estas atribuciones al presidente. Aunque en el gobierno de Xiomara Castro se prometió derogar esta práctica, hasta la fecha no se ha llevado a cabo, y su uso se ha vuelto común.
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SE SIGUE IMPLEMENTANDO EL CNDS
El viernes 14 de junio, la presidenta Xiomara Castro anunció a través de cadena nacional las 14 resoluciones adoptadas como parte de la segunda fase del “Plan de Solución contra el Crimen” durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
En la comunicación oficial se detallaron resoluciones que deben ser implementadas por los tres poderes del Estado, la fiscalía y otras instituciones responsables de la seguridad en Honduras.
Según profesionales del derecho, este acto vulnera la independencia de poderes, ya que tanto el Poder Judicial como el Legislativo quedan subordinados al ejecutivo, es decir, a la presidenta Castro.
El abogado y analista, Raúl Pineda Alvarado, afirmó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) es un proyecto que atenta contra la independencia de los poderes del Estado. Además, señaló que este órgano se utiliza como un escudo para validar acciones contrarias a la ley.
Pineda Alvarado explicó que, aunque el CNDS fue concebido como una figura constitucional para situaciones de emergencia, ha sido distorsionado por los mandatarios a lo largo del tiempo.
INTENTOS FALLIDOS DE DEROGAR
Tras el ascenso de Castro al poder, hubo dos intentos para derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). El primero ocurrió en mayo de 2022, con un proyecto de derogación del Consejo presentado por la diputada del Partido Liberal (PL), Maribel Espinoza.
El segundo intento tuvo lugar el 22 de agosto de 2022, a través de un proyecto de ley para reformar la legislación que rige dicho órgano. Esta propuesta fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional (CN). Aunque meses después se sometió a discusión, hasta la fecha no se ha llevado a cabo un tercer y último debate.
Los intentos de derogación están alineados con el compromiso de la presidenta Xiomara Castro de eliminar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la misma promesa la reafirmó su sobrino político y secretario de Defensa, José Manuel Zelaya.
Sin embargo, hasta la fecha, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sigue vigente según la normativa creada durante el mandato de Porfirio Lobo Sosa. Además, continúa utilizándose de la misma forma que lo hacía el exmandatario Juan Orlando Hernández.
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CONSEJO USADO PARA IMPLEMENTAR PRÁCTICAS CORRUPTAS EN SEGURIDAD
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se creó en 2011 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), conforme al artículo 287 de la Constitución de la República, que autoriza la formación de este órgano y la promulgación de una ley especial para regular su organización y funcionamiento.
Posteriormente, el decreto 239-2011, que estableció el Consejo, se mantuvo vigente y fue utilizado por su sucesor, Juan Orlando Hernández (2014-2018), también del Partido Nacional (PN).
Durante esos 12 años, el Consejo se empleó para prácticas corruptas, especialmente en materia de seguridad, tomando decisiones que condujeron a la militarización y a la asignación de grandes sumas de dinero a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.).
Asimismo, apoyó a otras instituciones como la Policía Nacional de Honduras y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNI) en proyectos como la construcción de cárceles, la adquisición de software de intervención y el manejo de la Tasa de Seguridad.
Esta última ha sido fuertemente cuestionada por su vinculación con actos de corrupción, según investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y una reciente denuncia del secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, sobre el manejo fraudulento de fideicomisos a través de la Tasa de Seguridad.
De hecho, el exdirector de la Tasa de Seguridad durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, Francisco Roberto Cosenza, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de febrero por su presunta responsabilidad en la conspiración para cometer delitos de lavado de activos y su participación en transacciones de bienes provenientes de actividades criminales.
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INCONGRUENCIA
Al respecto de dicho órgano la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, señaló que resulta incongruente que el actual gobierno esté utilizando una figura tan criticada en el pasado, refiriéndose al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Según Mena, este consejo está operando de manera que viola el principio de separación de poderes, al subordinar a distintos poderes del Estado a la voluntad del poder ejecutivo cuando estos deberían ser independientes de la cadena de mando de la presidenta de la República
“Estoy a favor de la coordinación entre los poderes del Estado y otras instituciones para la toma de decisiones. Sin embargo, esto debe ocurrir al mismo nivel y no bajo el mando del ejecutivo, que es precisamente como está diseñado el CNDS”, manifestó la congresista.
