Conozca el trafico de armas en Honduras

Tomado de InSightCrime

Escrito por Steven Dudley*

El tráfico de armas en Honduras es difícil de controlar. Esto se debe en gran parte a que el ejército, importador exclusivo del país, y la Armería, el único vendedor de armas, no divulgan la información públicamente. La falta de transparencia también se extiende a las empresas de seguridad privada, que no tienen que revelar información sobre sus compras, y a las cuales se les ha otorgado gran flexibilidad con respecto a las armas que pueden poseer. Como se señaló al inicio de este estudio, la policía, que es la encargada de realizar el registro de las armas, normalmente tiene dificultades para hacer el seguimiento de lo que ha confiscado. Las reservas de la policía también son vulnerables, como se demostrará más adelante en este informe.

Las municiones presentan estos mismos problemas. Hasta hace poco parecía haber mucha laxitud en la manera como se entendían y se hacían cumplir las leyes sobre municiones. Los hondureños podían comprar municiones para armas de alta potencia en las principales tiendas por departamento del país. Aunque al parecer se están corrigiendo estos defectos, sigue habiendo un activo mercado negro de municiones, muchas de las cuales al parecer son vendidas por miembros activos y retirados de las fuerzas de seguridad y otras personas que tienen acceso a grandes cantidades de municiones.

Pérdidas de las reservas del ejército

El ejército tiene el control sobre muchas de las armas; sin embargo, poco se sabe sobre de su sistema regulatorio, los casos de pérdidas de existencias, o sus mecanismos de control interno. Aunque existe información sobre el total de armas importadas (vea la tabla abajo), las fuerzas armadas son renuentes a divulgar información sobre el número, el tipo y el calibre de las armas que poseen, así como sobre la cantidad de municiones en su poder. InSight Crime y ASJ intentaron obtener esta información de parte de los militares hondureños mediante un derecho de petición, pero dicho intento fue en vano. El ejército aludió a razones de «seguridad» como justificación para no divulgar la información. 

En su informe sobre Honduras, la ATF señaló otras contradicciones en la legislación sobre armas de fuego, respecto a los mecanismos de control por parte del ejército, lo que al parecer está literalmente por encima de la ley en cuanto a sus reportes sobre existencias de municiones, explosivos y armas, entre otros artículos. «La base de datos de balística no contiene información sobre armas de fuego pertenecientes a las fuerzas militares o de seguridad, pero la Ley de Armas de Fuego sí exige que el ejército mantenga un registro diario especial sobre sus armas de fuego y los inventarios de municiones, que también se divulga en su ley orgánica», dice el informe de la ATF. «Sin embargo, la Ley de Armas de Fuego no incluye disposiciones pertinentes sobre el control de los inventarios para las fuerzas de seguridad pública […] En los estatutos antes mencionados también faltan los requisitos sobre el marcado de las armas de fuego».

Es por eso que quizá no es sorprendente que no haya habido investigaciones oficiales extensas o supervisión sobre las importaciones del ejército o sobre sus existencias de armas y municiones. Como se señaló anteriormente, entre estas existencias se encuentran armas incluso de los años ochenta, cuando el país recibió cientos de millones de dólares en ayuda y equipos militares de Estados Unidos. Y si no se dispone de ningún registro de las importaciones del ejército o de informes sobre sus existencias de armas, resulta imposible entender la magnitud de las ventas ilegales de armas y municiones que vienen de las fuerzas armadas. Sin embargo, los ejemplos que se señalan a continuación evidencian que es un problema constante.

(Arma marcada con las iniciales de las Fuerzas Armadas de Honduras, que fue confiscada

por las autoridades en una escena de crimen. Fotografía: Steven Dudley)

La vulnerabilidad de los arsenales militares de Honduras se remonta a por los menos hace una década. De los 3.000 fusiles AK-47 que fueron entregados al gobierno como parte de una amnistía en 2003, los funcionarios sólo pudieron dar cuenta de 1.615 en el año 2011, y esos pudieron haber sido reunidos en una amnistía posterior.

En el mayor caso de infiltración de las existencias del ejército hasta la fecha, en el año 2004 la policía incautó un alijo de armas militares en Choloma, Cortés, que según los informes estaban destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El alijo contenía 163 M16, 26 AK-47, 11 M60, 4 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL), 9 lanzagranadas, 5 lanzacohetes (RPG por sus iniciales en inglés), 54 cajas de municiones de diferente calibre y 374 cartuchos de M16 y AK-47. Uno de los presuntos traficantes, Pedro García Montes, fue asesinado en Colombia en 2004.El entonces ministro de Seguridad de Honduras Óscar Álvarez le dijo al diario La Tribuna que García Montes había intercambiado armas por drogas con las FARC. (Otras fuentes le dijeron a la prensa que García Montes hacía parte de un cartel de la droga colombiano). Álvarez añadió que la gran cantidad de armas de fabricación estadounidense llevaron a las autoridades a creer que la fuga surgía de las existencias de armas de fuego que se remontan a los ochenta.

«Sabemos que en el país hay muchas armas de origen soviético de la época de la Guerra Fría en las décadas de los setenta y los ochenta», dijo. «Pero en este lote se encontraron más de 150 fusiles M16, lanzagranadas M203, ametralladoras M60 y cinco lanzadores de cohetes antitanque, tan nuevos como si acabaran de salir de la fábrica, y todos ellos hechos en Estados Unidos».

En un caso más reciente, que se presentó más o menos en 2010, el MP abrió una investigación por el robo y la reventa de 22 (RPG). Las armas y municiones fueron robadas de una base logística, como lo descubrió un tribunal militar, aunque el sargento acusado negó cualquier conocimiento del robo o de la reventa. Las granadas, o «papayas» como se les llama en el mercado negro, pudieron haberse vendido por unos US$7.000, según un exfuncionario militar consultado para este estudio. Si se incluye el lanzador —como al parecerse hizo—, el precio podría haber llegado incluso a los US$25.000. Según los informes, los registros de este caso fueron «congelados» por ese tribunal, pero por lo menos un oficial militar fue condenado a arresto domiciliario.

No ha habido ningún caso divulgado públicamente desde entonces, pero al parecer hay funcionarios y exfuncionarios militares que continúan activos en lo que sigue siendo un próspero mercado negro. El mismo exfuncionario del ejército consultado para este informe reveló qué parte de estas ventas se realizan a través conexiones individuales por teléfono. La fuente le mostró a InSight Crime y a ASJ mensajes telefónicos que él había intercambiado con antiguos compañeros —tanto retirados como activos—, sobre armas y municiones. En uno de esos mensajes, «un amigo» —que según la fuente era exmilitar—estaba vendiendo una Glock 19, un arma se vende en Estados Unidos por cerca de US$600, pero cuyo precio de venta en Honduras era de US$3.500.

Otro mensaje comienza así:

Vendedor: Estoy vendiendo un AR-15

Fuente: ¿Foto y cuánto cuesta?

Vendedor: Y municiones M16 [que también sirven para AR-15]

Vendedor: US$2.500

Vendedor: una cartuchera completa [1.000 balas]

Fuente: Mándame una foto para poder coordinar con la gente que pueda estar interesada

(El vendedor le envía una fotografía; ver abajo)

                                              (Fotografía, enviada por mensaje de texto, de un rifle de asalto AR-15 para la venta)

Quizás el único mercado más vibrante que el de las pistolas y las armas de asalto sea el de municiones. El exmilitar que sirvió de fuente nos mostró a los investigadores de InSight Crime y ASJ un mensaje de otro «amigo» (un militar activo, según dijo) que le preguntaba acerca de posibles compradores para unas 10.000 unidades de balas de calibre 5,56mm (utilizadas para fusiles de asalto AR-15 y M16, entre otros). Se pedía un precio de 10 lempiras (unos US$0,50) por bala, por lo que este paquete de municiones quedaba con un valor de mercado de cerca de US$5.000. Según la fuente, la fuga de estas municiones se relaciona en parte con la falta de controles en los entrenamientos militares. Sencillamente, durante los entrenamientos militares no hay regulaciones para el uso de las municiones.

«Uno saca 10.000 unidades y utiliza 5.000», dijo. «Quién va a saber lo que harás con las otras 5.000?».

Y no solo son los cuarteles, también está el suministro de armas de la Armería. Como se indicó anteriormente, la Armería es el único distribuidor con licencia para negociar armas en Honduras. Se desconoce exactamente cuántas armas vende la Armería, pues no hay datos oficiales sobre esto, y cuando se hizo un derecho de petición, el ejército respondió que no podía proporcionarle esa información a InSight Crime y ASJ, debido a «razones de seguridad nacional».

Sin embargo, durante una entrevista, los funcionarios de la Armería le dijeron a InSight Crime y ASJ que ésta había vendido «casi 200.000 armas» en sus 42 años de existencia. Esto coincide con lo que los representantes de la Armería le dijeron a ATF en 2010 —que habían vendido 6.000 armas en 2009 y un total de 160.000 a ese momento. La Armería importa armas de México y Brasil, entre otros países, pero le dijo a la ATF en 2010 que no había importado armas de la Unión Europea o de Estados Unidos desde el año 2002. Los representantes de la Armería declararon que ellos creían que aquello contribuyó al alto volumen de armas estadounidenses traficadas en el mercado negro.

Este mercado negro, como le dijeron los representantes de la Armería a InSight Crime y ASJ, redujeron el balance final con respecto a las ventas de armas. Dijeron que las ventas fueron el 30 por ciento de lo que fueron en 2008. Sin mostrar ningún informe como soporte, los representantes insistieron en que la mayoría de las armas que la Armería vende son «revólveres», como los Taureg y Armscor y «escopetas de calibre 12», como la Remington y Mossberg, de las cuales 70 por ciento son vendidos a empresas de seguridad privada. Los representantes dijeron que la Armería establece estrictos requisitos para las empresas privadas que intentan comprar armas por encima de lo que la ley exige, como el hecho de solicitar ver documentos que demuestren su constitución legal como empresa.

A pesar de las prohibiciones sobre armas que requieran balas calibre 5,56 y 7,62 mm, la Armería todavía vende estas municiones o variaciones de las mismas. Las balas de 0,223 mm disponibles en la Armería, por ejemplo, sirven para rifles de asalto AR-15 y M16, que son ilegales para los civiles en Honduras. Vienen en cajas de 50 y tienen un precio de 802,70 lempiras, cerca de un  37 por ciento superior al precio en el mercado negro mencionado anteriormente para las de calibre 5,56 mm. Los representantes de la Armería dicen que quienes compran Ruger Mini-14 buscan balas calibre 0,23 mm. Pero cuando InSight Crime visitó un almacén de la Armería, el vendedor dijo que la Armería ya no las tenía para la venta, y dijo además que tampoco vendía armas compatibles con balas de 7,62 mm, aunque le mostró al investigador una caja de 20 que tenía un precio de 626,75 lempiras. Los representantes de la Armería insisten en que la gran mayoría de las municiones que venden son balas calibre 0,22, que se utilizan para los rifles de caza, que, según ellos, venden en grandes cantidades.

Las ventas de la Armería son la segunda fuente de ingresos más importante para el Instituto de Previsión Militar (IPM). Al parecer, el hecho de que los militares dependan de las ventas de armas para financiar su sistema de pensiones los estaría incentivando para vender más, con el fin de aumentar los fondos de las pensiones. Esto es particularmente preocupante dada la falta de transparencia con respecto a las importaciones, las ventas y sucesivas medidas regulatorias en torno a la administración de las ventas de armas y municiones.

Es más, es desconcertante que los representantes de la Armería insistan en que no están obligados a informarle al Registro Nacional de Armas de la policía sobre todas las armas vendidas, y que de hecho no lo hacen. Esto contradice lo que los representantes de la Armería le dijeron al ATF en 2010, cuando afirmaron que la Armería registraba sus ventas «diarias y mensuales» a los representantes del registro nacional. El único período en el que dijeron que esto no ocurrió fue cuando hubo, según el informe de la ATF, un «asunto contractual con la empresa que ofrecía apoyo» para el registro.

Aun así, los funcionarios de la Armería insisten en que ellos van más allá de sus deberes. Dicen que no tienen que exigirles a los compradores que presenten una verificación de antecedentes penales; que no tienen que garantizar, utilizando la información de su base de datos, que ningún individuo posea más de cinco armas; y que no tienen que controlar la reventa de municiones asegurándose de que los individuos no se abastezcan de balas en sus almacenes. A pesar de esto, dicen que hacen todo esto y mucho más.

Sin embargo, sus esfuerzos no evitan que las armas lleguen a manos criminales. Los representantes del Ministerio Público estiman que el 20 por ciento de las armas que le confiscaron al grupo Valle Valle en 2014 había sido adquirido en la Armería. Y añadieron que Luis Valle, uno de los líderes del grupo, había adquirido un arma en la Armería y que la tenía inscrita en el Registro Nacional de Armas de Fuego.

Policía: inventarios, incautaciones y reventas

La policía también parece ser una fuente de armamento para el mercado negro, como lo ilustra el caso en contra de las fuerzas especiales conocidas como Las Cobras a continuación. Así como en el caso del ejército, el problema comienza con la falta de transparencia. Los inventarios de la policía, así como las compras de armas y su almacenamiento, no están disponibles públicamente. La policía registraba sus armas en el precursor del Registro Nacional de Armas de Fuego, pero no lo ha hecho desde que el registro fue creado en 2002. Además, también ha dejado de hacer seguimiento a las armas que registró durante ese período.

Las armas emitidas por la policía están registradas en inventarios en cada estación de policía. Sin embargo, no se sabe que exista ninguna base de datos centralizada del armamento de la policía, sus municiones u otras armas. En otras palabras, si las autoridades recogen balas o armas en una escena de crimen, al hacer el cruce con la base de datos IBIS o con el registro no se obtiene ningún resultado. Lo mismo ocurre con las armas emitidas por el ejército.

Además, la policía tiene una manera muy informal de administrar las armas que confisca. Según el inspector que administra el depósito central de armas confiscadas por la policía, cada comando de la policía tiene un lugar donde guarda las armas que confisca durante seis meses, después de los cuales las envía a su oficina. Esto se hace para «darles a los dueños la oportunidad de que las reclame», presumiblemente mediante la presentación de la documentación necesaria. (Este procedimiento recuerda el comentario de la ATF acerca de que pocas personas, o quizá ninguna, son procesadas por cargar armas de manera ilegal). Obviamente, esta manera de administrar conlleva numerosos problemas, sobre todo se tienen en cuenta las acusaciones de corrupción en la policía.

(Principal unidad de almacenamiento de la policía en Tegucigalpa. Las armas han

permanecido en este depósito durante años. Fotografía: Steven Dudley)

La bodega de la policía tiene entre 3.000 y 4.000 armas, dijo el inspector. La policía dijo que habían destruido aproximadamente 3.155 armas en los últimos tres años —cerca de 700 de ellas son de fabricación casera, y el resto son «no funcionales»—. En 2014, la policía destruyó además 20 de los 1.615 fusiles AK-47 que había recibido durante una amnistía en el año 2010, dijo. Cuando se le preguntó por qué no había destruido más AK-47, dijo que no se había hecho porque la policía no cuenta con un claro protocolo para la destrucción de las armas. Señaló además que el primer lote de 20 armas había sido destruido sin ningún protocolo porque allí estaban presentes grupos de la sociedad civil, representantes de la Iglesia y el embajador de Estados Unidos, entre otras personas.La máquina utilizada para ello, donada por Estados Unidos para destruir las armas incautadas, permanece actualmente en un cuarto vacío. (Vea abajo).

(Máquina donada por Estados Unidos para destruir las armas incautadas en 

Honduras, mayo de 2015. Fotografía: Steven Dudley)

Incluso quienes han pedido a la policía que destruya las armas que ya no necesitan han tenido dificultades. En 2014, una de las principales compañías de suministro de pollos a nivel regional, Pollo Rey, le pidió a la policía que destruyera 52 armas que ya no estaban en uso. Pero las armas fueron almacenadas en un cuarto vacío durante meses, mientras la policía ajustara su protocolo, según dijo el inspector de policía.

No es de extrañar, entonces, que muchas armas del mercado negro provengan de la policía. En el más reciente caso, en agosto de 2013 el Ministerio Público abrió una investigación sobre una unidad de fuerzas especiales de la policía conocida como Los Cobras, con respecto a la desaparición de 300 fusiles FAL y 300.000 unidades de balas de 5,56 mm de las reservas en agosto de 2011. En una investigación sobre este caso, El Heraldo señaló que las armas fueron transportadas mediante una operación “hormiga» (es decir, separadas en pequeños lotes) hasta Guatemala, donde fueron vendidas a la organización criminal Los Zetas.

Otros casos muestran un modus operandi similar. En 2007, unas 186 armas «desaparecieron» de Armería de Las Cobras. En 2011, la policía informó acerca del desmantelamiento de un grupo criminal que fue encontrado con cuatro armas del mismo tipo de las que habían sido robadas a Las Cobras, pero nunca se confirmó si los números de serie coincidían con los de las armas robadas en 2007. Y en el año 2011 se informó que 80 armas habían sido «robadas» del Instituto Técnico Policial en la ciudad de La Paz. No está claro si la Fiscalía investigó el caso.

Las empresas de seguridad privada

La industria de la seguridad privada ha crecido considerablemente en Latinoamérica en los últimos años. Esta es notoriamente opaca e inestable, lo que dificulta la recolección de datos, pero desde alrededor de los noventa el crecimiento anual de este sector en la región ha sido de al menos el 10 por ciento anual. En 2007, por ejemplo, Honduras tenía 116 empresas de seguridad registradas con 20.000 empleados y otras 284 empresas no registradas con cerca de 60.000 empleados. Hacia 2013, había 709 empresas de seguridad privada registradas con aproximadamente 70.000 empleados, cerca de dos veces el tamaño del ejército y la policía de Honduras juntos. Y en 2017 había un estimado 1.038 empresas.

Por múltiples razones, la explosión de la seguridad privada ha abierto una puerta para el comercio de armas del mercado negro. En primer lugar, las operaciones de seguridad privada requieren muchas armas. Según la policía, representan hasta el 20 por ciento de la cantidad total de armas registradas, lo que quiere decir que son más de 100.000 armas. El equipo policial encargado de este registro está conformado por 23 inspectores en Tegucigalpa y otros 10 en San Pedro Sula. Los funcionarios ubicados en la capital le dijeron a InSight Crime y ASJ que ellos hacen inspecciones «a diario», y que salen de Tegucigalpa cada dos semanas para inspeccionar las empresas ubicadas por fuera de la ciudad. Aunque esto puede ser verdad, sería imposible que los 33 inspectores inspeccionen debidamente las 700 empresas de seguridad privada en un período de tiempo adecuado.

En segundo lugar, hay poco consenso sobre las leyes relativas a las armas que pueden poseer las empresas. Cuando InSight Crime y ASJ visitaron la unidad de policía que fue creada para supervisar el armamento de las empresas de seguridad privada, recibió tres respuestas contradictorias sobre si estas empresas podían tener rifles de asalto AR-15: un representante dijo que era legal hasta que la última amnistía terminó el 31 de diciembre de 2015; otro dijo que sólo era legal si la empresa había obtenido el permiso especial del Ministerio de Seguridad o del jefe de la policía; y un tercer funcionario dijo que era ilegal.

La realidad es que las empresas —tanto las empresas con ánimo de lucro como las que se llaman «sin ánimo de lucro»— tienen armas que son técnicamente ilegales. Esto se ha dado como resultado de «malentendidos» en la ley, por infracciones o por corrupción. Un ejemplo reciente de esta confusión ocurrió en Olancho en mayo de 2015, cuando las autoridades confiscaron 15 armas, algunas de las cuales eran ilegales según la ley, una granada y otra artillería militar en la capital de la provincia de Olancho, Juticalpa. Los propietarios de estas armas, entre ellos el alcalde de Juticalpa, Ramón Sarmiento, dijeron que tenían permisos para tener las armas.

Ramón Sarmiento es sobrino de Ulises Sarmiento, también conocido como «Don Liche», un ferviente partidario del Partido Libre, cuyos presuntos vínculos con el crimen organizado han sido señalados en el pasado. En 2009, tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, la casa de Sarmiento fue atacada por hombres que llevaban armas automáticas de alta potencia, lo que en ese momento muchas personas describieron como parte de una constante lucha entre grupos del crimen organizado. El hijo de Ulises, Rafael Sarmiento —quien desea llegar al Congreso en representación del Partido Libre— le dijo a InSight Crime, durante nuestra visita poco después del ataque, que éste hacía parte de una batalla política que se estaba librando en el país.

De hecho, se cree que muchas de estas empresas de seguridad son presuntos frentes de grupos del crimen organizado. La Fiscalía General dijo que el grupo Valle Valle tenía una empresa de seguridad privada, que era utiliza por el grupo para comprar armas en la Armería. Otro traficante, José «Chepe» Handal, era propietario de una empresa de seguridad privada, Honduras Security, que traficaba armas de alto calibre. El hijo de un poderoso empresario y político del mismo nombre, Handal, en cierto momento llegó a tener más de una docena de guardaespaldas armados con armas de asalto de alta potencia.

En tercer lugar, estas empresas de seguridad privadas son en gran parte dirigidas y conformadas por expolicías y exmilitares. Los miembros retirados de las fuerzas de seguridad tienen fuertes redes dentro de los agentes en servicio, quienes les pueden conseguir armas y municiones de manera ilegal, bien sea incautadas o adquiridas legalmente. Esto es evidente en las activas y cerradas redes que se analizan en otras secciones de este informe. Si a ello se suma la falta de transparencia por parte de la policía y el ejército acerca de sus propias adquisiciones e inventarios, así como la falta de control en cuanto a las armas incautadas, entonces se hace evidente el posible ingreso de armas en el mercado negro.

Finalmente, a pesar de las leyes en torno a las empresas de seguridad privada, estas suelen operar de manera bastante informal. En algunos casos, su personal no está sujeto a una verificación de antecedentes rigurosa y exhaustiva. Por ejemplo, la policía dice que la falta de información sobre el personal nuevo —que afectaría la capacidad del Estado para verificar los antecedentes criminales de los empleados— es una de las transgresiones más comunes de las empresas de seguridad privada. La policía dice que las empresas lo hacen para evitar impuestos y cobros por las licencias. Sin embargo, estas compañías tienen claramente otros incentivos para no hacerlo, como el de evitar tener que informar sobre la historia criminal de cada guardia.

Por otro lado, muchos guardias no reciben una formación adecuada ni pago por su trabajo. Su falta de formación y las condiciones de trabajo deficientes e inseguras, los hace susceptibles a la presión de los grupos criminales, en particular de las pandillas, para que les den o les vendan sus armas a estos grupos. En algunos casos, quienes se oponen son víctimas de violentas represalias. Pero dada la baja remuneración y la deficiente capacitación, los guardias pueden llegar a ceder sus armas en lugar de luchar por ellas.

En un caso reciente, presuntos integrantes de la pandilla callejera Barrio 18 saquearon las oficinas de una empresa de seguridad en San Pedro Sula, llevándose once fusiles calibre 12, siete pistolas 9 mm, 29 pistolas calibre 0,38, una pistola calibre 0,22 y ocho radios.Los sospechosos al parecer aprovecharon la falta de entrenamiento de los guardias e su desconocimiento del protocolo: cuando abrían la puerta de entrada para que otros miembros del equipo de seguridad entraran a las instalaciones, los sospechosos también lograban entrar. El informe periodístico señala que entonces los sospechosos intimidaban a los guardias para que abrieran la puerta del garaje y les permitiera a los sospechosos y a sus cómplices entrar en las instalaciones.

Otros medios: Networking, casas de empeño y redes sociales

El mercado de la reventa parece ser un medio popular para hacer circular las armas ilegales en Honduras. Estas ventas se llevan a cabo de diversas maneras. La mayor parte se realiza a través del “boca a boca”, como numerosas fuentes le dijeron a InSight Crime y ASJ. Como se ilustró anteriormente, las ventas pueden hacerse por mensaje de texto y por trabajo en red entre agentes de seguridad retirados y en servicio. Las familias y los grupos de amigos cercanos también pueden vender armas a través de sus redes en el trabajo o entornos sociales. Las pandillas callejeras y otros grupos que controlan economías pequeñas y clandestinas también pueden acceder a armas fácilmente estableciendo redes entre ellos y otros grupos criminales pequeños.

Estas armas también se negocian en las casas de empeño de Honduras, establecimientos que tienen pocas regulaciones, o quizá ninguna. Nuestro investigador visitó tres casas de empeño en el país, dos de las cuales aceptaron venderle armas. En una de ellas le dijeron que el servicio se prestaba «sólo con cita previa». En otras palabras, la casa de empeño puede traer un arma específica a la tienda cuando se le solicita, con el fin de no mantenerlas en sus instalaciones. El vendedor le ofreció al investigador una «CZ», una pistola de 9 mm de fabricación checa. El otro dijo que su tienda se había «quedado sin» armas por el momento, pero que sí las venden.

El más reciente método para la venta de armas es a través de Facebook. Los investigadores de la policía le enseñaron a uno de nuestros investigadores dos sitios de éstos, que según ellos los estaban investigando. Uno de esos sitios, «Venta de Armas SPS», tenía 407 miembros. En este, había un anuncio reciente en el que se solicitaba una «9 mm o una de 40 con papeles», lo que probablemente significa que ya esté registrada en la policía. Uno de los participantes del sitio respondió diciendo que tenía un Smith & Wesson Desert Eagle de 40 mm «sin papeles», lo que llevó al administrador de la página y a un usuario a preguntar por el precio y el número de pistolas Desert Eagle disponibles (vea abajo). No se sabe si se ha llevado alguna transacción.

(Captura de pantalla de una conversación de Facebook sobre una posible compra de armas)

Otra página se llama «Compra/Venta de armas y municiones Honduras.»

A esta página sólo se puede acceder por invitación. Uno de nuestros investigadores solicitó acceso, pero todavía está esperando permiso para unirse al grupo. La página tenía 281 miembros el 5 de mayo de 2015. El sitio se anuncia como un promotor de las armas para «fines deportivos» e incluye una nota de descargo de responsabilidad legal con respecto a las publicaciones de sus miembros.

La página de Facebook más activa consultada por uno de nuestros investigadores es la que se llama «Compra Venta Armas en SPS y Teguz»[(vea fotos abajo). En este sitio hay un movimiento constante de armas y municiones, tanto registradas como ilegales. Entre las municiones que se ofrecen para la venta se encuentran las de 5,56 mm y 2,23 mm, las cuales se usan en armas cuya posesión es ilegal para los civiles en Honduras. También se ofrecen chalecos antibalas y otros accesorios para la venta, así como servicios para ayudar a legalizar las armas mediante la amnistía antes mencionada.

En el año 2015, cuando nuestro investigador consultó la página por primera vez, tenía más de 2.300 miembros. Hay requisitos estrictos para la publicación de anuncios (se debe incluir el precio base, agregar una foto y comprobar que el arma está en Honduras publicando la foto del arma junto a un periódico local, por ejemplo). El sitio también advierte contra los «periodistas amarillos» que pueden infiltrarse en el sitio.

*El equipo de InSight Crime para este informe fue liderado por Steven Dudley, codirector de  InSight Crime y por la entonces subdirectora de InSight Crime, Elyssa Pachico. La investigación fue liderada por Steven Dudley y Mario Cerna, un experimentado periodista hondureño. El informe fue escrito por Steven Dudley con la contribución de Mario Cerna. Traducción al español por Diego García y Maria Luisa Valencia. Edición y verificación de datos por Mike LaSusa, Felipe Puerta y Victoria Dittmar. Gráficas por Elisa Roldán. Foto de Associated Press por Rodrigo Abd. InSight Crime extiende sus agradecimientos especiales a la ASJ por su apoyo y ayuda.