Conozca la estrategia maquiavélica que utilizó DESA para la construcción de Agua Zarca

Además descubra la trama cómo atacaron y neutralizaron la lucha de Berta Cáceres y el COPINH

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En esta oportunidad CRITERIO te presenta el análisis que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) ha realizado de manera particular sobre la estrategia maquiavélica que los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) utilizaron para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la campaña de ataque y neutralización contra el COPINH y Berta Cáceres.

El 31 de octubre el GAIPE presentó  el informe: “Represa de violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, el cual reúne y sintetiza el análisis de más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS, y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.

A continuación te presentamos la trama que utilizó DESA para la construcción de Agua Zarca, según el análisis de GAIPE:

DESA en 2010 y 2011 no contaba con los recursos económicos para construir el proyecto Agua Zarca, lo cual, se deduce de las comunicaciones sostenidas entre socios, directivos y empleados de la empresa. La fortaleza de DESA radicó siempre en las relaciones de los socios y directivos con agentes de gobierno en el ámbito local, nacional e internacional. Ese relacionamiento, le permitió definir la posición del Estado en la audiencia temática “Consulta Previa y mega proyectos en Honduras” realizada en el 149 periodo de sesiones el 28 de octubre de 2013, así como financiar boletos aéreos y estadía de personas delegadas por SERNA para participar en dicha sesión. Es ilustrativo, también lo manifestado por un directivo de la empresa, al referirse a una reunión sostenida el 26 de junio de 2013, sobre la cual escribe: “Ey sabes que estuvo muy bueno ayer que le dijeras a Camif en la meeting que los senior lenders no los querían que ejecutaran los shares para que no nos saquen de socios a nosotros por nuestra experiencia y contactos con gobierno”.

Noticia Relacionada: Informe de GAIPE evidencia el vínculo de funcionarios estatales con el crimen de Berta Cáceres

Esta fortaleza le permitió, a los socios y directivos de DESA, acceder a financiamiento de entidades internacionales, los cuales, además de ser empleados en la construcción del proyecto hidroeléctrico, fueron utilizados para el pago de acciones de control, neutralización, y castigo de las personas que eran consideradas “enemigas”. También, le permitió contar con recurso humano proveído por las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales, llegaron a estar bajo la dirección de agentes de seguridad privada de la empresa y directivos de la misma. De esa manera, el capital político sobre el que se sustentó DESA fue vital para la obtención de financiamiento, por parte de entidades internacionales.

Con ese capital se contrató, entre otros, a un equipo de comunicadores sociales, abogados, personal de seguridad privada, informantes y sicarios para ejecutar acciones en contra de las personas que fueran consideradas “enemigas”, para el avance de la construcción del proyecto. Sin esa relación, la afectación a las comunidades no hubiera alcanzado las dimensiones de rompimiento de tejido social que tiene en la actualidad, ni se habría producido el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato en contra de Gustavo Castro Soto, ejecutado el 2 de marzo de 2016.

La Alianza de DESA  con las fuerzas de seguridad del Estado

La alianza de DESA con las fuerzas de seguridad se sustentó en el relacionamiento de los directivos y socios con las más altas autoridades de gobierno, lo cual les permitió, no solamente coordinar, sino subordinar a los agentes de las fuerzas de seguridad en operativos de control y represión en contra de personas de la comunidad e integrantes del COPINH, incluida Berta Isabel Cáceres Flores. El 17 de abril de 2013, un empleado de DESA pregunta a un directivo de DESA sobre el resultado de una reunión que debía sostener con un alto funcionario del Estado, en los términos siguientes: “[…] Fíjese que nos acaban de informar que los Copines van a presidencial… Yo acabo de presentar la denuncia ante la Fiscalía… Sabe si su tío pudo hablar con el ministro de Seguridad?”

 En el ámbito local también se ve reflejada esta incidencia, en la comunicación que remite un empleado a un directivo de DESA, el 22 de abril de 2013, en el cual indica: “[…] los Copines se acaban de meter al campamento…”. “[…] Ya […] le hablo al comisionado […] y enviarán unos elementos para sacarlos…  Pero es urgente la seguridad privada efectiva”. El 15 de julio de 2015, un directivo de DESA comunica en un chat colectivo que: “El Mayor […] coordina con la Policía Nacional y se reforzó con un capitán  y ocho policías el campamento viejo en Barreal”. El nivel de influencia política llevó a que en las áreas afectadas por la construcción del proyecto Agua Zarca se instalaran unidades de la Policía Preventiva y del Batallón No. 10 de Ingenieros de Siguatepeque en la Aldea El Barreal y, posteriormente, en San Ramón, a expensas de la empresa y con la aprobación del Gobierno.

En ese marco, las fuerzas de seguridad del Estado fueron utilizadas para velar por las instalaciones de la represa en construcción y la maquinaria, incumpliendo el deber de protección de la población y de derechos humanos fundamentales, como la integridad y vida de las personas. La defensa de los intereses de la empresa por sobre los derechos de las personas, llevó a que en el marco de una protesta del COPINH, realizada el 15 de junio de 2013, un soldado del Batallón No. 10 de ingenieros diera muerte al líder Tomás García y heridos a Allan García y a Desiderio Méndez

La defensa penal del soldado fue costeada por la empresa. Ese hecho motivó un cambio en la dinámica de intervención de la fuerza pública, que dejó el manejo de los asuntos del COPINH a cargo de la Policía Nacional. La Policía, por su parte, según las denuncias del COPINH, cumplió tareas destinadas a la práctica de allanamientos sin orden judicial, desalojos forzados, detenciones arbitrarias y actos de intimidación como tomas fotográficas, videos, retenciones de los vehículos de transporte de las comunidades de Río Blanco que protestaban contra el proyecto hidroeléctrico para favorecer los intereses de DESA.

La importancia del relacionamiento con las máximas autoridades de seguridad del país llevó a la contratación de un consultor local de seguridad, como se pone de manifiesto en el mensaje dirigido por un directivo de DESA en un chat colectivo el 8 de agosto de 2015, en el cual indica: “[…] El próximo día lunes […] preparar estrategia con un consultor local que será nuestro vocero con el ministro de seguridad”.

La alianza de las fuerzas de seguridad con DESA, permitió que los directivos y empleados de dicha empresa, tuvieran información privilegiada sobre el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto sobre las diligencias de investigación y orientaran las hipótesis que se manejaron por agentes del Estado a menos de 24 horas de haberse consumado dichos crímenes. Ilustra esa relación, el mensaje entre directivos y empleados de DESA, que circula el 3 de marzo de 2016, a menos de 14 horas de haber ocurrido el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, en el cual se comunica: “[he solicitado el apoyo al Comisionado […] y me trasmite su apoyo. El (sic) me va informar de los detalles del asesinato, también me recomendó pronunciar comunicado para desvincularse de este suceso”. Una hora después a las 17:28 el 3 de marzo de 2016, un empleado de DESA envió a Sergio Rodríguez un informe aparentemente de origen policial sobre los hallazgos encontrados en la escena del crimen. El informe empieza “Udep No. 10”, lo cual parece ser una referencia a la Unidad Departamental de Policía en La Esperanza, Intibucá, y describe detalles sobre la víctima, su cadáver, la causa de su muerte y la identidad de personas sospechosas. El siguiente mensaje del empleado a Rodríguez explica “me lo mandó el Subcomisionado […]”. A las 17:32:12, Sergio Rodríguez reenvió el informe a un directivo de DESA. Según el intercambio de mensajes entre empleados y directivos de DESA, se informó que el crimen tenía móviles sentimentales. Así, en la comunicación del 8 de marzo de 2016, se afirmaba que el “Ministro de seguridad le dijo hoy a […] q era ‘lío de faldas’”; refiriéndose al móvil del crimen, sostienen que: “[…] lo que informo el mallor y que es la hipótesis más fuerte. Pasional”.

 Ese patrón en las comunicaciones, muestra que además de tratar de orientar la investigación a resultados predeterminados –es decir, demostrar que el asesinato fue un “lío de faldas”, hipótesis que se manejó en los primeros momentos después del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores– también condicionó, que se omitiera la práctica de diligencias de investigación oportunas que permitieran establecer la identificación y el procesamiento de las personas determinadoras del crimen.

La estrategia de DESA para controlar, neutralizar y atacar a Berta Isabel Cáceres Flores

DESA desarrolló en torno a Berta Isabel Cáceres Flores un sistema de vigilancia y seguimiento sustentado, fundamentalmente, en informantes, a quienes proveía recursos logísticos y pagaba para que les proveyera de información sobre las actividades personales y públicas de esa lideresa y personas integrantes de COPINH.

Ese sistema le permitió a DESA contar con información oportuna para desplegar acciones de control, neutralización y ataque en contra de personas del COPINH y de Berta Isabel Cáceres Flores, las cuales fueron articuladas con agentes del Estado, y, han continuado luego del asesinato del 2 de marzo de 2016. Ilustra la capacidad de incidencia de DESA la conversación de directivos y empleados de la empresa para lograr la captura de Berta Isabel Cáceres, efectuada el 27 de julio de 2013, en la cual, se indica: “[…] Y lo de Berta? Hoy va salir algo? Estoy hablando con el abogado […] Ya le aviso Dice que el hoy sale para Intibucá… Por la tarde nos informa la fecha que le den para la audiencia de imputado y que está coordinando con el Fiscal para que no se hagan las citaciones sino que sea una vez se libren las órdenes de captura […]”.

La evidente influencia de los directivos y empleados de DESA, si bien no concluyó en la captura de Berta Isabel Cáceres Flores, pues el caso culminó con un sobreseimiento definitivo, pone de manifiesto la inversión de recursos y esfuerzos desplegados para neutralizarla, lo cual incluyó la contratación de abogados e incidencia en agentes del sistema de justicia, para manipular el uso del sistema de justicia penal. Igualmente, es ilustrativo el mensaje del 21 de febrero de 2016, en el cual, directivos de la empresa manifiestan: “[…] Hagamos uso de todas nuestras influencias fiscales y penales para enjuiciar estas acciones delincuenciales y vandálicas (sic) de personas específicas y de la organización”. Un mensaje de una empleada de DESA señala: “En mi opinión habría que publicar fotos del carro que anda Berta, fotos de su casa e información de todos los lujos que se está permitiendo, incluso que a sus hijos los tiene estudiando en Argentina. En resumen, que se está enriqueciendo a costa de los demás”.

Deliberadamente, DESA magnificaba las acciones de COPINH. Al referirse, por ejemplo, a las acciones del 20 de febrero de 2016, en San Francisco de Ojuera, un directivo de la empresa dirigido a los empleados, indicaba que la acción debía presentarse como nada pacífica, por parte de los indígenas, aún y cuando, “[…] los daños [eran] insignificantes […]”. En un mensaje del 21 de febrero de 2016 entre empleados y directivos de DESA, se manifiesta: “Tengo entendido rompieron un cerco, de eso envíennos evidencia y si hay que hacer reparaciones que se vea más agresiva la ruptura para poder justificarlo”. Para el desarrollo de la estrategia de desprestigio, DESA conformó y financió un equipo de expertos y asesores, incluido el pago a periodistas para difundir la desinformación y ocultar los procedimientos arbitrarios en contra del COPINH y de Berta Isabel Cáceres Flores. Desde el año 2013, el COPINH denunció públicamente la actividad de personas de las comunidades de El Barreal, La Unión y Valle de Ángeles al servicio de DESA, cuya principal labor era atacar a líderes, lideresas e integrantes de las comunidades opuestas al proyecto Agua Zarca.

Otorgamiento de beneficios  ilegales e ilegítimos a DESA

El otorgamiento de concesiones hidroeléctricas se inició formalmente con el anuncio de licitación internacional, efectuado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en noviembre de 2009, para contratar 250 MW de energía renovable. Como resultado de ese proceso, la ENEE, en 2010, dispuso la compra de 225 MW a 47 proyectos, entre ellos, a la empresa DESA.

El Congreso de la República mediante Decreto Legislativo No. 68-2011, aprobó a favor de DESA, entre otras, la concesión del río Gualcarque para la construcción del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

La compra de energía y concesión otorgada a DESA, sobre territorio Lenca, se efectuaron sin haber realizado la consulta previa, informada y de buena fe que dispone el Convenio 169 de la OIT, incorporado al derecho hondureño en 1995. Dicho instrumento establece en el artículo 6, de manera imperativa, que: “[…] los gobiernos deberán […]: […] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Esa inobservancia, es violatoria de lo previsto por el derecho internacional y nacional. Según la información proporcionada al GAIPE, la presencia de DESA en territorio Lenca inició en 2010, año en el cual, la ENEE dispone la compra de energía a favor de dicha empresa, no obstante, aún carecía del otorgamiento de los derechos concesionarios para la explotación del río Gualcarque. Desde ese año, según se informó al GAIPE, la presencia de DESA desencadenó en manifestaciones de rechazo comunitario hacia la construcción del proyecto Agua Zarca. En el año 2011, a pesar del rechazo comunitario y del COPINH, el alcalde municipal de Intibucá manifestó su agradecimiento “[…] a las comunidades por haber recapacitado y cambiar su postura de no oponerse al proyecto […]”; lo cual, es contrario a las manifestaciones de oposición que se han mantenido hasta la fecha, tornando, no solamente ilegal, sino ilegítima la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

En julio de 2011, el COPINH y el Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, suscribieron un compromiso en el que, el Gobierno accedió a “no autorizar la construcción de represas en las comunidades lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas”.

En 2013, contrario al marco jurídico aplicable y lo acordado entre el gobierno y el COPINH, se autoriza la ampliación de la capacidad de generación de la Hidroeléctrica Agua Zarca, de 14.458 MW, que era la autorización inicial, a 21.7 MW, y el traslado de la construcción del proyecto hidroeléctrico, al margen del río Gualcarque, perteneciente al departamento de Santa Bárbara.

La ampliación de la potencia de generación eléctrica, así como, el traslado de construcción a la jurisdicción del departamento de Santa Bárbara, se efectuó, igualmente, sin consulta previa, informada y de buena fe a las comunidades, vulnerando, nuevamente, los derechos del pueblo lenca.