Tegucigalpa, Honduras. La renuncia condicionada de Ana Paola Hall, presentada el 25 de julio ante el Congreso Nacional, ha sido utilizada por el oficialismo como ejemplo de violencia política. Sin embargo, la postura resulta incoherente, ya que el mismo Poder Legislativo mantiene estancada la Ley Contra la Violencia Política hacia las Mujeres, una normativa clave para prevenir y sancionar este tipo de agresiones.
En la renuncia escrita, Hall señala que parte de las motivaciones que la orillaron a poner a disposición su cargo, fueron las presiones y exigencias de personas recién llegadas al Partido Liberal, quienes pretendían que se sometiera al discurso nacionalista de integrar el pleno del Consejo Nacional Electoral con dos consejeras, un punto que ha sido utilizado por el oficialismo para responsabilizar al presidente del CCEPL y candidato presidencial del partido rojo blanco rojo.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ordenó la creación de una comisión especial para investigar las denuncias planteadas por Ana Paola Hall en su carta de renuncia.
Lea también: Posición de Ana Paola Hall refleja resquebrajamiento en el Partido Liberal
REDONDO ORDENA A CONFORMAR COMISIÓN INVESTIGADORA
La noche del pasado 31 de julio, a través de las redes oficiales del Congreso Nacional, se dio a conocer la creación de una comisión especial que tiene como objetivo principal investigar la coacción, amenazas, injerencia política y violaciones al orden constitucional expuestas por Ana Paola Hall en su renuncia condicionada, entregada la tarde del 25 de julio.
Dicha comitiva es presidida por el diputado del Partido Libertad y Refundación Jari Dixón Herrera y conformada por Silvia Ayala, Ramón Barrios, Jorge Zelaya, Carlos Raudales, José Rosario Tejeda, Netzer Mejía, Karen Martínez y Tomás Ramírez.
Según lo establecido en el escrito, la comisión especial tendrá la tarea de investigar las denuncias expresadas por la aún consejera del CNE, incluyendo posibles injerencias de autoridades o dirigentes partidarios, la comisión de delitos contra la libertad de determinación e independencia institucional, y presuntos intentos de sesionar con quórum reducido.
Con el objetivo de consultar y cuestionar sobre el papel de la comitiva Criterio.hn intentó consultar a los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, Ramón Barrios y Silvia Ayala, sin embargo, hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
Podría interesarte: COHEP Y PNUD instan a aprobar Ley contra la violencia política hacia la mujer en Honduras
¿PUEDE EL CONGRESO NACIONAL REALIZAR INVESTIGACIONES?
Para dar respuesta a esta interrogante Criterio.hn consultó a la abogada y exfiscal del Ministerio Público, Kenia Paz, quién explicó que la creación de la Comisión Especial es legal, pues la normativa interna del legislativo permite la conformación de las mismas para asuntos relativos, incluidas las investigaciones de hechos que afecten el orden institucional o la legalidad.
Sin embargo, Paz recalcó, que dicho poder del Estado no puede realizar la investigación de delitos directamente, esto debido a que el monopolio de la acción penal pública lo ostenta el Ministerio Público.
La abogada señaló que el Congreso Nacional tiene límites entre ellos, que no puede atribuir culpabilidad o responsabilidad penal, ni sustituir la función de la Fiscalía, mucho menos de los tribunales de la república.
Paz agregó que el legislativo debe respetar también la autonomía del Consejo Nacional Electoral conforme a lo dispuesto en la Constitución, pues define al CNE como un órgano autónomo y no subordinado al Congreso Nacional.
CONTENIDO DE LA RENUNCIA
En su renuncia la aún consejera y representante del Consejo Nacional Electoral , Ana Paola Hall, denunció que su decisión de poner a disposición su cargo se deriva de una serie de eventos que tienen relación con personas recién llegadas al Partido Liberal.
En el escrito Hall expuso haber sido víctima de presiones y exigencias por parte de personas con poca militancia liberal, quienes pretendían que se sometiera a la posición del Partido Nacional de integrar el Consejo Nacional Electoral con dos consejeras, una postura que a su criterio, trascendía los límites de la legalidad y que contrario a solucionar la problemática generada por los desacuerdos del TREP se agravaría aún más poniendo en riesgo los comicios generales del 30 de noviembre.
La consejera señaló que el haber hecho pública su postura el pasado 16 de julio, fue un intento por frenar las presiones y hacer un llamado a la reflexión, sin embargo, recalcó que dicha acción le originó acusaciones de traición y cuestionamientos agresivos por parte de autoridades partidarias.
Según lo expuesto por la jurista, el odio generado por los ataques en su contra desencadenaron una apología del odio que puso en riesgo la integridad de su familia.
Cuatro días después de la entrega de su renuncia, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo dio a conocer que no se daría trámite por presentarse de manera condicionada, una figura que legalmente no existe y señalando que el caso sería enviado al Ministerio Público para posibles investigaciones.
De interés: Liberales afines a Nasralla presionaron a Ana Paola Hall para que renunciara al CNE
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN CONTRA DE ANA PAOLA HALL
Aunque observatorios y organizaciones feministas venían advirtiendo desde el inicio del año electoral que Ana Paola Hall era víctima de violencia política, no fue sino hasta la divulgación de su renuncia que algunos sectores del oficialismo comenzaron a reconocerla como tal.
Sobre ello, Cristina Alvarado, feminista e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», explicó a Criterio.hn, que en Honduras los políticos históricamente han instrumentalizado los derechos de las mujeres y que ese se evidencia en el caso de Ana Paola Hall, está siendo objeto de violencia política género por parte del bipartidismo, un hecho que recalcó, también los hace parte de esa violencia.
Alvarado manifestó que la estrategia del gobierno de blindarse de responsabilidades es una falta de respeto, pues afirma que pretenden hacerse ver libres de culpa cuando también han aportado al crecimiento de la crisis a través de las posturas de Marlon Ochoa.
La feminista hizo mención de la Ley contra la violencia politica hacia la mujer y otras que se encuentran pendientes en el Congreso Nacional, mismo que califico de estar fortalecido para no dar respuestas a las demandas de las mujeres.
SIN INDICIOS DE SER AGENDADA
En marzo de 2022, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, junto a la diputada nacionalista Johana Bermúdez, presentaron ante el Congreso Nacional, la Ley Contra la Violencia Política hacia la mujer una iniciativa orientada a prevenir y erradicar este tipo de agresiones en el ámbito político.
A casi 41 meses de la presentación de la iniciativa y en medio de un escenario marcado por diversos casos de violencia política de género, el Congreso Nacional mantiene engavetado el proyecto de ley, un hecho que de acuerdo con las posturas de feministas y congresistas consultadas por Criterio.hn responden a la falta de voluntad política.
En entrevistas recientes, la diputada nacionalista Johana Bermúdez, aclaró a este medio digital que el proyecto fue dictaminado por la Comisión de Género del Congreso Nacional y que actualmente se encuentra en la secretaría, pero señaló que esta rezagado por la falta de voluntad política.
Bermúdez afirmó que Luis Redondo se había comprometido a introducir a discusión el proyecto, sin embargo, no ha sido agendado.
