Un Consejo de la Judicatura, una Ley de la Carrera Judicial y criterios estrictos de selección de magistradas y magistrados de la CSJ son algunas de las sugerencias que señalan los expertos

Tegucigalpa, Honduras.- El país está a las puertas de tener una nueva Corte Suprema de Justicia, que será elegida el próximo 25 de enero de 2023 por el Congreso Nacional, y que actuará entre 2023 y 2030. Sobre esta elección se han volcado varias miradas, desde el proceso de instalación de la Junta Nominadora hasta la previa a la remisión del listado final de candidatas y candidatos, con esperanza en una transformación del sistema de justicia.

Sin embargo, para que realmente existan cambios dentro del sistema judicial, ello deberá orquestarse desde el Congreso Nacional, sobre todo, mediante la creación de leyes que lo garanticen, entre ellas una renovada Ley de la Carrera Judicial y una nueva Ley del Consejo de la Judicatura.

En Honduras, ante la ausencia de un Consejo de la Judicatura -que establece la propia Constitución de la República-, no existe una correcta separación entre las labores administrativas y jurisdiccionales que realizan las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La falta de un Consejo de la Judicatura permite por ejemplo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tenga la facultad de realizar distintas tareas administrativas como la designación y la destitución de magistrados, jueces, inspectores de tribunales, secretarios, escribientes, defensores públicos, entre otras funciones que no deberían corresponderle, porque su labor debería ser exclusivamente la impartición de justicia al más alto nivel.

Lea también: Magistrados de la CSJ que buscan reelegirse acumulan 49 denuncias y tachas

A criterio del coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, la ausencia de un Consejo de la Judicatura alienta que se cometan varias irregularidades dentro del Poder Judicial.

“Eso ha demostrado vicios de opacidad, corrupción, así como irrespeto al escalafón de la carrera judicial, por ello se necesita esa separación entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Hay muchos cuestionamientos sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre el Poder Judicial como tal, y la mayoría vienen por cómo está estructurado”, señaló Sierra en conversación con Criterio.hn.

LOS INTENTOS FALLIDOS

El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.

Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se cuestionó desde su aprobación en el Legislativo, incluso por jueces, quienes presentaron recursos de inconstitucionalidad, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional, recayendo nuevamente todas las funciones administrativas sobre el presidente del Supremo.

Además de ello, la gestión de quienes estuvieron al frente Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue caracterizada por la corrupción. El expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, quien presidió el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2013 y 2016, fue acusado por delitos de corrupción y encarcelado. Otras cinco personas que integraron el Consejo fueron también acusadas por el Ministerio Público por distintos delitos de corrupción, pero, a pesar de ello, recibieron sobreseimientos definitivos a finales de 2021.

“Se instaló el Consejo de la Judicatura y el fallo radicó en las personas que lo integraban, porque eran personas con cuestionamientos previos que, aprovechándose de sus puestos, cometieron actos de corrupción”, añadió Carlos Sierra.

OTRAS REFORMAS

Por su lado, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras (Flacso-Honduras), Rolando Sierra, manifestó que además será necesario separar a la Sala de lo Constitucional y crear, ante ello, un Tribunal Constitucional.

“Este tribunal deberá ser independiente, con capacidades de gestionar y controlar. Esto, aunado a la creación del Consejo de la Judicatura, con capacidad de evaluación y supervisión de jueces y magistrados, son reformas que el país requiere y que le corresponderán al Congreso Nacional debido a las facultades contraloras que puede otorgarle al sistema judicial”, explicó Rolando Sierra a Criterio.hn.  

ADEMÁS: Poderes omnímodos no pueden ser heredados al nuevo presidente de la CSJ

En tanto, el exdiputado del Partido Anticorrupción, Aníbal Cálix, cuestionó la forma en que se eligen las altas magistraturas del Poder Judicial, aunque aseguró que, con la creación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, aprobada el 19 de julio de 2022, se constituyeron varios avances con relación al perfil del magistrado o de la magistrada.

“Definitivamente se tienen que crear nuevos mecanismos. Con la matriz de evaluación, creo yo, se dio un paso importante en cuanto a la experiencia en el sistema judicial. Considero que se debe dar mayor importancia a la parte de la judicatura, porque una persona que va a tomar decisiones judiciales como juez al más alto nivel, tiene que tener una experiencia previa en escalones inferiores dentro del Poder Judicial”, explicó Cálix a este medio digital.

En Honduras es común que una persona que nunca desarrolló una carrera judicial tenga posibilidades altas de convertirse en magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, algo que se atribuye a los padrinazgos a los que responden muchas de las candidatas y los candidatos al momento en que su perfil se somete a elección de los diputados y las diputadas.

El 25 de enero de 2023, las y los 128 legisladores del Congreso Nacional efectuarán una nueva elección de las 15 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, del período constitucional 2023-2030, una votación que históricamente se ha caracterizado por las negociaciones entre los líderes de los partidos políticos y los grupos de poder fáctico, atentando contra la independencia judicial.