derogación del decreto 116-2019

Congreso se apresta a aprobar el Presupuesto 2023

Tegucigalpa, Honduras.- Las diputadas y los diputados del Congreso se aprestan a aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, que contemplará un incremento de L 32,013,831,446 traducidos en una variación del 8.88%.

Con relación a los L 360,505,902,545.00 que se destinaron al ejercicio fiscal 2022, de cara al próximo año, tal como lo proyectó la Secretaría de Finanzas, el presupuesto de ingresos y egresos se situará en los L392,519,733,991.00, el más alto en la historia de Honduras.  

Entre el 17 de noviembre y el 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Presupuesto y Finanzas sostuvo reuniones de socialización con los jefes de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH), Democracia Cristiana (DC) y Partido Anticorrupción (PAC).

Tras lograr los consensos, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, Hugo Noé Pino, informó que la votación y aprobación del presupuesto se realizará entre el 13 y el 15 de diciembre de 2022.

Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional

Según el presupuesto que será aprobado por la Cámara, y al que accedió Criterio.hn, el 59.75% (L 234,540,861,671.00) de los egresos le corresponderán a la Administración Central (variación del 10% con relación a los L 213,227,704,868.00 de 2022) y el restante 40.25% (L 157,978,872,320.00) a la Administración Descentralizada (variación del 7% con relación a los L 147,278,197,677.00 de 2022).  

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En cuanto a ingresos, se plantea una recaudación de L234,540,861,671.00 (Administración Central) y de L157,978,872,320.00 (Administración Descentralizada), que será financiada con ingresos tributarios y no tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de propiedad, transferencias y donaciones corrientes y de capital, activos financieros, títulos de deuda y préstamos externos entre otros.

Solo en préstamos externos (sectoriales y no sectoriales), suscritos con la banca internacional a largo plazo, el financiamiento ascenderá a los L 40,103,119,802.00. Durante el ejercicio fiscal 2022, la cifra de obtención de prestamos externos se situó en los L 29,480,913,061.00, que se tradujo en un 36% menos.

MAYOR RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Dentro del Presupuesto 2023, se contempla un incremento en la recaudación tributaria. El documento presupuestario estima que entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023 se captarán L 144,236,745,240, a diferencia de los L 118,959,994,222.00 que se previeron durante el ejercicio fiscal 2022 y que, según fuentes oficiales, serán sobrepasados.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Finanzas, al 31 de diciembre de 2022 se habrá recaudado en impuestos y tributos un monto cercano a los L 134,500,000,000.00. Sin embargo, uno de los principales retos estará en la regulación de las exoneraciones y las exenciones fiscales, que ha venido impulsando el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y que, desde el Ejecutivo, se ha pretendido introducir al Legislativo.  

Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia, el 27 de enero de 2022, su administración ha hecho hincapié en la necesidad de regular las exoneraciones fiscales en Honduras, ello a consecuencia de que en realidad no han incrementado los niveles de inversión extranjera directa, y más bien la han ahuyentado, atribuyéndolo a un contexto de escasa seguridad jurídica.

El 29 de noviembre de 2022, el SAR anunció que tienen listo un anteproyecto de decreto que pretende regular los injustificados privilegios fiscales que se han otorgado a grupos empresariales nacionales y extranjeros. Sin embargo, hasta el 8 de diciembre de 2022, el borrador no ha sido remitido al Congreso. Aún así, desde la Cámara, diputados oficialistas, como Hugo Noé Pino, han aplaudido la iniciativa.

“Nosotros buscamos modificar la estructura tributaria altamente injusta que existen en el país. Debemos reducir las exoneraciones, principalmente aquellas que no se concedieron como mecanismos de incentivos al empleo y a las exportaciones, sino que como privilegio a los grupos económicos”, declaró el vicepresidente del Congreso.

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Entre 2010 y 2022, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Honduras ha perdido L 370,343,943,358.12 a causa de exoneraciones fiscales. En su más reciente publicación, Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas (2022), se catalogan a las exoneraciones y exenciones fiscales como “un privilegio para la élite económica en Honduras, más que un instrumento de política pública”.

La publicación del Icefi, además, cita estudios que evidencian cómo las exenciones y las exoneraciones han provocado una distorsión que excede al impacto de la corrupción, la evasión tributaria y la debilidad administrativa.

PREOCUPA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Economistas consultados por Criterio.hn, como el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona, han declarado que el Gobierno debería apostar a la inversión pública y reducir el gasto corriente, que en gran mayoría se destina a pago de salarios y deuda pública, que en los primeros nueve meses de 2022 se situó, según el Banco Central de Honduras (BCH), en los L 221,966,876,931.50.

Con relación a la inversión pública, de cara a 2023, generan preocupación los bajos niveles de ejecución presupuestaria. De acuerdo con la base de datos del Programa de Inversión Pública (PIP), hasta el 8 de diciembre de 2022, el Gobierno solo ha ejecutado L 3,065,000,000.00 de los L 11,745,500,000.00. Eso quiere decir que L 8,680,500,000 han quedado disponibles y que la ejecución acumulada apenas ha sido del 26.1%.

Un bajo nivel de inversión pública se traduce, según los analistas, en escasas oportunidades de empleo y, por ende, en aumento de la pobreza. Paradójicamente, hacia 2023, el Gobierno pretende apostarle a proyectos de asistencialismo a través de la Red Solidaria.

CÓMO ESTARÁ DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Dentro de los principales puntos a señalar figura que los presupuestos de seguridad y defensa son algunos de los que más crecerán en 2023. La Administración Xiomara Castro, contrario a lo que había prometido en campaña electoral, le ha apostado a la militarización de la seguridad ciudadana.

Ello se ha visto reflejado en el incremento presupuestario que la Secretaría de Defensa destinará a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), instaurada por Juan Orlando Hernández desde 2014, mientras que también una importante cantidad de recursos será dirigida a compra de armamento y equipo aéreo.

El presupuesto de Defensa crecerá en un 14%, pasando de L 9,336,149,156.00 a L 10,662,758,329.00. Por su lado, la asignación presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Seguridad gozará de una variación del 17%, pasando de L 7,850,251,535.00 a L 9,202,258,600.00.

VEA: Presupuesto del ejército, uno de los que más crecerá en segundo año de administración Xiomara Castro

Ante la presión del sector empresarial y las constantes denuncias de extorsión, el 6 de diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro puso en vigencia un estado de excepción, como medida de combate a las pandillas y las maras en Honduras. Sin embargo, la medida ha sido catalogada de discriminatoria.

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manejando a paso lento la crisis sanitaria en Honduras

Los presupuestos de las secretarías de Salud y Educación, por su parte, se han quedado cortos. Según análisis de datos efectuados por Criterio.hn, se sitúan entre los que menos crecerán durante el ejercicio fiscal 2022. Salud crecerá en un 8% y Educación en un 7%.

Caso contrario ocurrirá con la recién creada Red Solidaria, que, según diversos analistas consultados por este medio digital, servirá como la principal herramienta de asistencialismo del Gobierno de Xiomara Castro, con miras a venideros procesos electorales que podrían beneficiar al partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre). El presupuesto, que ha sido altamente cuestionado por instituciones como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), será de L 4,891,422,458.00, de los cuales L 858,242,473.00 (17.55%) se financiarán con fondos propios y L 4,033,179,985 (82.45%) con fuentes externas.

Los cinco institutos de previsión y seguridad social, administrados por el Estado, también se verán afectados. De los L 76,886,575,929,00 con que contaron en 2022, hacia 2023 el presupuesto se reducirá a L 66,470,175,358.00. La disminución será del 14%.

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