Aunque el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria contempla la liquidación de la SAPP, fuentes de la comisión de dictamen aseguraron a Criterio.hn que todavía no hay un consenso en torno a ese precepto
Tegucigalpa, Honduras.- La comisión del Congreso Nacional que dictaminará el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria todavía no ha definido si finalmente se ordenará, dentro de esa normativa, la liquidación técnica, administrativa y financiera de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP).
El presidente de la comisión de dictamen, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, dijo a Criterio.hn que todavía están deliberando en torno al artículo que ordena la supresión de dicha institución.
Por su lado, la diputada independiente Ligia Ramos, quien también integra la comisión, manifestó que «todavía no se ha consensuado eso». «Lo que sí tengo seguro es que, a diferencia del proyecto que envió el Ejecutivo, se mantendrá el Consejo Nacional de Inversiones», adelantó Ramos a este medio digital.
El artículo 38 del anteproyecto, que envió el Ejecutivo el 26 de abril de 2023, plantea la derogación de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, contenida en el decreto 143-2010, y sus reformas.
Bajo la figura de las alianzas público-privadas, se gestionó, a través de fideicomisos, la construcción y operación de diversas obras como el aeropuerto internacional Palmerola, en Comayagua, el Centro Cívico Gubernamental, en el Distrito Central, así como la operación de la Empresa Energía Honduras (EEH), que se encargó de la distribución y facturación de energía eléctrica entre 2019 y 2023, y el mantenimiento vial y cobro de peaje en la carretera CA-5.
Aunque el gobierno que lidera Xiomara Castro desde 2022 prometió emprender acciones legales contra estos cuatro proyectos, caracterizados por la falta de transparencia y los abusos por parte de los operadores privados, los resultados han sido casi nulos.
MANEJO ANTOJADIZO
A consideración del economista Ismael Zepeda Galo, el problema de las alianzas público-privadas radica en que han sido utilizadas por partidos políticos para favorecer a ciertos grupos económicos, sobre todo a los bancos a través de fideicomisos, distorsionando el modelo.
«Con esta figura fuimos testigos de que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo un abuso en el que querían que todos los proyectos se hicieran a través de alianzas público-privadas, en los que quienes se llevaban el mayor beneficio eran los privados y no el Estado, lo que provoca un endeudamiento interno», manifestó Zepeda Galo a Criterio.hn.
Actualmente, el Gobierno trabaja en los preparativos para la construcción del ferrocarril interoceánico, para lo cual requerirán financiamiento externo, tanto público como privado, lo cual sugiere que las alianzas público-privadas continuarán vigentes.
Para Zepeda Galo, en caso de que finalmente sea suprimida la SAPP, como pretende el Ejecutivo a través de la Ley de Justicia Tributaria, es necesario que se implemente un órgano encargado del seguimiento, control y fiscalización de las alianzas público-privadas.
«Creo que son herramientas que van a seguir existiendo pese a que haya varias de ellas con indicios de corrupción. Si se suprime la SAPP, hay que saber quién asumirá las alianzas público-privadas, porque muchas de ellas tienen que seguir operando. No sé si pasará al CNI o a la Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas, que podría ser reforzada», consideró Zepeda Galo en su conversación con este medio digital.
RIESGOS DE LAS SAPP
En el informe Alianzas Público-Privadas y su huella en la deuda pública, publicado el 7 de junio de 2024, la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social (Latindadd) y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) destacan que las alianzas público-privadas conllevan el riesgo de aumentar el endeudamiento público sin recursos directos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
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De igual modo, señalan que las alianzas público-privadas han estado envueltas en falta de transparencia y supervisión, lo que propicia la corrupción y el mal uso de recursos públicos, y también han sido parte de los causantes del déficit fiscal al considerarse entre los 18 regímenes de exoneración fiscal que pretenden eliminarse a través de la Ley de Justicia Tributaria.
El 19 de marzo de 2024, el Congreso Nacional eligió a los tres superintendentes de la SAPP para el período 2024-2029, repartiéndose los cargos entre diputados, hijos de diputados y exdiputados. Para el caso, Mario Alexander Ayala Turcios fue diputado por el Partido Libre en el período 2014-2018, José Rolando Sabillón Muñoz es hijo del diputado del Partido Liberal, Víctor Sabillón, y Marcos Antonio Velásquez es actual diputado del Partido Nacional.
