La Ley de Justicia Tributaria tiene como objetivo establecer un sistema tributario que sea justo y equitativo. A pesar de ello, el sector empresarial sostiene que su aprobación podría desincentivar la inversión en el país.
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se dispone a conocer el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, según reveló recientemente el presidente de la comisión de dictamen, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino.
«El dictamen de la Ley de Justicia Tributaria estaría listo para la primera semana de abril. Creemos que estamos preparados para someterlo a votación, siempre y cuando se hayan considerado los cambios al proyecto y se hayan tenido en cuenta las observaciones», afirmó Pino.
El anteproyecto de ley llegó al Congreso Nacional el 26 de abril de 2023, iniciando su socialización con sectores empresariales, sociales y económicos a partir de esa fecha.
La Ley de Justicia Tributaria, según la propuesta del Gobierno, busca eliminar 14 regímenes de exoneración fiscal, aumentar los ingresos tributarios sin crear impuestos adicionales ni aumentar tasas, disminuir la evasión fiscal en impuestos sobre altos patrimonios, incrementar la recaudación de grandes empresas y reducir la inequidad tributaria.
La Ley de Justicia Tributaria, que contempla la creación de dos regímenes únicos, Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) y Régimen de las Zonas Francas, busca abordar las pérdidas generadas por las exoneraciones y exenciones fiscales.
Desde su planteamiento, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) han expresado su opinión sobre la necesidad de la Ley de Justicia Tributaria, resaltando que las exoneraciones han generado un sistema tributario inequitativo en el país.
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Según datos oficiales, entre 2010 y 2022, los regímenes de exoneración fiscal provocaron al Estado hondureño pérdidas de L439,098 millones. Solo en 2023, de acuerdo con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), se dejaron de percibir L56,560 millones.
A pesar de lo anterior, bajo chantajes por encima de argumentos sólidos, los empresarios mantienen un discurso que asegura que la Ley de Justicia Tributaria, lejos de crear un sistema tributario justo, alejará la inversión y generará pérdidas de empleo.
Frente a los cuestionamientos de la empresa privada, el presidente de la comisión de dictamen, Hugo Noé Pino, dejó claro que los derechos ya adquiridos no desaparecerán, únicamente se dejarán de aprobar nuevos regímenes de exoneración fiscal.
«Los derechos adquiridos que ya fueron establecidos se respetarán en la Ley de Justicia Tributaria, como los incentivos del sector maquilero que fueron prolongados en 2020», ejemplificó.
PANORAMA COMPLEJO
La aprobación de la Ley de Justicia Tributaria requiere 65 votos, un panorama que aún se le complica al oficialista Partido Libertad y Refundación, que, pese a sus alianzas con otros partidos, únicamente alcanzaría momentáneamente 60 voluntades legislativas.
Durante los últimos días, los diputados del Partido Liberal, de cuyos votos dependerá la aprobación de esta normativa, han mostrado renuencia.
El pasado 15 de marzo, el jefe de bancada de esa agrupación política, Mario Segura, manifestó que entrarían en una «rebeldía legislativa» si no se aprueba la reforma por adición al artículo 328 del Código y no se toman en cuenta las observaciones hechas por el partido al anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria.
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La pretensión del Partido Liberal está relacionada con la derogada en abril de 2022 Ley de Empleo por Hora, una normativa que cercenaba los derechos laborales a cambio de contratos definidos, para cuya derogación prestaron sus votos, con la condición de que se aprobara una reforma por adición al Código del Trabajo.
La propuesta del Partido Liberal supuestamente buscaría implementar la figura de empleo a tiempo parcial, pero respetando derechos contenidos en el Código de Trabajo como el decimotercer y decimocuarto salario, vacaciones pagadas, auxilio de cesantía, seguridad social, entre otros.
Sin embargo, representantes del sector obrero se han opuesto a que se apruebe la reforma al Código del Trabajo, aduciendo que los empleadores están obligados a otorgar contratos permanentes, justos y bien remunerados a sus empleados.
