El 14 de junio de 2024, el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas acordaron ampliar por seis meses el memorándum de entendimiento para la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción
Durante los seis meses de vigencia del memorando el Congreso Nacional debe aprobar reformas legales que solicitó la ONU
Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional enfrenta la obligación de aprobar las reformas solicitadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de un mecanismo anticorrupción. A pesar que el proceso de negociación lleva más de un año y medio, la falta de acuerdos en ese poder del Estado sigue siendo un obstáculo significativo.
Ante esto, organizaciones de sociedad civil exigen al Poder Legislativo buscar los consensos necesarios para cumplir con las solicitudes del organismo internacional, ya que son cruciales para garantizar que la CICIH tenga el poder necesario para investigar y procesar casos de corrupción de manera independiente.
Entre las recomendaciones que realizó Naciones Unidas, figuran la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz –se encuentra en tercer debate—; la reforma del decreto 4-2022 –mejor conocido como Ley de Amnistía—, y la derogación del decreto 117-2019 que otorga inmunidad a diputados.
Otras recomendaciones son: modificaciones al Código Penal en los delitos contra la administración pública y las reformas al Código Procesal Penal.
Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), dijo a Criterio.hn que ante el contexto político “se ve complicado” que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo para aprobar las modificaciones legales que requiere Naciones Unidas.
La representante de sociedad civil señaló que “ya no es solamente un tema de voluntad”, sino que también un tema de negociaciones entre las seis bancadas representadas en ese poder del Estado.
“Difícilmente van a poder obtener votos para realmente aprobar las leyes que más le convengan a la sociedad de hondureña”, enfatizó la entrevistada.
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En esa misma línea de pensamiento, se expresó Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia (ACTJ), al instar a la Junta Directiva del Congreso Nacional a someter a discusión las reformas legales solicitadas por Naciones Unidas.
La organización de sociedad civil recordó que, de las 22 recomendaciones, nueve son imprescindibles para que se instale el mecanismo internacional anticorrupción, pero de esas sólo tres han sido aprobadas.
En ese sentido, solicitan a las y los llevar a cabo una votación pública sobre estas reformas, para que quede evidenciado quiénes son los congresistas que apoyan la instalación de la Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y quiénes se oponen.
Además, rememoraron que el 11 de junio de 2024 entregaron a Naciones Unidas y al Congreso Nacional, un documento con recomendaciones sobre la Ley especial de la CICIH, esperando que estas sean tomadas en cuenta.
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OPOSICIÓN Y OFICIALISMO SE CULPAN UNOS A OTROS
El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, manifestó que ellos están listos para aprobar las reformas y que sólo faltan los votos de la oposición.
“El que no está pensando cometer actos de corrupción, no debería estar poniendo obstáculos para que se instale la CICIH”, aseveró el legislador durante una entrevista brindada a Criterio.hn.
Por otro lado, diputados opositores afirman que es el oficialismo quien no quiere traer el mecanismo anticorrupción.
Mientras corre el tiempo, las y los hondureños esperan con ansias la instalación de la CICIH, que representa una esperanza para muchos que desean ver un cambio real en la forma en que se combate la corrupción en el país. El Congreso Nacional, por su parte, debe demostrar su compromiso con la justicia y la transparencia aprobando las reformas necesarias sin más dilaciones.
