Aunque hay un listado de leyes que son necesarias para combatir la corrupción, el Legislativo continúa dando largas a su aprobación. Otras leyes, que obstaculizan la lucha anticorrupción, también continúan sin ser reformadas o derogados
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional continúa demostrando que no es capaz de lograr consensos para aprobar o derogar leyes necesarias para facilitar el trabajo de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
En su 13.° informe de monitoreo de la agenda anticorrupción del Congreso Nacional, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) destacó que se han derogado leyes que favorecían la corrupción, pero todavía están pendientes de ser derogadas normativas denominadas «pactos de impunidad».
El Cespad enlistó entre las leyes pendientes la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, así como las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, la reforma del decreto 4-2022 y la derogatoria del decreto 117-2019.
Sobre este último decreto, el jueves, el miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Yavhé Sabillón, declaró a medios de comunicación que se encuentra listo el dictamen para derogar el fuero legislativo contenido en ese precepto normativo.
El decreto 117-2019 contiene una reforma al artículo 10, literal A, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y establece que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones y conductas derivadas de sus funciones como legisladores.
Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, continúa sin agendar la derogación de este decreto, pese a que, en octubre de 2023, lo había prometido públicamente.
De manera paradójica, el Legislativo sí ha demostrado que es capaz de llegar a consensos para repartirse cuotas de poder dentro del Estado. Prueba de ello fue que el pasado 28 de febrero, con una nómina única y violando principios de transparencia, las bancadas de Libre y los partidos Nacional y Liberal eligieron a autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral (TJE) e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Asimismo, se eligió en propiedad a Johel Zelaya como fiscal general del Ministerio Público, luego de un interinato que duró cerca de tres meses.
NO HAY AGENDA DE PAÍS
Según analistas consultados por Criterio.hn, mientras el Congreso Nacional no trabaje con base en una agenda de país y piense únicamente en sus intereses político-partidarios, será difícil avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad.
El analista en gobernabilidad y democracia, Omar García Calderón, lamentó lo ocurrido el 28 de febrero y lo consideró una intromisión de las personas que controlan a los tres partidos políticos, considerándolo un «acuerdo entre caudillos».
«Vimos que estas familias que controlan a los tres partidos se impusieron a la voluntad de los diputados y eligieron a estas personas. Cuando hablamos del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y la misma Unidad de Política Limpia, vemos que son los funcionarios que podrían llevar presos a políticos corruptos», dijo García Calderón a este medio digital.
El analista cuestionó, entonces, ¿qué confianza puede existir hacia personas que fueron colocadas como altos funcionarios del Estado por los dueños de los partidos políticos?
«Cuando vemos que aparecen en una sola nómina, ¿cómo podemos esperar que este Congreso Nacional abogue por la implementación de un mecanismo contra la corrupción, como la CICIH?», declaró.
Por su lado, el analista político Raúl Pineda Alvarado coincidió en que dentro del Congreso Nacional priman los intereses personales y político-partidarios, lo cual hará imposible la legislación a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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«El Congreso es una prueba evidente de que, en términos de arreglos políticos, independientemente de su posición ideológica, son lo mismo. Mientras se vea el Congreso como una forma para obtener beneficios y canonjías personales, seguirá sin ser un control de la corrupción», lamentó Pineda Alvarado en entrevista con Criterio.hn.
LA CICIH, EN ESPERA
Sumado a la falta de voluntad del Congreso Nacional por avanzar en una agenda legislativa que allane el camino a la CICIH, también figura la opacidad con que el Gobierno ha manejado las últimas etapas de su negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Gobierno no ha hecho público los detalles del borrador del convenio, ni tampoco del diagnóstico que efectuó la misión de expertos de la ONU tras sus tres visitas al país en 2023.
La llegada al país de un mecanismo anticorrupción, auspiciado por las Naciones Unidas, fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
