«Los miembros del Congreso no solo se han involucrado en actos de corrupción, sino que el organismo en su conjunto ha votado repetidamente para debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y proteger a sus miembros y fuentes de financiamiento ilícito»: Wilson Center en un reciente informe
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- En medio de los sonados casos de corrupción perpetrados durante la pandemia de Covid-19, el sobreseimiento definitivo para diputados involucrados en el caso Pandora, la judicialización contra defensores del medio ambiente y el silencio del Ministerio Público, la Coalición Contra la Impunidad Honduras realizó el foro “¿Hacia dónde vamos con el Ministerio Público?”.
El evento virtual contó con la participación de la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil por sus siglas en inglés) para el programa de Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz; la abogada del bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva; y el exfiscal general, Edmundo Orellana.
Durante su participación, el abogado Orellana señaló al Congreso Nacional como “la gran fuente de corrupción histórica en el país”, tomando como ejemplo no solamente el blindaje que realizaron los diputados por medio de la aprobación del nuevo Código Penal y otras leyes emitidas recientemente, sino también la aprobación del Código que le preside, y la controversial exoneración de quienes participaron en la quiebra financiera de varios bancos en Honduras.
Cuando el Ministerio Público inició sus acciones con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), el Congreso Nacional comenzó a emitir todas esas leyes para evitar que fuesen perseguidos y señaló que este poder del Estado funciona como “el protector, como el guardián de los delincuentes de Honduras. Es el verdadero tutelar de la impunidad en Honduras, ahí reside. El último gran esfuerzo que han hecho y el gran legado que nos dejan es el Código Penal, donde evidentemente se ve la reducción drástica de las penas”, indicó el exfiscal general.
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Asimismo, subrayó que se trata de una trilogía entre la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos y que el fenómeno ocurre porque “desde principios de este siglo, empezó el político a tener relaciones más estrechas con el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos. Ahí donde se procesaba un político se encontraban narcotraficantes y lavadores de activo. [… ] La prueba de que en el Congreso Nacional se habían vinculado, es que tenemos varios diputados presos en los Estados Unidos en cárceles por acusaciones de la justicia federal de los Estados Unidos, justamente por sus vínculos con el narcotráfico”.
En cuanto al silencio del Ministerio Público, Orellana menciona que el mismo inicia con el nombramiento de fiscales que tienen compromisos con los partidos políticos y que este fenómeno no se detuvo ni siquiera con las “huelgas por la dignidad” que protagonizaron varios fiscales en su momento y quienes eventualmente serían destituidos. Pero advierte que ese no es el único problema que enfrenta la institución.
Designa la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como un espectro político que ha secuestrado al Poder Judicial y al Ministerio Público, desde el cual “se dan instrucciones para actuar de conformidad como el gobernante quiera”, e indica que este ente también es el responsable de aplicar la Ley de Secretos de Estado y la Ley de Escuchas Telefónicas. Ambos con una aplicación arbitraria y discrecional. “Es un poder del Estado en donde está la justicia del país recibiendo órdenes de un director ejecutivo militar”, lamentó.
La abogada Claudia Paz y Paz destacó que la debida diligencia en las investigaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos se deriva del artículo uno de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Ministerio Público, que tiene un rol fundamental en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, tiene que iniciar las investigaciones de oficio y sin dilación, ya que al inicio de las investigaciones genera la pérdida de evidencia muy valiosa que luego es muy difícil de recuperar.
También destaca que las investigaciones deben ser conducidas con independencia e imparcialidad no solamente por el fiscal sino de la institución por lo que “es sumamente lamentable que existan estas estructuras [Consejo Nacional de Defensa y Seguridad] en el Estado de Honduras , que condicionan la independencia del Ministerio Público porque ninguna investigación debe estar sujeta a un interés político por inculpar a una persona inocente o político por no esclarecer un hecho para no afectar a una persona que ostenta poder”.
¿Hacia dónde vamos con el Ministerio Público actual?
Para la abogada Kenia Oliva con el actual régimen en el Ministerio Público, los índices de impunidad para quienes violan derechos humanos han incrementado, con un crecimiento exponencial de persecución contra los defensores y defensoras del territorio, ambiente y derechos humanos. Asimismo, señala que con la actual crisis sanitaria donde han ocurrido evidentes actos de corrupción, el fiscal general está ausente.
“Dirige un Ministerio Público para fortalecer y para encubrir a los corruptos y para encubrir lo que este gobierno está haciendo contra la ciudadanía. Así que como no responde a los intereses de la sociedad, creo que es importante que nos organicemos”, para proponer y recuperar la institucionalidad de este ente y de esta forma se cumpla el principio constitucional que todos somos iguales ante la ley, señaló Oliva.
Edmundo Orellana remarcó que la sociedad puede presionar desde la instancia llamada Consejo Ciudadano, la cual está conformada por diferentes sectores que incluyen obreros, campesinos, universidades y mujeres, entre otros; para reclamar a sus representantes sobre el papel que están desempeñando y desde el mismo instar una política de persecución criminal en el que la ciudadanía participe.
Orellana invitó a la ciudadanía a reclamar al Ministerio Público a “actuar de representante y defensor de la sociedad porque su labor es fundamentalmente luchar contra la impunidad”. A la vez advierte que, si la institución no logra sustentar las investigaciones criminales en los tribunales y finalmente lograr sentencias justas en la aplicación de la ley penal, no se justifica como institución y es necesario que la población se lo reclame diariamente al Ministerio Público”.
