Tegucigalpa, Honduras.- A más de un mes de haber iniciado funciones la Junta Proponente para seleccionar a los mejores cinco candidatos para fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo de 2023-2030, el Congreso Nacional autorizó el desembolso de un millón de lempiras para cubrir los gastos del proceso.
Lo anterior lo notificó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, quien también encabeza la Junta Proponente, en la séptima reunión de los integrantes, llevada a cabo en la Escuela Judicial de la CSJ.
“Me dirijo a usted para expresar nuestro agradecimiento por la aportación económica que el Congreso ha hecho llegar a la Junta. Aprovecho para expresarle mi compromiso de manejar los fondos con transparencia”, expresó Obando al presidente del Poder Legislativo.
Agregó que “reiteramos y garantizamos que la nómina está integrada por las y los candidatos que reúnan los mejores criterios de idoneidad definidos y plasmados en la Junta Proponente. Agradecemos mucho su colaboración”.
De igual manera, comentó que desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), desembolsaron 100 mil lempiras y desde el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) 50 mil, es decir, los proponentes tienen a su disposición un millón 150 mil lempiras para trabajar el resto del proceso.
El director de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), e integrante de la Junta Proponente, Julio Raudales, aseguró que este proceso no requiere de un presupuesto, mucho menos tan elevado como el que tienen, pues cada institución está obligada a proveer lo que se necesite.
“No veo que la falta de presupuesto afecte el trabajo que estamos hacienda, porque todo está marchando bien. Cada necesidad que se requiera, cada integrante de la Junta lo debe suplir, ese fue el compromiso que adquirimos al integrar esta instancia”, mencionó Raudales.
Agregó: “recordemos que cada integrante de la Junta trabaja ad honorem (sin goce de sueldo) y eso hay que dejarlo bien claro. El equipo que yo utilice o personal, por ejemplo, quien tiene que costearlo es la institución que yo represento, es decir, las universidades privadas”.
Aseguró que lo más valioso que se está invirtiendo en el proceso de selección, que, hasta el momento va por la fase de tachas y denuncias a los abogados postulantes, es el tiempo que invierte cada integrante de la Junta. “Eso nadie lo pagará”.
Los integrantes de la Junta Proponente prometen que el dinero será manejado sólo para financiar lo requerido por el proceso y para demostrarlo a la población subirán al Portal único de Transparencia en qué y cómo gastan los fondos.
Sin embargo, en el Portal de Transparencia de la Junta Proponente, hasta la publicación de este artículo, todavía no han subido el presupuesto neto, ni en cómo lo distribuirán, algo que, en el futuro, les podría jugar en contra.
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LO QUE DICE LA NORMA
De acuerdo con lo que dice el artículo 35 del reglamento que rige la Junta Proponente, publicado en el Diario oficial La Gaceta, el pasado 15 de junio, este proceso será financiado por cada organismo que conforma la instancia y establece que la secretaría de la Junta enviará una nota a cada institución solicitando el desembolso.
Entonces, de acuerdo con ese reglamento, la secretaría de la Junta Proponente solicitó los desembolsos, pero sólo el Conadeh y el Colegio de Abogados de Honduras lo hicieron efectivo, mientras que el Congreso Nacional, no está obligado constitucionalmente a aportar y se trata de una donación.
Lo anterior lo avala el reglamento de la Junta Proponente que, literalmente precisa que, si las instituciones carecen de recursos económicos, se podrá recibir donaciones de parte de reconocidas organizaciones de derechos vinculadas al sector justicia o agencias de cooperación internacional debidamente acreditadas en el país y en un caso extremo, el Congreso puede aportar, tal como pasó.
No obstante, que el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, que no ha convocado a sesión después de más de un mes de vacaciones, haya hecho un aporte económico, no le da la potestad de incidir en el procedimiento y decisiones que tomen los proponentes.
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SOBRE EL PROCESO DE LOS ASPIRANTES
26 abogados se postularon para entrar en el proceso de selección, en el que la Junta Proponente escogerá a los mejores cinco evaluados, de los que dos deben ser mujeres y tres hombres, y enviará al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado escojan al próximo fiscal general y adjunto.
Luego de terminar el proceso de postulaciones, los proponentes mandaron a 20 de los 26 proponentes a subsanar información, es decir, presentaron su documentación con datos erróneos, falsos o incompletos, ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 p.m y cerró el lunes 3 a las 8:00 p.m).
De los 20 profesionales del derecho a los que les pidieron subsanar información, sólo dos no lograron subsanar. El abogado Oscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en esa primera fase.
Mientras que la Junta Proponente inhabilitó a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquier de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
En síntesis, sólo 22 abogados pasarán al proceso de tachas y denuncias, que inició este miércoles 5 de julio y terminará el próximo lunes 10 del mismo mes. Justamente en esta fase sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Al concluir el segundo filtro, los abogados que pasen, serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia penal y dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 10, para luego sacar a los mejores cinco y antes del 21 de julio, mandar esa nómina al Congreso Nacional.
El Congreso Nacional jugará el papel más importante que es seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla fiscal general y Daniel Arturo Sibrián fiscal adjunto.
Se rumora que, desde la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las bancadas mayoritarias en el Congreso (Libre, Nacional y Liberal) firmaron un pacto en el que acordaron que abogados ostentarán la fiscalía, mismos que responderán a intereses políticos, con la misma hegemonía que se ha venido dando en los últimos años.
