Con la derogación de la Ley de Secretos se desclasificará toda la información de la administración pública que blindó a 17 instituciones del Estado. Según el fiscal anticorrupción, Luis Javier Santos, la información de Casa Presidencial en la administración de Juan Orlando Hernández fue destruida en su totalidad
Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad de los 128 diputados la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos, aprobada en 2013, que blindó al menos 17 instituciones estatales para declarar reservada y clasificada información de carácter público.
La referida ley fue aprobada bajo el Decreto Legislativo 418-2013 que otorgó declarar como secreto los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones de la administración pública consumando una ley que fomenta y oculta los actos de corrupción.
Como una noche histórica calificaron varios congresistas al derogar la normativa que impidió a entes de investigación acceder a información concerniente a la administración de los fondos y recursos de la nación.
En discusión de tres debates, el Congreso Nacional derogó la ley y ordenó a todas las instituciones que conforman el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, oenegés, instituciones desconcentradas, personas naturales o jurídicas que a cualquier título del Estado y cualquier entidad que recibió o administró fondos públicos desclasificar toda la información declarada en secretividad desde que se instauró la normativa.
“Con la derogación de esta ley se está desmontando parte de la impunidad de este país. Lo que hacemos los funcionarios públicos no debe ser secretos a menos que ocultamos cosas que estén reñidas con la ley. Una vez que esto entre en vigencia, cualquier ciudadano podrá solicitar cualquier información, vamos a saber qué se ha hecho con el dinero”, manifestó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.
A criterio del congresista Hugo Noé Pino, la mejor manera de combatir la corrupción es la transparencia y el acceso a la información pública por lo que la derogatoria aprobada “derriba un mutó de impunidad aprobada en el pasado”.
Asimismo, el congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, indicó que la derogación de la Ley de Secretos será una carta libre para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que pretende instalar el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro con apoyo de las Naciones Unidas, pueda investigar cualquier acto de corrupción sin obstáculos.
En tanto, la abogada y diputada del PSH, Maribel Espinoza, solicitó se establezca una sanción penal, administrativa o civil contra cualquier funcionario público que no desclasifique la información o que haya desaparecido o destruido la información de la administración pública.
En el caso de los fideicomisos, el artículo 4, establece un plazo de dos meses para presentar informes de rendición de cuentas y en caso de incumplimiento acarrea responsabilidad penal.
Es importante señalar que fue el congresista del Partido Libertad Libre, Jari Dixon y la congresista del Partido Liberal, Kritza Pérez, que presentaron el proyecto de ley para su derogación siendo nombrada una comisión especial conformada por los congresistas Rasel Tomé, Ligia Ramos, Fátima Mena, Ramón Barrios, Suyapa Figueroa, Silvia Ayala y Rafael Sarmiento quienes presentaron ante el pleno el dictamen.
ADMINISTRACIÓN DE JOH DESTRUYÓ INFORMACIÓN PÚBLICA
Según las propias autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desconocen cuantas instituciones y organizaciones del Estado declararon en secreto la información.
De igual forma, el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, develó que en la administración de JOH, como popularmente se le conoce al exgobernante Juan Orlando Hernández, en especial, Casa Presidencial, toda la información fue destruida impidiendo conocer cómo y en qué se ejecutó el presupuesto asignado.
“El problema se vuelve mucho más grave ya que ahora que se desclasifique y que podamos acceder a toda la información nos vemos con el problema que toda fue destruida. En Casa Presidencial no dejaron ni tan solo un documento de la administración que llevan, eso es una obstrucción a las investigaciones que sabían ellos que nosotros estábamos realizando”, reprochó.
EL CAMBIO DE POSTURA DEL PARTIDO NACIONAL
El dictamen de ley fue respaldado por los diputados del conservador Partido Nacional pese que fueron quienes aprobaron, junto con los diputados del también conservador Partido Liberal, la normativa.
Sin embargo, el diputado Mario Pérez, la diputada Johana Bermúdez, entre otros, solicitaron la derogación de los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública que permite declarar reservada y clasificada la información concerniente con temas de seguridad nacional y que ponen en riesgo la nación.
“Solicitó que no exista ninguna información del Estado en secreto, que de verdad no vuelva haber nada en el país clasificado como secreto”, pidió.
Cabe señalar que la iniciativa fue rechazada debido que el decreto contempla la derogación de la Ley de Secretos por lo que se instó a Pérez presentar una iniciativa aparte con su petición.
Por su parte, el diputado Dixon felicitó a la bancada del Partido Nacional que votó por unanimidad por la derogación de la Ley.
“Verlos levantar la mano y decir estamos de acuerdo es porque estamos en el camino correcto”, dijo.
“Se cometió un error en el pasado, hoy ha cambiado. Estamos enviando un mensaje correcto que estamos legislando a favor del pueblo hondureño. Hoy estoy pidiendo disculpas al pueblo hondureño porque no actuamos correctamente en el Congreso Nacional anterior”, arguyó el congresistas nacionalista, Jorge Zelaya.
Entre aplausos y algarabía la totalidad de congresistas celebraron la derogatoria de la normativa que por muchos años impidió la lucha contra la corrupción.
