Un análisis de Criterio.hn a la información disponible en el Portal de Transparencia del Congreso Nacional revela que, entre 2022 y diciembre de 2025, el Legislativo —bajo la presidencia de Luis Redondo— desembolsó 842,442,928.79 lempiras en concepto de subvenciones y ayudas sociales.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras años de cuestionamientos por el uso discrecional de subvenciones y subsidios durante la administración legislativa de Luis Redondo (2022-2026), el nuevo presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano (2026-2030), aseguró que estos mecanismos de ayudas sociales continuarán, pero bajo un esquema de transparencia y control público.
Zambrano reconoció que la entrega de fondos desde el Poder Legislativo ha generado desconfianza ciudadana, especialmente luego de los señalamientos de opacidad y presuntos actos de corrupción asociados a las subvenciones otorgadas en los períodos anteriores.
Tras finalizar la presentación del informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) titulado Una radiografía de la gestión parlamentaria 2022-2026, medios de comunicación consultaron al titular del Congreso Nacional sobre la derogación del Fondo Departamental, a lo que Zambrano respondió que la iniciativa sería sometida al pleno en las próximas semanas.
En esa misma intervención el presidente del Legislativo defendió el rol de las y los diputados como gestores de proyectos, señalando que esta práctica está profundamente arraigada en la cultura política hondureña.
“Yo soy diputado de un departamento y a todos los diputados en los departamentos nos miran como gestores. Es difícil quitar de la cultura política hondureña que el diputado únicamente sea visto como legislador”, sostuvo Zambrano.
No obstante, aseguró que su administración marcará una diferencia sustancial en la forma en que se ejecutan los recursos públicos, estableciendo límites claros al manejo directo de fondos por parte de los congresistas.
Según explicó, las subvenciones no se entregarán a legisladores ni a personas naturales, sino que se canalizarán directamente a organizaciones no gubernamentales (oenegés) o entidades con personería jurídica debidamente registrada. Es decir, que esas ayudas van a salir a nombre de la escuela, de la junta de agua, del patronato, de una microempresa y “todo será público y transparente”, sostuvo.
Zambrano enfatizó que los recursos administrados por el Congreso Nacional pertenecen al pueblo hondureño y, por tanto, su uso debe ser plenamente visible y verificable. Como parte del nuevo esquema anunció que se está trabajando de manera conjunta con organismos de sociedad civil para mejorar los mecanismos de control.
“Hemos hablado con el Consejo Nacional Anticorrupción, nos va a dar observaciones, vamos a hacer el análisis y sé que vamos a recoger muchas ideas y propuestas del CNA, la ASJ y otras organizaciones”, indicó.
Uno de los anuncios centrales de Zambrano fue la eliminación del fondo departamental contemplado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional –aunque este decreto fue derogado en 2023— una figura históricamente cuestionada por su uso político y que derivó en casos de corrupción como Red de Diputados, Arca Abierta, entre otros.
“Se va a eliminar lo que es el fondo departamental. Eso va a evitar que no sólo este Congreso, sino los próximos, puedan implementarlo, a menos que exista la voluntad de 86 diputados para revivirlo”, afirmó.
PROMETEN QUE SUBVENCIONES SERÁN AUDITADAS POR ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
Las declaraciones fueron recibidas con cautela por organizaciones de sociedad civil, que durante años han denunciado el uso discrecional de subvenciones y subsidios desde el Congreso Nacional.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, valoró el anuncio como un primer paso, aunque advirtió que el verdadero reto será cumplir lo prometido.
“Hemos dialogado con el presidente del Congreso. Este es un buen inicio, pero queremos comprometernos con la población a ser vigilantes y veedores sociales”, expresó Castellanos.
Castellanos recalcó que el CNA auditará y dará seguimiento permanente a la gestión de subvenciones para garantizar que no se repitan prácticas del pasado.
En años anteriores, Castellanos y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaron el uso de subsidios y fondos sociales, señalando que los diputados fueron electos para legislar y no para manejar dinero público de forma discrecional.
Vea: Entre 2022 y 2024 el Congreso Nacional ha entregado más de 631 millones de lempiras en subvenciones
En una entrevista brindada a Criterio.hn el congresista por el Partido Liberal, Carlos Umaña, expresó la experiencia demuestra que estos mecanismos terminan siendo utilizados de forma discrecional por los partidos en el poder, relegando las gestiones de la oposición.
En ese sentido, declaró que el pueblo hondureño ha sido claro en rechazar que las y los diputados manejen fondos públicos y que “la gente quiere que los diputados no manejen nada y que solo sea a través de la iniciativa de ley que se puedan hacer proyectos”.
El congresista recordó que promesas similares fueron hechas durante la gestión de Luis Redondo, cuando se anunció la eliminación del fondo departamental, pero este mutó en subvenciones, subsidios y posteriormente en el Fondo de Administración Solidaria.
La opacidad también se refleja en los informes de gastos del Legislativo, que omiten la distribución individual de fondos y el destino específico de cada subvención.
Criterio.hn analizó los datos publicados por el Congreso Nacional en el Portal de Transparencia y determinó que entre 2022 y diciembre de 2025, ese poder del Estado –presidido por Luis Redondo— erogó 842,442,928.79 lempiras en subvenciones y ayudas sociales, justificadas en el artículo 205 de la Constitución.
Pese a múltiples solicitudes de información realizadas por este medio digital, el Congreso Nacional evadió la entrega de informes detallados sobre los nombres de los y las congresistas que solicitaron subvenciones, los beneficiarios y la ejecución de esos fondos.
Hasta la fecha, el Congreso Nacional sólo ha publicado cifras globales en su portal de transparencia, sin detallar quiénes recibieron los recursos ni cómo fueron utilizados, un antecedente que marca el desafío principal que enfrenta ahora la nueva administración legislativa.
