Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público que permitiría a la Secretaría de Finanzas endeudarse por un monto de USD 2,000 millones debido que la nación centroamericana se encuentra en bancarrota.
El decreto de ley fue recibido por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas que reveló que solo cuentan con 800 millones de lempiras para ejecutar el Presupuesto General de la República para el periodo Fiscal del presente año pese que lo presupuestado ronda los USD 12,684 millones.
Cabe señalar que el decreto fue presentado al hemiciclo legislativo el mismo día de su discusión y aprobación sin que los congresistas tuvieran acceso al proyecto de ley, sin embargo, fue aprobado por los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH) y el conservador Partido Liberal con la finalidad que el gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, pueda tener fondos para cumplir con su plan de gobierno.
El decreto permite al gobierno de Honduras endeudarse por un máximo de USD 2,000 millones y autoriza a la Secretaría de Finanzas adoptar medidas extraordinarias en el ámbito fiscal y financiero como ser reasignar el gasto público, reorientar el presupuesto, entre otras acciones que permitan cumplir con el ejercicio fiscal de 2022.
Además, con los fondos se realizará el pago de deuda pública que se contrajo durante 2013 a través de la venta de bonos soberanos a interés altos catalogado por el economista y diputado del Partido Libre Hugo Noé Pino, como un acto de corrupción del conservador Partido Nacional.
Asimismo, faculta a la Secretaría de Finanzas adquirir USD 12 mil millones al endeudamiento autorizado por el Decreto Legislativo 107-2021 concernientes al Presupuesto General de la República aprobado por el Congreso Nacional anterior, situación que aumentará el endeudamiento público que representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Lo anterior pretende cumplir con deudas contraídas y otros compromisos ante la insuficiente de recursos debido a la mala administración del exgobernante Juan Orlando Hernández.
Tanto el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas como el congresista del Partido Liberal, Yuri Sabas, cuestionaron que en menos de una hora se conoció el proyecto de ley y fue aprobado emulando acciones que se reprocharon del Congreso Nacional anterior.
El nuevo gobierno develó que recibió un país bancarrota por lo que deberá tomar acciones radicales y necesarias para mejorar las finanzas públicas mientras el Poder Legislativo se prepara para aprobar una reducción al Impuesto Sobre la Venta (IVS) situación que reduciría los ingresos del gobierno.
“Nos dejaron con una deuda de 380,000 millones de lempiras y el gobierno está declarando una emergencia fiscal y financiera, es decir, estamos quebrados para poder subsistir se toman medidas heroicas que son contención del gasto corriente y adquirir financiamiento”, manifestó el diputado Carlos Umaña.
En tanto, el congresista y exministro de finanzas, Marco Midence, defendió su gestión y la administración de Hernández justificando que se debe entender el comportamiento de los ingresos para declarar un estado de emergencia manifestando que lo aprobado se hizo “a mata caballo”.
En respuesta, varios diputados del Partido Libre, entre estos, Sergio Castellanos y Jari Dixon, responsabilizaron al Partido Nacional de llevar a Honduras a la quiebra tras 12 años en el poder.
“Le quiero decir que el gobierno de Mel dejó una deuda externa de 3,420 millones de dólares y que ustedes la dejaron en cerca de 20,000 millones y se lo robaron. Usted (Marco Midence) le firmaba los cheques a JOH en medio de la pandemia» arremetió Castellanos.
Agregó que “se robaron el dinero y se dedicaron a robar hasta el último día” situación que dejó limitado financieramente al gobierno de Castro.
Con esta ley de emergencia Honduras recurre a más endeudamiento para ejecutar las acciones de gobierno de Castro mientras el 74% de su población se encuentra en pobreza y, de estos, el 54% en extrema pobreza.
