Junta directiva del Congreso puso a disposición de las diputadas y los diputados un subsidio destinado a atender necesidades de las comunidades que representan
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional que preside Luis Redondo replica prácticas del pasado entregando un subsidio de L 100,000.00 a diputadas y diputados, con el supuesto propósito de destinar dichos recursos a acciones de atención a necesidades que se presentan en las comunidades que los legisladores representan, dejando abierta la puerta al clientelismo político.
Aunque inicialmente el presidente del Legislativo había intentado rechazar que se entregaría el subsidio, durante los últimos días, congresistas de todas las bancadas han confirmado la situación. La entrega del subsidio se realiza previo a la aprobación del Presupuesto 2023 y a la elección de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con un acta de recepción y compromiso que se entregó a los legisladores, la entrega de los L 100,000.00 se realiza “en concepto de subvención económica con fines de utilidad pública, como instrumento de desarrollo económico y social dentro del departamento que represento”.
Además, cada legislador que recibe el subsidio se compromete a realizar una liquidación en un lapso de treinta días y faculta al Congreso Nacional a realizar “las deducciones pertinentes de mi sueldo, en caso de que no realice la liquidación correspondiente en el plazo establecido”.
En Honduras, los legisladores propietarios tienen un salario bruto de L 90,892.42 y los suplentes de L 54,535.45, mientras que los sueldos en los cargos de la junta directiva van desde los L 97,833.33 hasta los L 151,911.00, y cada jefe de bancada percibe mensualmente L 110,862.00. Además de ello, a los 254 diputados propietarios y suplentes del Congreso se les entregó un pago en concepto de decimotercer salario durante este mes.
LA HISTORIA DE SIEMPRE
Más allá de la entrega del subsidio, es sabido que este tipo de entregas monetarias lo único que incrementan es el clientelismo político, porque a las diputadas y los diputados se les asignan recursos destinados a la ejecución de proyectos sociales en sus comunidades, cuando, por el contrario, sus funciones deberían estar dirigidas exclusivamente a la formulación, aprobación y derogación de leyes.
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“Me parece que esto es replicar la cultura política que se ha cuestionado en tiempos anteriores y no contribuye a una praxis política nueva. Se evidencia que aún se tiene la idea de que el poder se sostiene en base a dádivas y a mantener estructuras clientelares”, consideró, en entrevista con Criterio.hn, el sociólogo Armando Orellana.
En Honduras, sin embargo, la función legislativa ha sufrido un profundo proceso de degradación, ello desde que en 2006 se implementaron los fondos departamentales, que esencialmente consiste en permitirle a los legisladores administrar recursos públicos y ejecutar proyectos en sus comunidades. Sin embargo, esta manipulación de dinero ha involucrado a diputados y exdiputados en actos de corrupción.
No obstante, tras la entrada en vigencia del decreto 116-2019, las labores investigativas del Ministerio Público se han visto limitadas, porque en caso de acusar e investigar a un legislador, la Fiscalía debe aguardar a que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías y determine si existen indicios de responsabilidad penal. Varios diputados, señalados en casos como Pandora y Arca Abierta, han sido sobreseídos a raíz de la vigencia de este polémico decreto que continúa vigente dentro del marco normativo hondureño.
El rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, dijo a Criterio.hn que este tipo de prácticas atentan contra el Estado de derecho y contra las propias leyes
“Independientemente de a qué se destinen estos recursos, causa vergüenza que se continúen dando estos subsidios al margen de la esencia de la correcta costumbre legislativa. Los diputados no están ahí para dirigir proyectos de desarrollo en sus comunidades, si quieren hacer eso que busquen ser alcaldes o regidores”, consideró Raudales.
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A pesar del rechazo de académicos consultados por este medio digital, en los diputados se preserva la intención de continuar manejando recursos públicos y ejecutando proyectos, porque aunque se pretende eliminar los fondos departamentales, el oficialismo tiene bajo la manga la creación de los fondos sociales comunitarios.
NO PENSAR EN CÓMO COMPRAR VOTOS
Con relación al subsidio que se discute en estos momentos, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras (PSH) han emitido posturas en desacuerdo, mientras que, por parte del Partido Liberal, ya hay congresistas que han aceptado la entrega de estos recursos, que algunos analistas y sectores de oposición consideran, más bien, un incentivo de cara a la elección de la Corte Suprema de Justicia.
“Creo que ahora mismo, en el Congreso, los diputados tienen que estar preparándose para escoger a los magistrados y magistradas de la nómina que les enviará la Junta Nominadora, y no pensando en cómo comprar votos. Para ese proceso de elección de la Corte lo que se quiere es diputados que tomen decisiones sin ningún tipo de influencia política y económica, como en este caso”, mencionó a Criterio.hn el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados elegirán a las 15 personas que ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030. Sin embargo, desde ya se comienzan a realizar los cabildeos entre los partidos políticos que buscan cuotas de poder dentro de la conformación del máximo tribual, tomando en cuenta que se requerirán 86 votos para elegir esos altos cargos.
