Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- A raíz de los cuestionamientos sobre la asignación de fondos a los diputados a través del polémico Fondo Departamental, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, descartó desembolsos por esta vía, pero anunció la creación de una Ley Especial para proyectos.
Varios congresistas afines al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) anunciaron que se aprobó en reunión de bancada asignar nuevamente fondos a los diputados para promover obras y proyectos sociales en sus comunidades siendo destinados un millón de lempiras para diputados propietarios y medio millón para suplentes.
La asignación de recursos ha sido fuente de corrupción debido que la mayoría de los diputados y exdiputados que manejaron fondos públicos desviaron el dinero a cuentes personales y de familiares, tal como lo denunció en su momento el exvocero de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
De igual manera, el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público (UFERCO), Luis Javier Santos, reaccionó en contra de volver asignar fondos a diputados al considerar el Fondo Departamental como “la fuente de corrupción más grande de los últimos tiempos”.
Según el fiscal anticorrupción, más de 16 mil millones de lempiras fueron desviados a través de ONG´s de maletín por lo que instó al Congreso Nacional derogar el Decreto Legislativo 116-2019 contentivo de la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales que no es más que el Fondo Departamental aprobado durante la gestión de Mauricio Oliva.
https://twitter.com/Luis_Santos_C/status/1513950033640628225
Redondo, salió al paso y desmintió que se aprobó asignar recursos a diputados, pero aclaró que se creará la “Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios de las Comunidades” mediante la cual los diputados podrán gestionar proyectos y programas para sus comunidades.
“Condeno el fondo departamental con el cual se hizo corrupción.; lo que sí hay y va a seguir habiendo es que los diputados sean gestores de proyectos. Lo que estamos haciendo es la deferencia que los 128 diputados puedan presentar proyectos que se hagan realidad y quienes van a administrar los fondos serán las instituciones que están a cargo de esto”, arguyó.
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Reiteró que “ningún diputado va a tocar dinero” al tiempo que reconoció que varios congresistas le solicitan aprobar recursos para gestionar proyectos a fin de figurar en sus comunidades cuando la constitución define sus atribuciones basadas en crear, reformar, sancionar, eliminar leyes.
“Desde el 23 de diciembre se dio a conocer la creación de un fondo social que involucra decretos a través de una ley. Van a conocer cómo vamos a hacer que los diputados se conviertan en gestores”, añadió.
El expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales se refirió al Fondo Departamental que surgió en su periodo de gobierno 2006-2009 cuando Roberto Micheletti fungía como presidente del Congreso Nacional.
“Yo entiendo que el Estado debe ayudar a las comunidades, como ayude a las comunidades el Congreso o el Poder Ejecutivo deberá definirse, reglamentarse y hacerlo transparente, pero si el Estado no ayuda a las comunidades entonces el Estado no cumple su función. Los mecanismos son los que han sido cuestionado, las formas en que se ha manejado han sido cuestionado, pero tanto el Congreso Nacional, las alcaldías y el Poder Ejecutivo está en la obligación de ayudar a las comunidades”, sostuvo.
"Si el Estado no ayuda a las comunidades, el Estado no cumple su función"
CG @manuelzr pic.twitter.com/IaBXCl396Q
— Partido Libre (@PartidoLibre) April 12, 2022
Contrario a las declaraciones del también asesor de la presidenta Xiomara Castro, su esposa, la Constitución de Honduras, en el Capítulo I del Poder Legislativo, artículo 205, en ninguno de sus 45 incisos faculta a los diputados administrar, ejecutar o liquidar fondos públicos, por el contrario, manda a crear, decretar, interpretar, reformar o derogar leyes, entre otras atribuciones alejadas de asignarles fondos.
A criterio del diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, los diputados del Congreso Nacional “no estamos para manejar obras ni dinero del erario” esas atribuciones están consignadas al Poder Ejecutivo y las municipalidades.
“Los diputados no pueden considerar un fondo departamental con fines de reelección, no es correcto tener un fondo departamental porque sirve para corrupción”, expresó.
Mi opinión de el fondo departamental es que los Diputados estamos para legislar y no manejar dinero quienes en el pasado lo hicieron cometieron actos de corrupción y por lo tanto no debemos de tenerlo…es el ejecutivo quien debe realizar obras y los que piensan que es útil para
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) April 12, 2022
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, criticó el accionar del nuevo Congreso Nacional y lo comparó con la administración de Mauricio Oliva salpicada de corrupción e impunidad.
“Vemos que no hay coherencia con las críticas que hicieron en los últimos ocho años de gobierno nacionalista. Estamos viendo que se forma una práctica muy parecida al estilo de cómo se aprobaba en el Congreso Nacional que presidía el Partido Nacional”, declaró.
Misma valoración tiene el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, quien afirma se mantienen las prácticas del pasado.
“La cultura de opacidad del Congreso Nacional debería ser superada con conciencia transparente y democrática. Los fondos públicos para congresistas no deberían proceder, bajo cualquier nombre. Esto es clientelismo y continuar con las prácticas del “viejo régimen”, indicó.
Según reveló el excongresista del Partido Libre, Rony Martínez, el incremento de 200 millones al prepuesto anual del Poder Legislativo responde a la asignación del millón de lempiras para los diputados propietarios y medio millón para suplentes con la supuesta intención de realizar “obras y proyectos” en sus comunidades.
Cabe resaltar que, en las declaraciones de Redondo, exteriorizó que la intención de la normativa que pretende implementar es promover proyectos y obras en nombre del diputado que lo presente, en pocas palabras, con fines proselitistas.
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