Los representantes estadounidenses piden además combatir la corrupción y proteger a los ambientalistas en la región del Bajo Aguán de futuros ataques y violencia
Tegucigalpa.- Hoy, los congresistas estadounidenses Jan Schakowsky, Jesús «Chuy» García, Ilhan Omar y Raúl M. Grijalva junto a 16 de sus colegas, enviaron una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, solicitando que la Embajada de los Estados Unidos en Honduras involucre continuamente al gobierno hondureño para combatir la corrupción mientras protege a los ambientalistas en la región del Bajo Aguán de futuros ataques y violencia, y velar porque sus demandas sean atendidas plena y justamente.
Esto incluye la cancelación definitiva de las licencias mineras Los Pinares en el Parque Nacional de la Montaña Carlos Escaleras Botaderos, dice la petición de los congresistas.
El 15 de junio, Oquelí Domínguez Ramos, un opositor a la instalación ilegal de la mina de mineral de hierro a cielo abierto Los Pinares fue asesinado en su casa. La madre de Oquelí, Catalina Ramos, resultó herida de bala en la pierna.
Apenas cinco meses antes, el otro hijo de Catalina, Ali Domínguez, también fue asesinado por hombres en motocicletas cuando regresaba a casa con su amigo Jairo Bonilla. El tercer hijo de Catalina, Reynaldo, se vio obligado a abandonar su hogar después de recibir amenazas específicas debido a su oposición a la mina.
La compañía minera Los Pinares fue inicialmente una empresa conjunta entre el gigante siderúrgico estadounidense Nucor y el conglomerado hondureño EMCO Group, propiedad de Ana Facussé y su esposo Lenir Pérez.
EMCO y otras corporaciones respaldadas por el padre de Ana Facussé, Miguel Facussé (ya fallecidoi), han sido acusadas durante mucho tiempo de violencia, influencia ilícita en el sistema judicial hondureño e incluso conexiones con el narcotráfico.
Los intereses de Facussé en la región del Bajo Aguán, donde se encuentra la mina Los Pinares, comenzaron con lo que se denuncia ampliamente como apropiaciones masivas, violentas e ilegales de la reforma agraria y las tierras indígenas garífunas por parte de la corporación Dinant de propiedad de Miguel Facussé.
Solo este año, siete defensores del derecho a la tierra en disputas con Dinant han sido asesinados.
«Estamos preocupados por el nivel de apoyo que las corporaciones asociadas con la familia Facussé han disfrutado de la comunidad internacional, incluido el acceso al financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo y la inversión de una importante corporación estadounidense, a pesar de la evidencia de participación en corrupción, violencia y otras violaciones de derechos humanos», concluyeron los legisladores.
«Nos preocupa además que las acciones de este tipo de empresas y el fracaso para contrarrestarlas socaven los objetivos de la Administración Biden en la región», manifestaron, además, los congresistas en su misiva a Blinken.
Si bien los legisladores «se sienten alentados por los importantes esfuerzos del actual gobierno hondureño para apoyar las investigaciones sobre estas redes violentas» a través de diversas iniciativas, los legisladores instan al Departamento de Estado de los Estados Unidos a comprometerse con el gobierno hondureño para garantizar la cancelación definitiva de las licencias mineras de Los Pinares.
Tambien, piden la investigación de los asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas por parte de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida con sede en Tegucigalpa, y la futura protección y seguridad de defensores de derechos humanos y ambientalistas en la región del Bajo Aguán.
Además de Schakowsky, García, Omar y Grijalva, los firmantes de la carta incluyen a los representantes Henry C. «Hank» Johnson, Jr., Joaquín Castro, Jamie Raskin, Barbara Lee, Kevin Mullin, Cori Bush, Adriano Espaillat, Paul D. Tonko, Jimmy Panetta, James P. McGovern, Veronica Escobar, Lloyd Doggett, Jared Huffman, Rashida Tlaib, Linda T. Sánchez y Ritchie Torres.
