Los trabajadores exigen el pago de sus derechos laborales frente al proceso de municipalización que podría desarticular el SANAA
La polémica surge en medio de la suspensión del gerente de la institución denunciado por agresiones hacia tres empleadas y por actos de corrupción
Tegucigalpa. Un grupo de empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), denunció este lunes ser víctimas de agresiones físicas por parte de Policías Municipales, mientras se manifestaban de forma pacífica en el portón de dicha institución.
Los empleados se tomaron las instalaciones de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), ubicadas en la colonia Divanna de Comayagüela, exigiendo les paguen sus salarios atrasados, prestaciones laborales y el cambio o destitución del gerente del ente edilicio Arturo Tróchez.
El conflicto laboral tiene su origen en el proceso de municipalización del servicio de agua potable y alcantarillado que comenzó hace 20 años con la aprobación, en el Congreso Nacional, de la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento Básico.
El proceso de municipalización ha cobrado auge con la puesta en vigencia de la UMAPS desde inicios del gobierno municipal que dirige Jorge Aldana en los primeros cuatro meses de 2022.
AGRESIONES POR PARTE DE POLICÍAS MUNICIPALES
Los trabajadores denunciaron, ante medios de comunicación, que fueron agredidos por la Policía Municipal, quienes les propinaron golpes e incluso hasta heridas.
Resulta lamentable que en toda discusión o protesta las más agredidas siempre resultan ser las mujeres, dijo Griselda Cruz, una de las manifestantes quien agregó que los uniformados se dirigieron únicamente al grupo de mujeres y nunca hacia los hombres. “Ellos saben que nosotros no nos vamos a poner con la fuerza de ellos”.
En entrevista con Criterio.hn, Cruz manifestó que mientras se disponía a ingresar a las instalaciones de la UMAPS, fue retenida por Policías Municipales impidiéndole la entrada a su centro de labores.
“Soy paciente oncológica y no estoy aquí peleando un plantel o una plaza, tengo 18 años de laborar en esta empresa, yo lo único que pido solo son mis derechos”, expresó con su rostro compungido.
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Cruz lamentó que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), por el que trabajó muchos años, hoy la mande a golpear junto a sus compañeros. “nosotros somos los revoltosos de Libre, yo luché en las calles, fui gaseada y golpeada por defender un partido y hoy mi propio partido me ha hecho esto”, comentó en reproche a las autoridades del instituto político que hoy gobierna Honduras.
El gerente de la UMAPS, recientemente también protagonizó un escándalo, mismo que fue publicado en las redes y donde se escucha tratando a su personal de forma inadecuada.
En el video se identifica a Arturo Tróchez con un teléfono celular en sus manos dirigiéndose al personal que se encontraba en una de las oficinas y uno de los empleados le reclama por estar supuestamente grabándolo a lo que el funcionario respondió: “no te estoy grabando a vos, maje” y posteriormente se retiró.
Los empleados aseguran que son víctimas de abuso y malos tratos por parte del funcionario, por lo que habrían determinado subir el video a redes sociales.
Posteriormente, en su defensa y en medios de comunicación, Trochez dijo “perdí los estribos porque la situación se ha vuelto invivible”, al tiempo que indicó que ya no se permitirá el ingreso de empleados del SANAA a la UMAPS.
Asimismo, mencionó que su reacción fue ante una provocación de un empleado del SANAA que se encontraba en las instalaciones de la UMAPS en la colonia Divanna.
Además, mediante un tuit, Tróchez manifestó que la semana anterior irrumpieron su oficina, quitaron el llavín de la puerta y estuvo asedio. “Un video de supuestos abusos a personal del SANAA, es todo lo contrario, pero los medios que difundieron eso no me han consultado” comentó.
El hecho se registró solo a pocos días de que el Gobierno de Xiomara Castro suspendiera del cargo al gerente del SANAA, Leonel Gómez, quien está siendo sometido a una investigación después de haber sido denunciado, en primera instancia y por redes sociales, por tres empleadas por maltrato, mismas que posteriormente lo denunciaron ante el Ministerio Público por maltrato y corrupción.
En conversación con Criterio.hn la abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera, manifestó que el 2022 se utilizó para darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno, y para que este hiciera sus ajustes internos y reacomodar la institucionalidad.
No obstante, asegura que el 2023 debe ser el año en que las autoridades asuman el destino del país y reconozcan que hay problemas en el país que se están agudizando.
“El 2022 se vio una distribución de la función pública en personas más vinculadas a personas de amistad, grupos políticos que se repartieron el Estado, pero que no necesariamente las personas respondían al tema de capacidades”, cuestionó.
Expuso que es necesario poner a las personas adecuadas en cada uno de los puestos para que en la gestión pública se trabaje con el propósito de dar mejores resultados.
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DESPIDOS POR PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN
El presidente del Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), Julio César Pozo, en entrevista con Criterio.hn, manifestó que el gerente de la UMAPS pretende despedirlos bajo abusos y atropellos.
“Nosotros solicitamos que si no nos quieren ver aquí que nos paguen las prestaciones laborales en un cien por ciento y se acaba el problema”, aseguró.
Asimismo, denunció que la Policía Municipal agredió a cinco mujeres dejando a una de ellas con heridas graves. “En vista de todo lo acontecido es que también solicitamos la suspensión inmediata del gerente general de la UMAPS, estas agresiones no pueden quedar impunes”, añadió.
Pozo Recordó, además, que quien lidera el destino de Honduras es una mujer, por lo tanto, deben hacer valer los derechos de las mujeres. “Estamos como en la jungla y no es posible que los derechos de las compañeras estén siendo vulnerados, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ellas sean respetadas”.
El domingo el gerente de la UMAPS, Arturo Tróchez, escribió en su cuenta de Twitter: “como profesional del sector Agua y Saneamiento mi recomendación sería liquidar el SANAA. El país necesita una institución rectora del sector como existe otros países”.
Tras este comentario el presidente del sindicato de trabajadores respondió que no tienen ningún problema con que eso pase, siempre y cuando, el gerente de la UMAPS haga la trasferencia de los 300 millones de lempiras que debe la Alcaldía Municipal para las prestaciones de los 390 empleados que no han sido cancelados.
El conflicto laboral tiene su origen en el proceso de municipalización del servicio de agua potable y alcantarillado que comenzó hace 20 años con la aprobación, en el Congreso Nacional, de la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento Básico.
