Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares

Por: Redacción CRITERIO

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 Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

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Comunicado de la Diócesis de Trujillo

La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:

El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.

Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.

En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.

 El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.

También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.

Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

 Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: »Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo» (LS 207 y 13).

Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019