Por: Redaccion CRITERIO.HN
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El Ministerio Público (MP) ha informado que la Corte de Apelaciones del circuito Anticorrupción declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por la defensa de tres de los 16 imputados en el caso, Fraude sobre el río Gualcarque.
Se trata del ex vice ministro de la Secretaría de recursos Naturales (serna), hoy denominado MI Ambiente, Darío Roberto Cardona Valle, de Ana Lourdes Martínez Cruz y Ana Gabriela Zelaya Gómez, para quienes se ha confirmado el auto de formal procesamiento, informó en MP hoy sábado 8 de agosto.
La Fiscalía informó, que las excepciones fueron rechazadas por falta de acción y por incompetencia del tribunal donde las interpusieron, el 10 y 12 de febrero pasado, con el fin de evitar la realización del juicio oral y público.
El resto de imputados son Roberto Aníbal Martínez Lozano, Rigoberta David Castillo Mejía, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Edgardo Espinoza Mejía, Marcio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Oscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Liseth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
La causa que en este momento es manejada por la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), fue investigada por la extinta, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH), entidades que por interés de los funcionarios del gobierno que defienden la podredumbre del Estado, fueron desmanteladas en enero pasado.
El caso, Fraude sobre el río Gualcarque, tiene relación con las prácticas corruptas de los funcionarios del gobierno que se confabularon con los empresarios y le otorgaron ilícitamente, a la compañía, Desarrollos Energéticos SA (DESA) la concesión del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, en perjuicio de las comunidades indígenas asentadas en el oeste de Honduras.
Las comunidades lencas, agrupadas en el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), que en ese momento era coordinado por la líder indígena, defensora de los derechos humanos y del ambiente, Berta Cáceres, se opusieron a la construcción del proyecto por el daño ecológico que producía en la zona.
Esa fue la causa del asesinato de Berta Cáceres y de más de una decena de pobladores indígenas en diferentes épocas. A Berta Cáceres la asesinaron en la madrugada del 3 de marzo de 2016 hombres fuertemente armados, presuntamente contratados por ejecutivos de la compañía DESA. Por el crimen de ella, la justicia hondureña condenó a siete actores materiales, pero el COPINH no se conforma y exige encarcelar a los actores intelectuales.
Hasta ahora, el MP solo ha acusado como actor intelectual, al ex oficial de inteligencia Militar y presidente de la junta directiva de DESA, Roberto David Castillo Mejía, pero la familia de Berta y el COPINH exigen investigar y encarcelar a varios miembros de la familia Atala y a funcionarios del gobierno, incluyendo a miembros de las Fuerzas armadas.
