Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Un tribunal anticorrupción condenó este viernes a un ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y a otras seis personas, entre ellas un ex gerente y un auditor del ente de pensiones de los profesionales del derecho por un millonario desfalco, mientras en el de los periodistas sus dirigentes buscan se les amplie en el Congreso Nacional un escudo de impunidad para no rendir cuentas en el Instituto de Previsión de los comunicadores.
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El ex presidente del CAH y de la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, Olvin Antonio Mejía, sería condenado a cumplir una pena de cárcel entre 8 y 16 años por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, al igual que al ex gerente del ente, Jose Argeñal Cerrato por el mismo delito, según el fallo leído por una juez del circuito anticorrupción.
También se condenaría a cumplir una pena entre 8 y 12 años, al ex auditor Interno del ente de pensiones de los abogados, Héctor Rodolfo Andino. Mientras que se condenaría a entre 4 y 8 años de cautiverio a Pastor Valladares, Oscar Reinaldo Santos, Franciso Valladares y Rossel Euraque por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, en el grado de cómplices.
Los imputados fueron condenados por el desfalco de poco más de 30 milllones de lempiras, pero aún restan otras cinco líneas de investigación por el ilícito contra el ente de pensiones de los abogados, que alcanzaría una pérdida mayor a los 500 millones de lempiras.
La pena a los acusados será precisada en una nueva audiencia convocada para el 27 de septiembre.
El desfalco en el ente de pensiones de los abogados ocurrió presuntamente entre los años 2008 y 2012. El ex presidente del CAH, Oscar García, entre 2008 y 2010, falleció después de que fuera imputado.
La condena contra el ex presidente del CAH, entre 2010 y 2012 y el ex gerente y ex auditor y otras cinco personas imputadas como cómplices, ocurre cuando los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), buscan que en el Congreso Nacional les apruebe una ampliación de un decreto que permite que administren los fondos del ente de pensiones de los comunicadores, sin la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Los directivos del CPH encabezados por el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, pidieron al Congreso Nacional les apruebe una ampliación del decreto 59-2000, que excluye al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas.
El decreto de la impunidad, 59-2000 establece: “ARTICULO 1.- Interpretar los Artículos 2 y 64 del Decreto No. 190-85 del 30 de noviembre de 1985, conocida como “Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista”, en el sentido de que siendo un organismo de derecho público no estatal gremial si fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su Ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
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Ahora los dirigentes del CPH, en el proyecto de decreto presentado por el diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas, pretenden una ampliación para que el ente no pueda ser demandado en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pretendiendo bloquear juicios de afiliados en marcha que pondrían al descubierto el otorgamiento de pensiones en montos por debajo de lo que establece la ley del IPP.
El ente de pensiones de los periodistas, es el único que goza de este privilegio de ser excluido de la auditoría de órganos como la CNBS, inconstitucional al violar el artículo 60 de la constitución, que dice que en “Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.
OCULTAN DIRECTIVOS DE PERIODISTAS
Los directivos de los abogados, entre ellos el ex presidente, José María Díaz, pidieron la investigación en el Ministerio Público del desfalco de fondos en el ente de pensiones de los profesionales del derecho, mientras que en el de los periodistas, el ex presidente, Eduin Natividad Romero García y el presidente actual Dagoberto Rodríguez Coello, rechazan la auditoría de la CNBS y someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Las arbitrariedades, el despilfarro y desangramiento de fondos en el ente de pensiones de los periodistas han quedado al descubierto en casi 40 artículos de investigación publicados por CRITERIO, desde mediados del año 2015.
El ente de pensiones de los periodistas, es el único de los institutos de previsión que nunca ha sido auditado actualmente por la CNBS y en el pasado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH).
Los directivos del ente de pensiones, jefeados por Rodríguez Coello, se niegan a entregar información de las operaciones financieras y administrativas ha afiliados que la han solicitado, al grado que han presentado ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar lo pedido por resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los periodistas, directivos del CPH y del ente de pensiones, han gastado casi medio millón de lempiras pagando 30.000 lempiras por cada recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, recurso ante el IAIP, el pago de asesorías y consultorías de un ex fiscal del Ministerio Público, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un abogado y analista nacionalista, y dos abogados, uno de ellos de la plantilla de empleados del IPP, y una abogada que los representan en juicios en los tribunales.
“Es sintomático que los dirigentes del CPH prefieran gastar más de 500.000 lempiras en pagar abogados, por tal de no transparentar las operaciones del ente de pensiones de los periodistas. Lo más facil y menos costoso sería rendir cuentas, si es que no tienen situaciones financieras que quieran esconder”, dijo a CRITERIO el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del ente de pensión de los comunicadores.
