Tegucigalpa.- Con polémica se designó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) como la organización que estará a cargo de la secretaría técnica de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Después de que la Junta eligiera mediante sorteo a sus cargos directivos el 19 de septiembre, uno de los siguientes pasos representaba designar a un secretario técnico que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Junta Nominadora, no podrá tener voto en las decisiones que se adopten, pero sí estará obligado a observar la matriz de evaluación técnica.
Durante la reunión, que se desarrolló el miércoles y que se efectuó previo a la redacción del reglamento interno de la Junta Nominadora, se habían presentado dos propuestas: una la realizó el Cohep y la otra la sociedad civil.
Julissa Aguilar, representante suplente de los Claustros de Ciencias Jurídicas, presentó una moción para elegir la organización en la cual recaería la secretaría técnica, recibiendo la sociedad civil tres votos y el sector privado uno en primera instancia.
Sin embargo, bajo el argumento de no saber que estaban votando, la representación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de Blanca Izaguirre, solicitó que la votación se repitiera, y así ocurrió.
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Finalmente, la secretaría técnica recayó en el Cohep, organización que en procesos previos había ocupado la secretaría de la Junta Nominadora, ahora a cargo de las centrales obreras, cuya representante titular es María Elena Sabillón, a quien servirá de respaldo el secretario técnico que designe el Cohep.
La determinación de designar al Cohep fue respaldada por las siguientes representaciones: Cohep, Corte Suprema de Justicia, Claustros de Ciencias Jurídicas y Conadeh.
Asimismo, el pleno de la Junta Nominadora estableció dos secretarías técnicas adjuntas, una a cargo de la representación de la sociedad civil y otra a cargo de los Claustros de Ciencias Jurídicas.
Waldo Rivera, representante titular de los Claustros de Ciencias Jurídicas, basó su voto en la experiencia que el Cohep ha adquirido durante los tres procesos previos de nominación y elección, es decir, 2002-2006, 2008-2009 y 2015-2016.
«Mi razonamiento fue que el Cohep es una organización consolidada, mientras que sociedad civil tiene varias organizaciones, y para temas de presupuesto y equipo tienen que ponerse de acuerdo, mientras que el Cohep tiene su sede», dijo el también coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en declaraciones recogidas por Radio Progreso.
No obstante, la representante de la sociedad civil, Martha Dubón, lamentó la supuesta confusión por parte del Conadeh y arguyó que pudo responder a una simple distracción o, en el peor de los casos, a «una intención de distorsionar el proceso en algunas de las decisiones importantes dentro de la Junta Nominadora».
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«La verdad es que hay mucha distracción por parte de alguna de las organizaciones que formamos la Junta Nominadora, pero bajo justificaciones de responsabilidades en sus trabajos, cuando ya estábamos en la votación dijo que no sabía que estábamos votando», declaró también en entrevista recabada por la radioemisora citada.
LO QUE SIGUE
A más tardar el 14 de octubre, la Junta Nominadora, que ha efectuado reuniones a partir del 22 de septiembre, deberá publicar su reglamento interno en el diario oficial La Gaceta, y también deberá diseñar un cuestionario con las preguntas que le realizará a cada candidata o candidato durante las entrevistas públicas que efectuarán.
Posteriormente, realizará la convocatoria pública con el propósito de recibir las autopostulaciones de los profesionales del derecho que cuenten con un exequátur de notario y que aspiren a convertirse en magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030.
La Junta Nominadora abrirá un expediente para cada persona que se autopostule y, con base en ello, determinará si cumplen con los requisitos legales.
Una vez superado ese filtro, todos los autopostulantes pasarán a la fase de entrevistas públicas y se someterán a la matriz de evaluación, que puntuará criterios éticos, morales e idóneos.
A consecuencia de esa evaluación, los siete nominadores definirán quiénes cumplen con el mejor perfil para ser nominados ante el Congreso Nacional.
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora enviará al Legislativo una nómina con no menos de 45 candidatas y candidatos (23 mujeres y 22 hombres, en ese escenario).
El 25 de enero, los 128 diputados de las seis bancadas presentes en ese poder del Estado, con al menos 86 votos, elegirán a las y los 15 profesionales del derecho (como mínimo ocho mujeres) que ejercerán como magistradas y magistrados de la Corte.
Una vez instalada la Corte el 27 de enero, el pleno de magistradas y magistrados elegirá a un presidente, que vendrá a sustituir a Rolando Argueta.
Posterior a ello, el presidente o la presidenta de la Corte designará a las y a los cinco magistradas y magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras tres salas (Penal, Civil y Laboral) contarán, cada una, con tres togadas y togados.
