Tegucigalpa. Cuatro miembros de la Policía Nacional son los presuntamente involucrados en la muerte del barrista del Real España, Wilson Pérez Hernández, según informó la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV),  en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El caso Wilson Pérez como muchos otros en Honduras ha estado envuelto de anomalías y contradicciones por las autoridades competentes, la Policía Nacional ha manejado la versión que Pérez era integrante la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue abatido a disparos en un supuesto enfrentamiento contra los agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), pero sus familiares lo han negado todo.

Mediante un comunicado el MP reveló que “El dictamen de autopsia determinó que la causa de muerte de Wilson Ariel, fue por una herida por arma de fuego con laceración pulmonar derecha y hemotórax derecho, en donde se logró acreditar además que el arma de fuego encontrada, fijada y levantada en la escena del crimen por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) corresponde a una pistola, marca Girsan, serie T6368-11 G 00020, que fue hurtada por agentes de la FNAMP en fecha 16 de octubre de 2020 en operativo realizado en Quimistán, Santa Bárbara”.

En el caso de Pérez Hernández la policía ha querido limpiar su imagen de opresora que aún mantienen palpable, sin embargo, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, señaló a Criterio.hn que esta institución nunca ha pasado por un verdadero proceso de reforma, sino que el proceso de depuración policial fue un fracaso rotundo.

“Yo creo que es necesario exigir rendición de cuentas a quienes se prestaron para ese proceso que no ha servido para nada”, señaló.

Mejía es reiterativo en que la política de seguridad instalada el año 2003 lo único que tiene es un enfoque restrictivo y solo tiene participación represiva de la policía, ejército y el Poder Judicial, asimismo agregó que cuando los elementos policiales pasan a formar parte del escuadrón policial solo tienen tres opciones, callar y adaptarse, volverse corruptas o irse de la institución.

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El MP da cuenta que en las inspecciones practicadas se recolectaron dos casquillos metálicos cerca del lugar donde recibió el disparo Wilson Pérez y dos casquillos a inmediaciones donde se encontró el arma antes descrita y al ser comparadas balísticamente, el dictamen concluyó que estos casquillos fueron percutidos por el arma decomisada en 2020, desvirtuando la versión que hubo enfrentamiento o atentado en contra de la autoridad.

Asimismo, requirió a los elementos policiales presuntamente involucrados en la muerte violenta de Pérez Hernández ocurrida el pasado 31 de mayo del año en curso.

La Sección de Investigación de Muertes Cometidas por Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, Orden Público o Funcionarios del Estado de la FEDCV identificó al subcomisario de policía, Carlos Roberto Escobar Mejía por los delitos de asesinato, tortura, falsificación de documentos públicos y simulación de infracción inexistente y al subinspector de policía, Luis Armando Sauceda Santos, por el delito de encubrimiento de asesinato.

Igualmente, al agente de investigación Bayron Patricio Zelaya Gálvez por los delitos de encubrimiento de asesinato y encubrimiento de tortura y a la agente Chelssi Patricia Sandres Hernández por el delito de falsificación de documentos públicos (elaboración de reporte de una denuncia falsa).

Sobre la alteración de las escenas del crimen, en el caso de Wilson Pérez, Mejía manifestó que es una práctica sistemática utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado con el fin de justificar ejecuciones extrajudiciales, “nos deberíamos preguntar, cuántas veces la Policía Nacional modificó la escena del crimen para justificar ejecuciones extrajudiciales y qué pasa con los superiores jerárquicos”, cuestionó.

A juicio de Mejía mientras el MP no señale la responsabilidad penal que tienen los superiores jerárquicos de la institución policial posiblemente las cosas no cambiarán tan rápido como el pueblo hondureño quiere.

Estos casos no son nada nuevo para la sociedad hondureña, a menudo se ve a miembros de la seguridad del Estado involucrados en crímenes que en su mayoría quedan en la impunidad.

Un ejemplo claro es el de la joven Keyla Martínez quien perdió la vida sospechosamente mientras era “resguardada” en una posta policial donde perdió la vida a manos de elementos policiales.

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Misteriosamente después de 20 meses que los familiares y defensoras de derechos humanos han exigido por justicias hasta la fecha solo hay un policía llevando un proceso judicial.

La ONG Human Rights Watch (HRW) indicó en un informe de enero de 2022, que las instituciones estatales débiles y los abusos de las fuerzas de seguridad han contribuido a la perseverancia de la violencia de las pandillas y, además, señaló que existen reiteradas denuncias de colusión entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales.

El equipo de Criterio.hn solicitó entrevista con el portavoz de la extinta FNAMP, ahora Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Fu, quien en primera instancia respondió que estaba de vacaciones, pero que iba a ver como apoyaba.

Seguido de este menaje Fu respondió que este tema se aborda directamente con el MP, ya que la DIPAMPCO no se estaría refiriendo a resoluciones que ha tomado el Poder Judicial en torno a ese caso.