Por: Redacción CRITERIO
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Ante varias modificaciones a la Ley Marco de Protección Social, denunciadas por el sector empresarial y trabajadores, el Congreso Nacional, anunció este miércoles que en caso de constatar ese extremo se procederá a emitir una fe de erratas.
El prosecretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, justificó que en caso que haya cambios entre el dictamen y lo publicado en La Gaceta, fue porque la polémica ley generó innumerables opiniones durante los tres debates, especialmente en el tercero.
“Por artículo a veces pedían la palabra hasta quince o veinte compañeros y cada diputado daba su opinión, proponía, sugería algunos cambios, una nueva redacción y muchas de estas propuestas son aceptadas y esto nos lleva a modificaciones del dictamen”, apuntó Zambrano.
El parlamentario, dijo que los cambios que se pudieron haber originado entre el dictamen y la publicación en el diario oficial La Gaceta es algo legal y permitido por la ley.
“Si existiera un error involuntario por parte del Congreso en la publicación, lo que procede legalmente es una rectificación o corregirlo mediante una fe de erratas y tenemos la obligación de hacerlo”, sustentó.
Añadió que actualmente está revisando la ley y en caso de existir errores los mencionará y los explicará el próximo martes, para demostrar la transparencia, claridad y que no existe mala voluntad.
LA LEY NO TIENE VALIDEZ
Por su parte la diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Fatima Mena, manifestó que desde que el prosecretario del Congreso, Tomás Zambrano, anuncia una fe de erratas, la ley no tiene validez porque está viciada, pues se publicó algo que no es lo que se aprobó en el seno.
Asimismo que se debe nombrar una comisión multipartidaria para que analice en qué instancia del Estado, “si fue en el Congreso o en el Ejecutivo donde cambiaron lo que se aprobó aquí en el Congreso”.
Mena indicó que el viernes de la semana pasada solicitó el acta de ratificación y sorpresivamente “esa acta no existía” y su compañera de bancada, Ana Joselina Fortín, pese a ser miembro de la comisión de dictamen de la ley, nunca fue convocada, “entonces queremos saber quiénes fueron los que firmaron en la comisión de dictamen y cuáles fueron los cambios que aprobaron”, agregó.
Como profesional del derecho, concluyó que con lo sucedido “hubo una violación a la Constitución de la República y al proceso de promulgación de la ley, e incluso usurpación de funciones, porque no existe ningún otro poder que no sea el pleno del Congreso Nacional, la máxima autoridad para tomar decisiones de cómo hacer leyes.
El decreto 56-2015, que contiene Ley Marco de Protección Social y que consta de 61 artículos, fue publicada el pasado 20 de julio en el diario oficial La Gaceta y entrará en vigencia el próximo 4 de septiembre.
Los empresarios y representantes de las centrales obreras aseguran que la ley sufrió modificaciones porque su publicación es incongruente a lo que se debatió en el hemiciclo legislativo.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, aseguró la semana anterior que con la versión publicada en La Gaceta, hay problemas con los techos, una zona gris entre el pilar colectivo y personal, el cual no está muy claro porque se cambió la redacción; “no nos sentimos burlados, pueden ser errores involuntarios que hayan salido”, sostuvo.
Por su parte el ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, cuestionó que el gobierno no respetó el consenso entre las otras partes -empresarios y obreros-, quienes han quedado “sin voz”.
